La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de seis Gobiernos Regionales, como son los de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes y La Araucanía entre enero y septiembre de 2024. La entidad detectó múltiples irregularidades en el Gobierno de nuestra región durante una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2024. Entre ellas, se constató la contratación directa de la empresa Ananda Comunicaciones SpA. por $49.980.000 para un servicio que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. Además, se identificó un trato directo injustificado con la empresa Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672, sin respaldo del valor pagado. También se autorizó la contratación directa de Asesorías Silva y Compañía Limitada por 400 UF para la defensa institucional, de la cual solo se ha recibido un informe de cuatro comprometidos, sin aplicación de multas por retraso. La Contraloría formulará reparos y se instruirán las acciones correspondientes. Toda esta situación genera una sensación de incertidumbre y muchas dudas sobre el uso de recursos públicos en tiempos de campañas políticas, razón por la que la contraloría no descarta iniciar investigaciones en los municipios del país respecto a las alecciones también del 2024.
El Gobierno anunció la semana pasada que en los próximos días ingresará al Congreso el proyecto de ley de aborto legal, una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, lo que generó reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. La idea principal de la iniciativa es que las mujeres puedan someterse a dicho procedimiento de manera oportuna en los centros de salud. Lo más visto ahora Grave accidente en la Ruta 5 Sur: Al menos dos muertos deja volcamiento de bus de dos pisos en San Fernando ¿Qué opinan los candidatos oficialistas sobre el proyecto de ley de aborto legal? En la mañana de este lunes, los cuatro candidatos que participarán en las primarias del oficialismo, Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet, debatieron en Radio ADN sobre varios temas, entre ellos, el proyecto de ley de aborto legal. Lluvia en Santiago: Revisa cuánto lloverá y hasta qué hora se mantendrán las precipitaciones Un compromiso que tengo como candidata es que nuestra propuesta de Gobierno no vamos a retroceder en ningún tema de la mujer. Es importante que se dé este debate y se legisle en esta materia, y veremos cómo actúan las mayorías parlamentarias. - exministra del Interior Soy el único parlamentario oficialista que está en contra del aborto libre o despenalización del aborto. Yo soy partidario de las tres causales. - Jaime Mulet Sobre al anuncio del Gobierno, Mulet indicó que 'no es la oportunidad. Me hubiera gustado que cumplan el compromiso... ¿Qué dijeron Jara y Winter? Hoy día se quiere dar un avance en aborto legal... ese debate a mí me hubiera gustado... - Jeannette Jara (PC) Plantear que este tema no existe... El Frente Amplio sí va a estar a favor... - Gonzalo Winter Todos los detalles sobre Ley de aborto. Fuente: Meganoticias
Chile, 16 de mayo de 2025. La reciente reacción del Frente Amplio ante las investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el caso Convenios —que involucra traspasos de fondos públicos a fundaciones vinculadas a militantes oficialistas — ha mostrado un patrón preocupantemente familiar. El sector que alguna vez prometió renovar la política y desterrar las malas prácticas, hoy parece repetir el libreto que antes criticó con vehemencia: victimización, acusaciones de persecución política, denuncias por filtraciones a la prensa y desacreditación del trabajo de fiscales. Lo mismo ocurrió con la UDI durante el caso Penta, cuando el fiscal Carlos Gajardo destapó una trama de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín. En ese entonces, la estrategia fue clara: desviar la atención, denunciar intenciones políticas detrás de las investigaciones y finalmente, con presión política y mediática, debilitar al equipo persecutor. Lo mismo sucedió con el caso Corpesca, cuando la fiscal Ximena Chong investigó a políticos —como el exsenador Jaime Orpis— por cohecho y fraude al fisco en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca. Ahora, el Frente Amplio parece seguir esa misma senda. A la ya clásica denuncia de “persecución política” se suma una acusación inédita: supuestos actos de espionaje político por parte de la Fiscalía. Una denuncia grave, sin evidencia contundente, que en vez de esclarecer, busca sembrar dudas sobre las instituciones encargadas de fiscalizar el poder. Sobre su posible participación y el uso de estos recursos para su campaña electoral el Presidente de la República Gabriel Boric fue categórico en decir que su opinión era la misma que frente a otros casoshay que dejar que las instituciones funcionen así como también dijono voy a acusar ningún tipo de persecución. Pero este no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de un sector. El caso SQM, que afectó tanto a figuras de derecha como de la antigua Concertación, demostró que el financiamiento ilegal cruzaba todos los colores políticos. En Cabal, el escándalo golpeó al círculo cercano de la expresidenta Michelle Bachelet. En el caso Dominga, se revelaron conflictos de interés vinculados al expresidente Sebastián Piñera. Y más recientemente, el escándalo de los audios de Hermosilla, junto a las denuncias por tratos privilegiados en Fundaciones como Democracia Viva y Pro Cultura, involucran redes políticas, empresariales y operadores judiciales. La estrategia de los partidos, sean del lado que sean, suele ser la misma: cuando el caso afecta a adversarios, se exige justicia; cuando toca a los propios, se recurre a maniobras de distracción, cuestionamiento a las instituciones y victimización. Es un juego peligroso que busca transformar investigaciones por corrupción en disputas ideológicas, desviando el foco de lo verdaderamente importante: los hechos, la evidencia y la rendición de cuentas. Este tipo de actitudes daña gravemente la confianza ciudadana. No se trata de izquierda contra derecha, sino de delito versus estado. Y es fundamental comprender que los fiscales y jueces pueden pueden ser erráticos, pero existen mecanismos institucionales propios de la división de los poderes del estado para corregir abusos: recursos ante jueces de garantía, tribunales superiores y controles administrativos. Lo que no corresponde es que los investigados —desde cualquier sector— usen su poder para intimidar, presionar o desacreditar a quienes cumplen con su labor de fiscalizar. Esto es un dejavu, ya lo habíamos visto, la derecha y la izquierda ya nos enseñaron como, debilitando investigaciones incómodas y blindando a sus figuras clave. Hoy, el Frente Amplio, al recurrir a las mismas estrategias, está traicionando las promesas que lo llevaron al poder. Combatir la corrupción exige coherencia, valentía y compromiso con la verdad. No basta con exigir transparencia ajena; también hay que estar dispuesto a asumir responsabilidades propias. La ciudadanía no necesita más relatos partidistas ni más peleas entre bloques. Necesita instituciones fuertes, justicia imparcial y una clase política que esté a la altura de las exigencias democráticas. Porque, al final del día, la corrupción no distingue ideologías. Pensar que un sector es inherentemente probo y otro intrínsecamente corrupto es una ingenuidad peligrosa que solo beneficia a los sinvergüenzas vengan del bando que vengan y eso incluye a quienes se pintan como independientes. ¿O tenemos que recordar los famosos procesos constituyentes?.
Serán 35.361 patrocinios los que deberá reunir Diego Ancalao para ser parte de la lista de candidatos oficiales a la Presidencia de la República para las elecciones de noviembre de este año, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 11 de la Ley N° 18.700. Esto porque los patrocinios son requisito para aquellos candidatos independientes que participan de forma individual y no están asociados a ningún partido político, ni integran pacto electoral alguno para las Elecciones Generales de Presidente de la República y Parlamentarias 2025 en el mes de noviembre. El ex dirigente estudiantil y profesor, actualmente bajo arresto domiciliario en el marco del caso Convenios -arista Kimün-, buscará por segunda vez inscribir su postulación como candidato independiente a La Moneda. En una entrevista realizada en el programa Efecto Matinal de Teleangol, adelantó que estaba considerando esta posibilidad y ahora ha hecho efectiva su inscripción en la página web del Servicio Electoral (Servel), donde deberá trabajar para conseguir los patrocinios necesarios que le permitan oficializar su candidatura y así poder competir por la presidencia de Chile. Ancalao propone indultar a Héctor Llaitul, Luis Tranamil y a todo aquel que se le haya hecho un juicio político como uno de sus ejes de campaña donde argumenta Yo quiero ser candidato porque este país adolece de heridas profundas e históricas, que la política ha decidido ocultar, por eso lo primero que yo haría es buscar todas las vías institucionales necesarias para que las primeras naciones que estaban aquí miles de años antes que se constituyera el estado, gocen de autonomía y libre determinación, basados en un nuevo pacto entre el pueblo de Chile y los pueblos originarios. Argumenta haber sido victima de persecución política donde dice yo mismo lo he vivido. Sobre todo que hoy día el ministerio público funciona como brazo político ejecutor de ciertos sectores que hablan de democracia pero que tiene cooptado el poder judicial.Soy una de las personas que esta aburrido de la silla musical, que tienen desde los republicanos hasta el partido comunista, que se critican el viernes pero el domingo están juntos en misa. Ancalao manifiesta la necesidad de refundar el ministerio público , manifestando su intención de recuperar la legitimidad que el poder judicial requiere, que no es solo resorte del presidente de turno . Hasta el cierre de esta edición la cantidad de personas que buscan ser candidatos a presidente de la república son 395 quienes han ingresado sus antecedentes en el portal del Servel.
Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incorpora al Presidente de la República en el listado de autoridades sujetas a control de consumo de drogas. Sin embargo, debido a una indicación presentada, la iniciativa volvió a la comisión de Gobierno y Interior. La moción parlamentaria recibió un respaldo mayoritario con 99 votos a favor. Solo las diputadas del Frente Amplio, Lorena Fries y Maite Orsini, votaron en contra, mientras que otros 12 diputados del FA, PS y PC optaron por abstenerse. La propuesta fue impulsada por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (Ind.). El proyecto establece que no podrá ser Presidente de la República ni ocupar cargos como ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios, directivos superiores de la administración del Estado, delegados presidenciales regionales o provinciales, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, quien tenga dependencia de sustancias ilegales, a menos que justifique su consumo por motivos médicos. Además, se ordena realizar pruebas al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo y los resultados serán públicos. La discusión sobre este tema continuará en la comisión correspondiente antes de pasar nuevamente al pleno para su votación definitiva.
La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de seis Gobiernos Regionales, como son los de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes y La Araucanía entre enero y septiembre de 2024. La entidad detectó múltiples irregularidades en el Gobierno de nuestra región durante una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2024. Entre ellas, se constató la contratación directa de la empresa Ananda Comunicaciones SpA. por $49.980.000 para un servicio que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. Además, se identificó un trato directo injustificado con la empresa Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672, sin respaldo del valor pagado. También se autorizó la contratación directa de Asesorías Silva y Compañía Limitada por 400 UF para la defensa institucional, de la cual solo se ha recibido un informe de cuatro comprometidos, sin aplicación de multas por retraso. La Contraloría formulará reparos y se instruirán las acciones correspondientes. Toda esta situación genera una sensación de incertidumbre y muchas dudas sobre el uso de recursos públicos en tiempos de campañas políticas, razón por la que la contraloría no descarta iniciar investigaciones en los municipios del país respecto a las alecciones también del 2024.
El Gobierno anunció la semana pasada que en los próximos días ingresará al Congreso el proyecto de ley de aborto legal, una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, lo que generó reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. La idea principal de la iniciativa es que las mujeres puedan someterse a dicho procedimiento de manera oportuna en los centros de salud. Lo más visto ahora Grave accidente en la Ruta 5 Sur: Al menos dos muertos deja volcamiento de bus de dos pisos en San Fernando ¿Qué opinan los candidatos oficialistas sobre el proyecto de ley de aborto legal? En la mañana de este lunes, los cuatro candidatos que participarán en las primarias del oficialismo, Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet, debatieron en Radio ADN sobre varios temas, entre ellos, el proyecto de ley de aborto legal. Lluvia en Santiago: Revisa cuánto lloverá y hasta qué hora se mantendrán las precipitaciones Un compromiso que tengo como candidata es que nuestra propuesta de Gobierno no vamos a retroceder en ningún tema de la mujer. Es importante que se dé este debate y se legisle en esta materia, y veremos cómo actúan las mayorías parlamentarias. - exministra del Interior Soy el único parlamentario oficialista que está en contra del aborto libre o despenalización del aborto. Yo soy partidario de las tres causales. - Jaime Mulet Sobre al anuncio del Gobierno, Mulet indicó que 'no es la oportunidad. Me hubiera gustado que cumplan el compromiso... ¿Qué dijeron Jara y Winter? Hoy día se quiere dar un avance en aborto legal... ese debate a mí me hubiera gustado... - Jeannette Jara (PC) Plantear que este tema no existe... El Frente Amplio sí va a estar a favor... - Gonzalo Winter Todos los detalles sobre Ley de aborto. Fuente: Meganoticias
Chile, 16 de mayo de 2025. La reciente reacción del Frente Amplio ante las investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el caso Convenios —que involucra traspasos de fondos públicos a fundaciones vinculadas a militantes oficialistas — ha mostrado un patrón preocupantemente familiar. El sector que alguna vez prometió renovar la política y desterrar las malas prácticas, hoy parece repetir el libreto que antes criticó con vehemencia: victimización, acusaciones de persecución política, denuncias por filtraciones a la prensa y desacreditación del trabajo de fiscales. Lo mismo ocurrió con la UDI durante el caso Penta, cuando el fiscal Carlos Gajardo destapó una trama de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín. En ese entonces, la estrategia fue clara: desviar la atención, denunciar intenciones políticas detrás de las investigaciones y finalmente, con presión política y mediática, debilitar al equipo persecutor. Lo mismo sucedió con el caso Corpesca, cuando la fiscal Ximena Chong investigó a políticos —como el exsenador Jaime Orpis— por cohecho y fraude al fisco en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca. Ahora, el Frente Amplio parece seguir esa misma senda. A la ya clásica denuncia de “persecución política” se suma una acusación inédita: supuestos actos de espionaje político por parte de la Fiscalía. Una denuncia grave, sin evidencia contundente, que en vez de esclarecer, busca sembrar dudas sobre las instituciones encargadas de fiscalizar el poder. Sobre su posible participación y el uso de estos recursos para su campaña electoral el Presidente de la República Gabriel Boric fue categórico en decir que su opinión era la misma que frente a otros casoshay que dejar que las instituciones funcionen así como también dijono voy a acusar ningún tipo de persecución. Pero este no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de un sector. El caso SQM, que afectó tanto a figuras de derecha como de la antigua Concertación, demostró que el financiamiento ilegal cruzaba todos los colores políticos. En Cabal, el escándalo golpeó al círculo cercano de la expresidenta Michelle Bachelet. En el caso Dominga, se revelaron conflictos de interés vinculados al expresidente Sebastián Piñera. Y más recientemente, el escándalo de los audios de Hermosilla, junto a las denuncias por tratos privilegiados en Fundaciones como Democracia Viva y Pro Cultura, involucran redes políticas, empresariales y operadores judiciales. La estrategia de los partidos, sean del lado que sean, suele ser la misma: cuando el caso afecta a adversarios, se exige justicia; cuando toca a los propios, se recurre a maniobras de distracción, cuestionamiento a las instituciones y victimización. Es un juego peligroso que busca transformar investigaciones por corrupción en disputas ideológicas, desviando el foco de lo verdaderamente importante: los hechos, la evidencia y la rendición de cuentas. Este tipo de actitudes daña gravemente la confianza ciudadana. No se trata de izquierda contra derecha, sino de delito versus estado. Y es fundamental comprender que los fiscales y jueces pueden pueden ser erráticos, pero existen mecanismos institucionales propios de la división de los poderes del estado para corregir abusos: recursos ante jueces de garantía, tribunales superiores y controles administrativos. Lo que no corresponde es que los investigados —desde cualquier sector— usen su poder para intimidar, presionar o desacreditar a quienes cumplen con su labor de fiscalizar. Esto es un dejavu, ya lo habíamos visto, la derecha y la izquierda ya nos enseñaron como, debilitando investigaciones incómodas y blindando a sus figuras clave. Hoy, el Frente Amplio, al recurrir a las mismas estrategias, está traicionando las promesas que lo llevaron al poder. Combatir la corrupción exige coherencia, valentía y compromiso con la verdad. No basta con exigir transparencia ajena; también hay que estar dispuesto a asumir responsabilidades propias. La ciudadanía no necesita más relatos partidistas ni más peleas entre bloques. Necesita instituciones fuertes, justicia imparcial y una clase política que esté a la altura de las exigencias democráticas. Porque, al final del día, la corrupción no distingue ideologías. Pensar que un sector es inherentemente probo y otro intrínsecamente corrupto es una ingenuidad peligrosa que solo beneficia a los sinvergüenzas vengan del bando que vengan y eso incluye a quienes se pintan como independientes. ¿O tenemos que recordar los famosos procesos constituyentes?.
Serán 35.361 patrocinios los que deberá reunir Diego Ancalao para ser parte de la lista de candidatos oficiales a la Presidencia de la República para las elecciones de noviembre de este año, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 11 de la Ley N° 18.700. Esto porque los patrocinios son requisito para aquellos candidatos independientes que participan de forma individual y no están asociados a ningún partido político, ni integran pacto electoral alguno para las Elecciones Generales de Presidente de la República y Parlamentarias 2025 en el mes de noviembre. El ex dirigente estudiantil y profesor, actualmente bajo arresto domiciliario en el marco del caso Convenios -arista Kimün-, buscará por segunda vez inscribir su postulación como candidato independiente a La Moneda. En una entrevista realizada en el programa Efecto Matinal de Teleangol, adelantó que estaba considerando esta posibilidad y ahora ha hecho efectiva su inscripción en la página web del Servicio Electoral (Servel), donde deberá trabajar para conseguir los patrocinios necesarios que le permitan oficializar su candidatura y así poder competir por la presidencia de Chile. Ancalao propone indultar a Héctor Llaitul, Luis Tranamil y a todo aquel que se le haya hecho un juicio político como uno de sus ejes de campaña donde argumenta Yo quiero ser candidato porque este país adolece de heridas profundas e históricas, que la política ha decidido ocultar, por eso lo primero que yo haría es buscar todas las vías institucionales necesarias para que las primeras naciones que estaban aquí miles de años antes que se constituyera el estado, gocen de autonomía y libre determinación, basados en un nuevo pacto entre el pueblo de Chile y los pueblos originarios. Argumenta haber sido victima de persecución política donde dice yo mismo lo he vivido. Sobre todo que hoy día el ministerio público funciona como brazo político ejecutor de ciertos sectores que hablan de democracia pero que tiene cooptado el poder judicial.Soy una de las personas que esta aburrido de la silla musical, que tienen desde los republicanos hasta el partido comunista, que se critican el viernes pero el domingo están juntos en misa. Ancalao manifiesta la necesidad de refundar el ministerio público , manifestando su intención de recuperar la legitimidad que el poder judicial requiere, que no es solo resorte del presidente de turno . Hasta el cierre de esta edición la cantidad de personas que buscan ser candidatos a presidente de la república son 395 quienes han ingresado sus antecedentes en el portal del Servel.
Esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que incorpora al Presidente de la República en el listado de autoridades sujetas a control de consumo de drogas. Sin embargo, debido a una indicación presentada, la iniciativa volvió a la comisión de Gobierno y Interior. La moción parlamentaria recibió un respaldo mayoritario con 99 votos a favor. Solo las diputadas del Frente Amplio, Lorena Fries y Maite Orsini, votaron en contra, mientras que otros 12 diputados del FA, PS y PC optaron por abstenerse. La propuesta fue impulsada por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (Ind.). El proyecto establece que no podrá ser Presidente de la República ni ocupar cargos como ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios, directivos superiores de la administración del Estado, delegados presidenciales regionales o provinciales, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, quien tenga dependencia de sustancias ilegales, a menos que justifique su consumo por motivos médicos. Además, se ordena realizar pruebas al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo y los resultados serán públicos. La discusión sobre este tema continuará en la comisión correspondiente antes de pasar nuevamente al pleno para su votación definitiva.
