En el marco de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), la contralora Dorothy Pérez, representante de la Contraloría, compartió detalles sobre las fiscalizaciones realizadas en el aparato público en los últimos meses. Durante su exposición, Pérez destacó la detección de masivas irregularidades y situaciones de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. En relación a este tema, la contralora enfatizó que creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias. Asimismo, hizo hincapié en que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. Además, Pérez resaltó el papel fundamental que jugaron los propios funcionarios honestos en el proceso de fiscalización. Según sus palabras, muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos. La contralora concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, destacando la importancia de garantizar la integridad en el desempeño laboral. Sus declaraciones fueron parte del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), donde se abordaron diversos temas relacionados con la gestión empresarial y gubernamental. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría reveló este martes un nuevo caso de mal uso de licencias médicas en Chile, donde 13.286 funcionarios públicos fueron descubiertos asistiendo a casinos durante su ausencia laboral por motivos de salud en el período 2023-2024. Estas irregularidades fueron expuestas en el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo, que cruzó datos proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según el informe, se otorgaron un total de 5.235.890 licencias médicas a servidores públicos durante el período analizado, mientras que la SCJ informó que hubo 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a casinos en ese lapso. Las 13.286 personas bajo investigación presentaron un total de 14.599 licencias médicas, y se identificó que 1.486 de ellos viajaron fuera del país mientras estaban con permiso laboral por motivos de salud en mayo pasado. El análisis realizado por la Contraloría reveló que se registraron 14.923 asistencias a casinos con el mal uso de licencias, siendo los recintos ubicados en O’Higgins, Biobío y Valparaíso los más visitados. Las licencias médicas cuyos titulares no respetaron el periodo de reposo se distribuyen en 799 entidades, destacando las municipalidades con un 30% y hospitales y servicios de salud con un 29%. Entre las entidades con mayor incidencia se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, Servicio de Salud de Concepción, Servicio de Salud de O’Higgins, Corporación Nacional del Cobre y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. La Contraloría anunció que notificará a las instituciones mencionadas para iniciar procedimientos disciplinarios correspondientes, y enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Además, la información fue remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Fuente: Meganoticias
La Contraloría General de la República (CGR) envió un oficio a 232 municipalidades del país solicitando antecedentes sobre la aplicación de descuentos en los sueldos de profesores que hayan dejado de cumplir sus funciones al sumarse a paralizaciones. Esta medida se suma a una acción similar dirigida la semana pasada a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El organismo fiscalizador recordó en el documento que las entidades que forman parte de la Administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público; de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua, como también velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Además, reiteró lo establecido en el dictamen N° 52.122 de 2009, el cual señala que la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia. Desde el Colegio de Profesores de Angol, intentamos tomar contacto con presidenta Sonia Ramírez, pero lamentablemente su teléfono estuvo inhabilitado para recibir llamadas. Por otra parte los apoderados tienen opiniones encontradas con la medida, así lo expresa la presidenta del centro de padres del Colegio Aragón Gemita Martínez Aguilera quien se pone en el lugar de los estudiantes y de los profesores. En línea con esto, la CGR solicitó a las municipalidades que detallen las acciones que han tomado para garantizar la continuidad del servicio durante las movilizaciones, así como las gestiones efectuadas para concretar los descuentos correspondientes. También deberán informar sobre cualquier otra medida implementada frente a esta situación. solicita La solicitud fue realizada por la División de Fiscalización del ente, que aseguró tener conocimiento de recientes paralizaciones protagonizadas por trabajadores de los SLEP. En el marco de sus atribuciones, la Contraloría reiteró que se requiere a esas entidades que informen acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación. lota
En un comunicado, Iván Mendoza entregó detalles de lo ocurrido, afirmando que “en mis más de 20 años de ejercicio, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis”. Este lunes, el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, renunció a su cargo debido a su “ eventual inclusión ” en la polémica por las licencias médicas fraudulentas. Esto luego de que un informe de Contraloría alertara que, entre los años 2023 y 2024, 25.078 trabajadores viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas. Según el reporte, citando datos de la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el permiso de reposo. En un comunicado, Mendoza dijo que tomó “la decisión de renunciar voluntariamente a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias”. El ahora exdirigente sostuvo que decidió dar un paso al costado “ ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”. Lee también: Sebastián Aguirre y polémica por licencias falsas: “Un Estado debilitado por la corrupción es…” Además, entregó detalles de lo sucedido: “Quiero explicar los hechos con total claridad. En octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada”. El paso fue reabierto el 31 y ese mismo día ingresé a Chile cursando una enfermedad aguda. El 1°de noviembre como era feriado guardé reposo en mi casa y al día siguiente en contexto atención me indican una licencia médica desde el 31 octubre. Por lo tanto, n o me encontraba con licencia médica mientras estaba vacaciones fuera del país. Recalcó se trata superposición fechas corresponderá aclara instancias correspondientes, asegurando en mis más veinte años ejercicio, nunca incurrido prácticas contrarias lex artis. Siempre actuado apego principios éticos profundo compromiso pacientes profesión salud pública.” Fuente: CNN Chile País
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, participó como expositora en el Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas AMUCH 2025, convocatoria a la que fueron invitados todos los alcaldes y alcaldesas de Chile, instancia donde estuvo presente el alcalde Enrique Neira. En el lugar se abordó el papel de la Contraloría en el ámbito municipal y los principales desafíos que enfrentan las autoridades locales en materia de control y fiscalización. Durante su intervención, la Contralora inició su exposición destacando cómo la función jurídica de la CGR incide directamente en las atribuciones y actuaciones de los municipios. A modo de ejemplo, citó un dictamen relativo a las “farmacias populares”, señalando que dicha prestación no cuenta con autorización legal. Asimismo, recordó la reciente emisión del instructivo vinculado al proceso electoral de 2025. Frente a cerca de un centenar de alcaldes y alcaldesas, Pérez abordó una de las principales preocupaciones de la institución: el uso de recursos en periodo electoral. Compartió los resultados de 32 auditorías que revelaron reiteradas observaciones, tales como gastos injustificados en celebraciones como el Día de la Madre, participación de funcionarios municipales en actividades proselitistas durante horario laboral, entrega de beneficios sin respaldo adecuado y uso irregular de vehículos fiscales, entre otros hallazgos. En este contexto, subrayó que “todos los años encontramos lo mismo”, y fue enfática en su llamado a la acción: “Tenemos que cambiar, porque de lo contrario, la ciudadanía sigue con su percepción y su desconfianza”. En línea con esa preocupación ciudadana, la Contralora presentó resultados de la Encuesta Nacional “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, aplicada en 2024 y respondida por más de 6 mil personas. El sondeo reveló que un 91,5% de los encuestados considera al ámbito municipal como el más vulnerable a la corrupción. Otro de los ejes de su presentación fue la introducción del nuevo producto institucional de la CGR: el Consolidado de Información Circularizada (CIC). Este instrumento permite obtener, en menor tiempo que una auditoría tradicional, una visión panorámica sobre determinadas áreas de gestión pública. Entre los temas ya abordados mediante CIC, mencionó el cumplimiento municipal respecto al Royalty y el estado de las unidades de control interno en los municipios. Sobre este último punto, advirtió que algunos gobiernos locales asignan escasos recursos humanos a la auditoría interna, lo que representa un riesgo significativo. Antes de finalizar, la Contralora presentó diversas plataformas digitales creadas para fortalecer la labor municipal y enfatizó que la Contraloría continuará fiscalizando con rigurosidad el cumplimiento normativo de todos los organismos públicos. En particular, puso el foco en problemáticas como el manejo de chatarrerías —relacionadas con el robo de cables— y la instalación de laboratorios para sustancias precursoras. En su cierre, Dorothy Pérez hizo un llamado a los gobiernos locales a colaborar activamente en el control de estos fenómenos delictivos, señalando: “Los municipios también pueden hacer una contribución en esta materia”. Finalmente, instó a avanzar hacia un Sistema Nacional de Control más articulado, que permita una fiscalización interinstitucional más eficiente y robusta.
En el marco de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), la contralora Dorothy Pérez, representante de la Contraloría, compartió detalles sobre las fiscalizaciones realizadas en el aparato público en los últimos meses. Durante su exposición, Pérez destacó la detección de masivas irregularidades y situaciones de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. En relación a este tema, la contralora enfatizó que creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias. Asimismo, hizo hincapié en que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. Además, Pérez resaltó el papel fundamental que jugaron los propios funcionarios honestos en el proceso de fiscalización. Según sus palabras, muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos. La contralora concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, destacando la importancia de garantizar la integridad en el desempeño laboral. Sus declaraciones fueron parte del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), donde se abordaron diversos temas relacionados con la gestión empresarial y gubernamental. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría reveló este martes un nuevo caso de mal uso de licencias médicas en Chile, donde 13.286 funcionarios públicos fueron descubiertos asistiendo a casinos durante su ausencia laboral por motivos de salud en el período 2023-2024. Estas irregularidades fueron expuestas en el último Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo, que cruzó datos proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Según el informe, se otorgaron un total de 5.235.890 licencias médicas a servidores públicos durante el período analizado, mientras que la SCJ informó que hubo 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a casinos en ese lapso. Las 13.286 personas bajo investigación presentaron un total de 14.599 licencias médicas, y se identificó que 1.486 de ellos viajaron fuera del país mientras estaban con permiso laboral por motivos de salud en mayo pasado. El análisis realizado por la Contraloría reveló que se registraron 14.923 asistencias a casinos con el mal uso de licencias, siendo los recintos ubicados en O’Higgins, Biobío y Valparaíso los más visitados. Las licencias médicas cuyos titulares no respetaron el periodo de reposo se distribuyen en 799 entidades, destacando las municipalidades con un 30% y hospitales y servicios de salud con un 29%. Entre las entidades con mayor incidencia se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, Servicio de Salud de Concepción, Servicio de Salud de O’Higgins, Corporación Nacional del Cobre y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota. La Contraloría anunció que notificará a las instituciones mencionadas para iniciar procedimientos disciplinarios correspondientes, y enviará los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Además, la información fue remitida al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Fuente: Meganoticias
La Contraloría General de la República (CGR) envió un oficio a 232 municipalidades del país solicitando antecedentes sobre la aplicación de descuentos en los sueldos de profesores que hayan dejado de cumplir sus funciones al sumarse a paralizaciones. Esta medida se suma a una acción similar dirigida la semana pasada a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). El organismo fiscalizador recordó en el documento que las entidades que forman parte de la Administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público; de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua, como también velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Además, reiteró lo establecido en el dictamen N° 52.122 de 2009, el cual señala que la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia. Desde el Colegio de Profesores de Angol, intentamos tomar contacto con presidenta Sonia Ramírez, pero lamentablemente su teléfono estuvo inhabilitado para recibir llamadas. Por otra parte los apoderados tienen opiniones encontradas con la medida, así lo expresa la presidenta del centro de padres del Colegio Aragón Gemita Martínez Aguilera quien se pone en el lugar de los estudiantes y de los profesores. En línea con esto, la CGR solicitó a las municipalidades que detallen las acciones que han tomado para garantizar la continuidad del servicio durante las movilizaciones, así como las gestiones efectuadas para concretar los descuentos correspondientes. También deberán informar sobre cualquier otra medida implementada frente a esta situación. solicita La solicitud fue realizada por la División de Fiscalización del ente, que aseguró tener conocimiento de recientes paralizaciones protagonizadas por trabajadores de los SLEP. En el marco de sus atribuciones, la Contraloría reiteró que se requiere a esas entidades que informen acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación. lota
En un comunicado, Iván Mendoza entregó detalles de lo ocurrido, afirmando que “en mis más de 20 años de ejercicio, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis”. Este lunes, el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, renunció a su cargo debido a su “ eventual inclusión ” en la polémica por las licencias médicas fraudulentas. Esto luego de que un informe de Contraloría alertara que, entre los años 2023 y 2024, 25.078 trabajadores viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas. Según el reporte, citando datos de la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el permiso de reposo. En un comunicado, Mendoza dijo que tomó “la decisión de renunciar voluntariamente a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias”. El ahora exdirigente sostuvo que decidió dar un paso al costado “ ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”. Lee también: Sebastián Aguirre y polémica por licencias falsas: “Un Estado debilitado por la corrupción es…” Además, entregó detalles de lo sucedido: “Quiero explicar los hechos con total claridad. En octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada”. El paso fue reabierto el 31 y ese mismo día ingresé a Chile cursando una enfermedad aguda. El 1°de noviembre como era feriado guardé reposo en mi casa y al día siguiente en contexto atención me indican una licencia médica desde el 31 octubre. Por lo tanto, n o me encontraba con licencia médica mientras estaba vacaciones fuera del país. Recalcó se trata superposición fechas corresponderá aclara instancias correspondientes, asegurando en mis más veinte años ejercicio, nunca incurrido prácticas contrarias lex artis. Siempre actuado apego principios éticos profundo compromiso pacientes profesión salud pública.” Fuente: CNN Chile País
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, participó como expositora en el Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas AMUCH 2025, convocatoria a la que fueron invitados todos los alcaldes y alcaldesas de Chile, instancia donde estuvo presente el alcalde Enrique Neira. En el lugar se abordó el papel de la Contraloría en el ámbito municipal y los principales desafíos que enfrentan las autoridades locales en materia de control y fiscalización. Durante su intervención, la Contralora inició su exposición destacando cómo la función jurídica de la CGR incide directamente en las atribuciones y actuaciones de los municipios. A modo de ejemplo, citó un dictamen relativo a las “farmacias populares”, señalando que dicha prestación no cuenta con autorización legal. Asimismo, recordó la reciente emisión del instructivo vinculado al proceso electoral de 2025. Frente a cerca de un centenar de alcaldes y alcaldesas, Pérez abordó una de las principales preocupaciones de la institución: el uso de recursos en periodo electoral. Compartió los resultados de 32 auditorías que revelaron reiteradas observaciones, tales como gastos injustificados en celebraciones como el Día de la Madre, participación de funcionarios municipales en actividades proselitistas durante horario laboral, entrega de beneficios sin respaldo adecuado y uso irregular de vehículos fiscales, entre otros hallazgos. En este contexto, subrayó que “todos los años encontramos lo mismo”, y fue enfática en su llamado a la acción: “Tenemos que cambiar, porque de lo contrario, la ciudadanía sigue con su percepción y su desconfianza”. En línea con esa preocupación ciudadana, la Contralora presentó resultados de la Encuesta Nacional “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, aplicada en 2024 y respondida por más de 6 mil personas. El sondeo reveló que un 91,5% de los encuestados considera al ámbito municipal como el más vulnerable a la corrupción. Otro de los ejes de su presentación fue la introducción del nuevo producto institucional de la CGR: el Consolidado de Información Circularizada (CIC). Este instrumento permite obtener, en menor tiempo que una auditoría tradicional, una visión panorámica sobre determinadas áreas de gestión pública. Entre los temas ya abordados mediante CIC, mencionó el cumplimiento municipal respecto al Royalty y el estado de las unidades de control interno en los municipios. Sobre este último punto, advirtió que algunos gobiernos locales asignan escasos recursos humanos a la auditoría interna, lo que representa un riesgo significativo. Antes de finalizar, la Contralora presentó diversas plataformas digitales creadas para fortalecer la labor municipal y enfatizó que la Contraloría continuará fiscalizando con rigurosidad el cumplimiento normativo de todos los organismos públicos. En particular, puso el foco en problemáticas como el manejo de chatarrerías —relacionadas con el robo de cables— y la instalación de laboratorios para sustancias precursoras. En su cierre, Dorothy Pérez hizo un llamado a los gobiernos locales a colaborar activamente en el control de estos fenómenos delictivos, señalando: “Los municipios también pueden hacer una contribución en esta materia”. Finalmente, instó a avanzar hacia un Sistema Nacional de Control más articulado, que permita una fiscalización interinstitucional más eficiente y robusta.
