En una decisión que marca un hito en el ámbito de la salud privada en el país, la Corte Suprema rechazó un recurso de aclaración presentado por la Superintendencia de Salud, consolidando así la aplicación del fallo sobre Garantías Explícitas en Salud (GES) dictado en agosto pasado. La Tercera Sala del máximo tribunal determinó que no existen puntos oscuros o dudosos que aclarar , desestimando la solicitud de la Superintendencia. El recurso buscaba dilucidar el alcance del fallo GES en casos no judicializados, así como la posibilidad de dictar instrucciones para aplazar su implementación durante un período de seis meses. La Corte Suprema, sin embargo, sostuvo que no hay motivos para postergar la aplicación del fallo y subrayó que las isapres deben cumplir con la sentencia desde la fecha en que quedó ejecutoriada. La resolución destaca que cada isapre debe mantener la prima GES del trienio anterior, sin tener justificación alguna para cobrar, desde entonces, cualquier otra cifra que exceda la anteriormente referida , detalla la resolución. En cuanto a la actuación de la Superintendencia de Salud, la Corte determinó que su papel consiste en instar el cumplimiento del fallo por parte de las isapres, siguiendo los términos establecidos por la Corte. Esta decisión surge luego de que un grupo de isapres solicitara aplazar la aplicación del fallo GES, argumentando que tendría efectos inmediatos en la estructura financiera del sistema privado y conllevaría una significativa reducción de ingresos. El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, advirtió que, de aplicarse el fallo, las entidades privadas podrían enfrentar problemas financieros en tres meses, lo que podría llevar a la quiebra de algunas isapres. Es importante destacar que esta situación se produce en el contexto de la tramitación de la ley corta de isapres por parte de los parlamentarios. Esta ley busca brindar viabilidad a la industria, abordando no solo el fallo sobre tabla de factores, sino también incorporando medidas mitigadoras específicas para hacer frente a las implicaciones del fallo GES en el sistema de salud privado del país.
Nueve hospitales públicos en construcción en distintas zonas del país se encuentran en riesgo de no ser terminados debido a reclamos de las constructoras encargadas de estas obras. Según informó el diario El Mercurio, las constructoras exigen al Ministerio de Salud (Minsal) pagos millonarios pendientes, que ascienden a más de US$ 130 millones. El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, señaló que estos montos pendientes se dividen en dos grandes ítems. Por un lado, se reclaman entre US$ 80 millones y US$ 90 millones debido a retrasos en las obras por hallazgos arqueológicos, problemas de permisos o de calidad de los proyectos de ingeniería, situaciones que deben ser compensadas. Por otro lado, unos US$ 50 millones corresponden a compensaciones impagas por alzas en los precios de los materiales. Echavarría explicó que el Minsal planea realizar los pagos al finalizar la construcción, lo cual no es aceptado por las empresas. Existe una interpretación errónea, según el vicepresidente de la CChC, ya que consideran que estos pagos deben ser ejecutados durante el proceso de construcción. Además, el decreto supremo 304, vigente desde marzo pasado, establece que se deben realizar reajustes por IPC, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún pago de este tipo para los hospitales del Minsal. Las constructoras licitaron los proyectos con las condiciones del mercado previas a la pandemia y al estallido social de octubre de 2019, por lo que las alzas en los precios de los materiales no fueron consideradas en su totalidad. Los hospitales afectados por estos problemas son Las Higueras, Queilén, Reposición Complejo Dr. Sótero del Río, Provincia Cordillera, Ancud, Regional de Ñuble, Marga Marga, Linares y Melipilla. Estas obras tienen un avance entre el 60% y el 95%, sumando un total de 2.750 camas, generando alrededor de 7.700 empleos y una inversión cercana a los US$ 1.320 millones. Echavarría advirtió que los montos pendientes para algunas empresas son insostenibles y existe un riesgo de que las obras no continúen si no se soluciona esta situación con urgencia. Algunas empresas están financiando hasta el 30% del valor del contrato, lo cual es difícil de manejar, especialmente con las restricciones bancarias actuales. Lo más preocupante es que estos hospitales beneficiarán a más de cuatro millones de personas. El Minsal, consultado sobre esta situación, respondió que se han implementado estrategias entre las instituciones gubernamentales involucradas para dar continuidad a los contratos, de acuerdo a las características de cada proyecto. Sin embargo, la CChC espera que los dineros adeudados sean incluidos en el Presupuesto de la Nación 2024 y solicita una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para abordar este tema.
Según un informe de la OMS -en todo el planeta- el 71% de las personas tiene Hipertensión. Pero sólo el 59% está recibiendo un tratamiento. Le llaman el “Asesino Silencioso”. Y sólo en el continente americano, esta enfermedad crónica causa la muerte de 1 millón 600 mil personas cada año. ¿Y qué está ocurriendo en Chile? Casi el 28% de las personas mayores de 15 años tiene Hipertensión. Es decir, 3.9 millones de personas. Una de cada 4 personas en nuestro país. Conversamos con el Dr. Luis Sepúlveda, Pdte. de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Vascular. Nos explica qué es la hipertensión y cuáles son los rangos normales de presión arterial.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, presentará oficialmente este martes a la Corte Suprema la solicitud para prorrogar la aplicación de los dos fallos pendientes en contra de las isapres. Estos fallos establecen la aplicación única de la tabla de factores de riesgo y el ajuste del precio de las primas GES. Tras la confirmación oficial de esta petición se acordó votar en general el próximo martes 3 de octubre, el denominado proyecto de ley corta de isapres. La solicitud se realiza luego de que el máximo tribunal del país instruyera a la superintendencia a aplicar los fallos correspondientes. Además, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley corta que busca crear un nuevo modelo de atención en Fonasa, otorgar facultades y atribuciones a la superintendencia y modificar normas relativas a las Isapres. Este proyecto busca concretar la devolución de excedentes a los afiliados sin poner en riesgo a estas instituciones. En la sesión de la Comisión de Salud del Senado, se recibió una carta del Comité Técnico que está ayudando a viabilizar la ley corta, solicitando una ampliación de 15 días para emitir el informe requerido. La idea es que la Sala del Senado pueda votar la iniciativa a fines de octubre y así pasar a segundo trámite. Las propuestas que surjan del informe de la comisión técnica también permitirán generar enmiendas que podrían ser patrocinadas por el Ejecutivo. Los senadores han emplazado a los representantes del Ministerio de Salud en la comisión a presentar estas enmiendas.
En una decisión que marca un hito en el ámbito de la salud privada en el país, la Corte Suprema rechazó un recurso de aclaración presentado por la Superintendencia de Salud, consolidando así la aplicación del fallo sobre Garantías Explícitas en Salud (GES) dictado en agosto pasado. La Tercera Sala del máximo tribunal determinó que no existen puntos oscuros o dudosos que aclarar , desestimando la solicitud de la Superintendencia. El recurso buscaba dilucidar el alcance del fallo GES en casos no judicializados, así como la posibilidad de dictar instrucciones para aplazar su implementación durante un período de seis meses. La Corte Suprema, sin embargo, sostuvo que no hay motivos para postergar la aplicación del fallo y subrayó que las isapres deben cumplir con la sentencia desde la fecha en que quedó ejecutoriada. La resolución destaca que cada isapre debe mantener la prima GES del trienio anterior, sin tener justificación alguna para cobrar, desde entonces, cualquier otra cifra que exceda la anteriormente referida , detalla la resolución. En cuanto a la actuación de la Superintendencia de Salud, la Corte determinó que su papel consiste en instar el cumplimiento del fallo por parte de las isapres, siguiendo los términos establecidos por la Corte. Esta decisión surge luego de que un grupo de isapres solicitara aplazar la aplicación del fallo GES, argumentando que tendría efectos inmediatos en la estructura financiera del sistema privado y conllevaría una significativa reducción de ingresos. El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, advirtió que, de aplicarse el fallo, las entidades privadas podrían enfrentar problemas financieros en tres meses, lo que podría llevar a la quiebra de algunas isapres. Es importante destacar que esta situación se produce en el contexto de la tramitación de la ley corta de isapres por parte de los parlamentarios. Esta ley busca brindar viabilidad a la industria, abordando no solo el fallo sobre tabla de factores, sino también incorporando medidas mitigadoras específicas para hacer frente a las implicaciones del fallo GES en el sistema de salud privado del país.
Nueve hospitales públicos en construcción en distintas zonas del país se encuentran en riesgo de no ser terminados debido a reclamos de las constructoras encargadas de estas obras. Según informó el diario El Mercurio, las constructoras exigen al Ministerio de Salud (Minsal) pagos millonarios pendientes, que ascienden a más de US$ 130 millones. El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, señaló que estos montos pendientes se dividen en dos grandes ítems. Por un lado, se reclaman entre US$ 80 millones y US$ 90 millones debido a retrasos en las obras por hallazgos arqueológicos, problemas de permisos o de calidad de los proyectos de ingeniería, situaciones que deben ser compensadas. Por otro lado, unos US$ 50 millones corresponden a compensaciones impagas por alzas en los precios de los materiales. Echavarría explicó que el Minsal planea realizar los pagos al finalizar la construcción, lo cual no es aceptado por las empresas. Existe una interpretación errónea, según el vicepresidente de la CChC, ya que consideran que estos pagos deben ser ejecutados durante el proceso de construcción. Además, el decreto supremo 304, vigente desde marzo pasado, establece que se deben realizar reajustes por IPC, pero hasta la fecha no se ha realizado ningún pago de este tipo para los hospitales del Minsal. Las constructoras licitaron los proyectos con las condiciones del mercado previas a la pandemia y al estallido social de octubre de 2019, por lo que las alzas en los precios de los materiales no fueron consideradas en su totalidad. Los hospitales afectados por estos problemas son Las Higueras, Queilén, Reposición Complejo Dr. Sótero del Río, Provincia Cordillera, Ancud, Regional de Ñuble, Marga Marga, Linares y Melipilla. Estas obras tienen un avance entre el 60% y el 95%, sumando un total de 2.750 camas, generando alrededor de 7.700 empleos y una inversión cercana a los US$ 1.320 millones. Echavarría advirtió que los montos pendientes para algunas empresas son insostenibles y existe un riesgo de que las obras no continúen si no se soluciona esta situación con urgencia. Algunas empresas están financiando hasta el 30% del valor del contrato, lo cual es difícil de manejar, especialmente con las restricciones bancarias actuales. Lo más preocupante es que estos hospitales beneficiarán a más de cuatro millones de personas. El Minsal, consultado sobre esta situación, respondió que se han implementado estrategias entre las instituciones gubernamentales involucradas para dar continuidad a los contratos, de acuerdo a las características de cada proyecto. Sin embargo, la CChC espera que los dineros adeudados sean incluidos en el Presupuesto de la Nación 2024 y solicita una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para abordar este tema.
Según un informe de la OMS -en todo el planeta- el 71% de las personas tiene Hipertensión. Pero sólo el 59% está recibiendo un tratamiento. Le llaman el “Asesino Silencioso”. Y sólo en el continente americano, esta enfermedad crónica causa la muerte de 1 millón 600 mil personas cada año. ¿Y qué está ocurriendo en Chile? Casi el 28% de las personas mayores de 15 años tiene Hipertensión. Es decir, 3.9 millones de personas. Una de cada 4 personas en nuestro país. Conversamos con el Dr. Luis Sepúlveda, Pdte. de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Vascular. Nos explica qué es la hipertensión y cuáles son los rangos normales de presión arterial.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, presentará oficialmente este martes a la Corte Suprema la solicitud para prorrogar la aplicación de los dos fallos pendientes en contra de las isapres. Estos fallos establecen la aplicación única de la tabla de factores de riesgo y el ajuste del precio de las primas GES. Tras la confirmación oficial de esta petición se acordó votar en general el próximo martes 3 de octubre, el denominado proyecto de ley corta de isapres. La solicitud se realiza luego de que el máximo tribunal del país instruyera a la superintendencia a aplicar los fallos correspondientes. Además, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley corta que busca crear un nuevo modelo de atención en Fonasa, otorgar facultades y atribuciones a la superintendencia y modificar normas relativas a las Isapres. Este proyecto busca concretar la devolución de excedentes a los afiliados sin poner en riesgo a estas instituciones. En la sesión de la Comisión de Salud del Senado, se recibió una carta del Comité Técnico que está ayudando a viabilizar la ley corta, solicitando una ampliación de 15 días para emitir el informe requerido. La idea es que la Sala del Senado pueda votar la iniciativa a fines de octubre y así pasar a segundo trámite. Las propuestas que surjan del informe de la comisión técnica también permitirán generar enmiendas que podrían ser patrocinadas por el Ejecutivo. Los senadores han emplazado a los representantes del Ministerio de Salud en la comisión a presentar estas enmiendas.
