irregularidades en Traumatología del hospital de Angol rebela posibles implicancias penales

Angol, 10 de Mayo de 2025.

La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado una investigación especial en el Hospital de Angol, Región de La Araucanía, tras recibir múltiples denuncias por presuntas irregularidades en la especialidad de Traumatología. El informe N° 903/2025 reveló que, de 736 prestaciones médicas registradas en el sistema de Pabellón, 480 (65%) fueron asignadas a solo dos médicos, sin que se hayan entregado antecedentes que justifiquen tal concentración de procedimientos. Además, se detectó que algunos anestesiólogos participaron en varias prestaciones de salud institucionales y distintos pabellones quirúrgicos de forma simultánea durante 2023. 

Ante estos hallazgos, la CGR ha iniciado un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades y remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

 Otros hallazgos 

El informe también señala que el hospital carece de un instructivo que regule y describa las etapas para la contratación de servicios de cirugías encomendados a terceros. Además, no se elaboran reportes de monitoreo y seguimiento sobre el uso de pabellones quirúrgicos por especialidad médica, lo que impide evaluar la eficacia y eficiencia del proceso de programación y ejecución de cirugías. Se constató que las especialidades de Traumatología, Otorrinolaringología y Cirugía Vascular están por debajo del promedio nacional de ocupación y productividad. 

En cuanto a la programación y ejecución de intervenciones quirúrgicas de Traumatología, se observó que algunos días de agosto de 2023 las primeras cirugías se programaron después de las 8:00 horas, a pesar de que el funcionamiento de los pabellones es desde las 8:00 hasta las 17:00, dejando sin uso estos espacios por lapsos de entre 90 a 119 minutos.

Asimismo, se advirtió que en dos licitaciones públicas para la contratación de servicios de cirugías de urgencia traumatológicas y de prótesis de cadera, el hospital no realizó un análisis sobre la producción quirúrgica que permitiera determinar y respaldar las brechas existentes entre la capacidad operativa interna y la demanda de procedimientos, sin justificar la necesidad de cubrir ciertos trabajos a través de la compra de servicios.

Finalmente, la CGR constató que, al revisar informes de la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud del hospital respecto de las intervenciones de prótesis de cadera, dos pacientes presentaron infecciones asociadas a la atención de salud entre febrero y abril de 2024, superando el umbral de referencia de 1,8 definido por el Ministerio de Salud. 

Posibles implicancias penales 

Los antecedentes recopilados podrían configurar diversos delitos contemplados en el Código Penal chileno. Por ejemplo, la asignación injustificada de un alto número de prestaciones médicas a solo dos médicos podría constituir el delito de fraude al fisco, tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona al empleado público que, en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, originándole pérdida o privándole de un lucro legítimo.

Además, la participación simultánea de anestesiólogos en múltiples procedimientos podría implicar la falsificación de documentos públicos, delito contemplado en el artículo 193 del Código Penal, que sanciona a quien, con perjuicio de tercero, cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en dicho artículo. 

La falta de justificación en la contratación de servicios externos y la omisión de análisis sobre la producción quirúrgica podrían también ser consideradas como actos de negligencia o malversación de caudales públicos, dependiendo de la intencionalidad y el perjuicio causado al erario fiscal. 

El Ministerio Público será el encargado de determinar si los hechos constituyen delitos y, en su caso, formalizar a los responsables. Mientras tanto la situación en el Hospital de Angol que se suma a los antecedentes anteriores de los últimos meses, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las instituciones públicas de salud, para garantizar una gestión eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía.