La ministra reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la justicia, asegurando que nadie está por sobre la ley y que se garantizará el resguardo de la víctima. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo , reconoció este lunes que el manejo del Gobierno en el caso de Manuel Monsalve , exsubsecretario del Interior acusado de abuso sexual y violación, pudo haber sido más ágil. En su intervención ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados , Vallejo destacó la gravedad de los hechos denunciados, pero también realizó una autocrítica sobre la velocidad con la que se gestionaron ciertos aspectos del proceso. Si bien se pudo haber sido más rápida, lo cierto es que la renuncia del exsubsecretario se hizo efectiva poco tiempo desde que el gobierno tuvo conocimiento de la denuncia en su contra, señaló la ministra. Aunque defendió la actuación del Ejecutivo, que colaboró proactivamente con la justicia, activó medidas de protección para la víctima y puso a disposición los programas del SernamEG, Vallejo admitió que algunas decisiones pudieron haberse tomado con mayor celeridad. Durante su intervención, también enfatizó que los hechos de los que se acusa a Monsalve representan un abuso de poder, pues se trataba de una autoridad a cargo de la seguridad pública del país. Estamos ante hechos que, a nuestro juicio, representan un abuso de poder por parte de una persona que se aprovechó de la autoridad conferida para un cargo público, afirmó Vallejo. La ministra subrayó que las acciones de Monsalve, tanto en lo penal como en lo administrativo y político, fueron inaceptables, y que el exsubsecretario debe responder por ellas. Asimismo, afirmó que las decisiones tomadas por el Gobierno han garantizado Fuente: CNN Chile País
A pesar de la oposición del Partido Comunista y parte del Frente Amplio, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara, con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Con amplia mayoría fue aprobado y despachado este martes el proyecto de Ley Antiterrorista en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de pasar por la Sala del Senado y la Comisión Mixta. A pesar del consenso general en el Congreso, algunos personeros del Partido Comunista y el Frente Amplio manifestaron su descontento con uno de los puntos más novedosos de esta legislación: la integración legal del uso del dispositivo conocido como IMSI Catcher. Lee también: “ Tohá sobre IMSI Catcher en Ley Antiterrorista: ‘El Ejecutivo cree que la forma en que quedó resuelta su aplicación es la adecuada’ El IMSI Catcher, un dispositivo utilizado para interceptar comunicaciones móviles, ha generado preocupación sobre posibles vulneraciones a la privacidad. Uno de los detractores fue la presidenta de la Cámara y militante comunista, Karol Cariola, quien explicó antes de la votación en entrevista con CNN Chile, el porqué de su partido para votar en contra (a pesar de apoyar gran parte los contenidos de la ley) tildando el uso de dicha tecnología comouna vulneración a la privacidad ciudadana. Más tarde, hablando como presidenta de la Cámara, celebró el despacho a ley y pidió no empañar este hito con las diferencias respecto al IMSI Catcher. “La Ley Antiterrorista tuvo amplio acuerdo entre todos los sectores y fue aprobada con amplia mayoría. No empañemos esta discusión con una diferencia que además fue una indicación por fuera del proyecto., enfatizó Cariola durante la sesión. El uso del IMSI Catcher ha sido objeto de críticas desde diversos sectores. Esto ha llevado a algunas bancadas —como el Frente Amplio y el Partido Comunista— a anunciar su intención de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para revisar constitucionalidad norma. “No hubo acuerdo para revisar esta indicación durante proceso Comisión Mixta lo que llevó aprobación tal venía. Esto ha generado controversia; algunas bancadas ya han anunciado acudirán TC. Es derecho cuando consideran norma está fuera ideas matrices proyecto o incumple elementos Constitución., explicó parlamentaria. “Es fundamental seguimos avanzando materia otras igualmente relevantes país”, concluyó. A pesar oposición ambos partidos, proyecto fue aprobado por amplia mayoría Cámara, con 102 votos favor , 17 contra 13 abstenciones . ✅A LEY | Sala aprobó informe comisión mixta respecto mensaje determina conductas terroristas fija penalidad deroga ley. Se despacha Ejecutivo.— Diputadas Diputados Chile (@Camara_cl) December 11 ,2024 Fuente: CNN Chile País
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Los recientes comicios municipales y regionales han generado una ola de críticas por parte de vocales de mesa, quienes denunciaron condiciones de trabajo inadecuadas, describiendo la jornada como abusiva e incluso inhumana. Según señalaron, la falta de alimentos, agua y descansos adecuados agravó el cansancio durante las largas jornadas electorales, lo que ha impulsado a varios diputados a discutir mejoras. Ante esto, uno de los principales impulsores de estos cambios es el diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, quien subrayó la urgencia de mejorar la capacitación para los vocales de mesa, especialmente para quienes participan por primera vez.Con la votación obligatoria, hay mucha gente joven participando, y el Servel debe mejorar la capacitación para que los vocales comprendan mejor sus responsabilidades, sostuvo Aedo. Asimismo, propuso aumentar el número de casetas de votación para reducir el tiempo de espera en jornadas extensas como las municipales y regionales.Dos casetas son insuficientes, y terminan generando filas demasiado largas, explicó. Asimismo, Aedo también recomendó reducir el número de electores por mesa de 400 a 350, lo que agilizaría el proceso y reduciría la carga de trabajo para los vocales. En esta misma línea, el diputado Jaime Araya (PPD) abogó por una mayor retribución para quienes cumplen esta labor, incluyendo colaciones, suministro de agua y un día de descanso después de los comicios. Muchas personas finalizaron tarde su jornada el domingo y no pudieron atender sus responsabilidades familiares, expresó Araya. El diputado Raúl Leiva (PS) enfatizó en la necesidad de mejorar las condiciones laborales para los vocales y sugirió que se les otorgue un día libre compensatorio.Es fundamental que se mejoren las capacidades operativas y que los vocales cuenten con un ambiente adecuado para realizar su trabajo, argumentó. Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) se unió al pedido de otorgar un permiso laboral postelecciones, dada la prolongada jornada de conteo de votos. También pidió mejorar la infraestructura electoral para garantizar condiciones dignas a los vocales de mesa. Espero que el gobierno considere estas observaciones en la próxima reforma electoral, concluyó Fuenzalida. Finalmente, las propuestas serán discutidas en el Congreso en las próximas semanas, con el objetivo de establecer normas que protejan a quienes trabajan en futuras jornadas electorales.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
La ministra reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la justicia, asegurando que nadie está por sobre la ley y que se garantizará el resguardo de la víctima. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo , reconoció este lunes que el manejo del Gobierno en el caso de Manuel Monsalve , exsubsecretario del Interior acusado de abuso sexual y violación, pudo haber sido más ágil. En su intervención ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados , Vallejo destacó la gravedad de los hechos denunciados, pero también realizó una autocrítica sobre la velocidad con la que se gestionaron ciertos aspectos del proceso. Si bien se pudo haber sido más rápida, lo cierto es que la renuncia del exsubsecretario se hizo efectiva poco tiempo desde que el gobierno tuvo conocimiento de la denuncia en su contra, señaló la ministra. Aunque defendió la actuación del Ejecutivo, que colaboró proactivamente con la justicia, activó medidas de protección para la víctima y puso a disposición los programas del SernamEG, Vallejo admitió que algunas decisiones pudieron haberse tomado con mayor celeridad. Durante su intervención, también enfatizó que los hechos de los que se acusa a Monsalve representan un abuso de poder, pues se trataba de una autoridad a cargo de la seguridad pública del país. Estamos ante hechos que, a nuestro juicio, representan un abuso de poder por parte de una persona que se aprovechó de la autoridad conferida para un cargo público, afirmó Vallejo. La ministra subrayó que las acciones de Monsalve, tanto en lo penal como en lo administrativo y político, fueron inaceptables, y que el exsubsecretario debe responder por ellas. Asimismo, afirmó que las decisiones tomadas por el Gobierno han garantizado Fuente: CNN Chile País
A pesar de la oposición del Partido Comunista y parte del Frente Amplio, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara, con 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Con amplia mayoría fue aprobado y despachado este martes el proyecto de Ley Antiterrorista en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de pasar por la Sala del Senado y la Comisión Mixta. A pesar del consenso general en el Congreso, algunos personeros del Partido Comunista y el Frente Amplio manifestaron su descontento con uno de los puntos más novedosos de esta legislación: la integración legal del uso del dispositivo conocido como IMSI Catcher. Lee también: “ Tohá sobre IMSI Catcher en Ley Antiterrorista: ‘El Ejecutivo cree que la forma en que quedó resuelta su aplicación es la adecuada’ El IMSI Catcher, un dispositivo utilizado para interceptar comunicaciones móviles, ha generado preocupación sobre posibles vulneraciones a la privacidad. Uno de los detractores fue la presidenta de la Cámara y militante comunista, Karol Cariola, quien explicó antes de la votación en entrevista con CNN Chile, el porqué de su partido para votar en contra (a pesar de apoyar gran parte los contenidos de la ley) tildando el uso de dicha tecnología comouna vulneración a la privacidad ciudadana. Más tarde, hablando como presidenta de la Cámara, celebró el despacho a ley y pidió no empañar este hito con las diferencias respecto al IMSI Catcher. “La Ley Antiterrorista tuvo amplio acuerdo entre todos los sectores y fue aprobada con amplia mayoría. No empañemos esta discusión con una diferencia que además fue una indicación por fuera del proyecto., enfatizó Cariola durante la sesión. El uso del IMSI Catcher ha sido objeto de críticas desde diversos sectores. Esto ha llevado a algunas bancadas —como el Frente Amplio y el Partido Comunista— a anunciar su intención de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para revisar constitucionalidad norma. “No hubo acuerdo para revisar esta indicación durante proceso Comisión Mixta lo que llevó aprobación tal venía. Esto ha generado controversia; algunas bancadas ya han anunciado acudirán TC. Es derecho cuando consideran norma está fuera ideas matrices proyecto o incumple elementos Constitución., explicó parlamentaria. “Es fundamental seguimos avanzando materia otras igualmente relevantes país”, concluyó. A pesar oposición ambos partidos, proyecto fue aprobado por amplia mayoría Cámara, con 102 votos favor , 17 contra 13 abstenciones . ✅A LEY | Sala aprobó informe comisión mixta respecto mensaje determina conductas terroristas fija penalidad deroga ley. Se despacha Ejecutivo.— Diputadas Diputados Chile (@Camara_cl) December 11 ,2024 Fuente: CNN Chile País
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Los recientes comicios municipales y regionales han generado una ola de críticas por parte de vocales de mesa, quienes denunciaron condiciones de trabajo inadecuadas, describiendo la jornada como abusiva e incluso inhumana. Según señalaron, la falta de alimentos, agua y descansos adecuados agravó el cansancio durante las largas jornadas electorales, lo que ha impulsado a varios diputados a discutir mejoras. Ante esto, uno de los principales impulsores de estos cambios es el diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, quien subrayó la urgencia de mejorar la capacitación para los vocales de mesa, especialmente para quienes participan por primera vez.Con la votación obligatoria, hay mucha gente joven participando, y el Servel debe mejorar la capacitación para que los vocales comprendan mejor sus responsabilidades, sostuvo Aedo. Asimismo, propuso aumentar el número de casetas de votación para reducir el tiempo de espera en jornadas extensas como las municipales y regionales.Dos casetas son insuficientes, y terminan generando filas demasiado largas, explicó. Asimismo, Aedo también recomendó reducir el número de electores por mesa de 400 a 350, lo que agilizaría el proceso y reduciría la carga de trabajo para los vocales. En esta misma línea, el diputado Jaime Araya (PPD) abogó por una mayor retribución para quienes cumplen esta labor, incluyendo colaciones, suministro de agua y un día de descanso después de los comicios. Muchas personas finalizaron tarde su jornada el domingo y no pudieron atender sus responsabilidades familiares, expresó Araya. El diputado Raúl Leiva (PS) enfatizó en la necesidad de mejorar las condiciones laborales para los vocales y sugirió que se les otorgue un día libre compensatorio.Es fundamental que se mejoren las capacidades operativas y que los vocales cuenten con un ambiente adecuado para realizar su trabajo, argumentó. Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) se unió al pedido de otorgar un permiso laboral postelecciones, dada la prolongada jornada de conteo de votos. También pidió mejorar la infraestructura electoral para garantizar condiciones dignas a los vocales de mesa. Espero que el gobierno considere estas observaciones en la próxima reforma electoral, concluyó Fuenzalida. Finalmente, las propuestas serán discutidas en el Congreso en las próximas semanas, con el objetivo de establecer normas que protejan a quienes trabajan en futuras jornadas electorales.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
