Más de 2000 funcionarios y funcionarias del Servicio de Gobierno Interior se encuentran en una movilización progresiva en todo el país, exigiendo mejoras en el trato y las condiciones laborales. La movilización, coordinada por más de 40 asociaciones de base de distintas delegaciones presidenciales regionales y provinciales, busca poner fin al maltrato en el servicio de gobierno interior y demanda respeto a los tiempos de tramitación de denuncias vía protocolo MALS en las distintas etapas del mismo.
Entre los puntos exigidos se encuentra la implementación de sumarios e investigaciones sumarias en los tiempos definidos en MALS, un acuerdo de mejora de grados que privilegie la antigüedad y la equidad, la renovación total del equipamiento informático de las unidades territoriales del servicio, y un plan de reparación, mejora y reemplazo de la infraestructura de las unidades territoriales.
Además, los funcionarios y funcionarias demandan la implementación de un decreto con fuerza de ley que regule la planta SGI, permitiendo al personal administrativo alcanzar el grado 10 y eliminando el requisito en el estamento profesional que establece que para acceder a ciertos grados se deba contar con el título de abogado. También exigen la creación formal del Ministerio de Seguridad Pública, con indicaciones que fortalezcan y alineen al servicio de gobierno interior con las nuevas funciones del ministerio del interior.
La movilización, que se encuentra en coordinación a nivel nacional, no descarta la posibilidad de un paro como medida a considerar en caso de no obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.
