Luego de que en la víspera el Gobierno confirmó que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta puso término a los tres convenios que mantenía con Democracia Viva, por un total de 426 millones de pesos, la repartición determinó que la fundación deberá devolver el 92% de esas platas a las arcas fiscales. 

El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo ayer que la Seremi dictó el último lunes, 10 de julio, la resolución que dio por finalizados anticipadamente los contratos -que fueron el origen del caso convenios-, y que además ordenó la liquidación del contrato y la restitución de los dineros. 

Hecha la liquidación, Democracia Viva tendrá que devolver 391.768.516 pesos, que corresponden al 92% de los fondos transferidos por los convenios: "A la fecha, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total", detalló el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS). 

En ese marco, recordó, "el 21 de junio, a los pocos días de conocerse este caso, públicamente solicité a la fundación poner fin al convenio y que restituyera los dineros asignados, porque necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos". 

A partir de ahora, la ONG, representada legalmente por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democracia y expareja de la diputada Catalina Pérez, tiene un plazo de 30 días para concretar el reintegro de las platas fiscales. 

"Estos hechos deben ser investigados, porque dañan a la fe pública y enlodan a personas e instituciones. Por eso hemos entregado todos los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría, para aclarar estas situaciones e implementar las medidas suficientes para evitar que se repitan", enfatizó Montes.