El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en una entrevista con el Canal 24 Horas que un avión destinado a expulsar migrantes venezolanos de Chile no pudo despegar debido a la negativa de las autoridades aeronáuticas venezolana s para autorizar el aterrizaje en su territorio. Según Monsalve, las autoridades venezolanas no dieron el visto bueno para la salida del vuelo, destacando la importancia de la disposición venezolana en este tipo de situaciones. En sus declaraciones, subrayó que la solución a la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular no recae únicamente en Chile, sino también en la disposición de Venezuela, ya que el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano, y sin su autorización, esto no es posible. El subsecretario detalló que a pesar de haber identificado a las personas, detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) y haber contratado el avión, la única decisión de la autoridad aeronáutica venezolana fue suficiente para cancelar todo el proceso. Monsalve explicó que, según la ley vigente, si los ciudadanos no son expulsados en un plazo de cinco días, deben ser liberados, ya que la PDI solo tiene la facultad de mantenerlos detenidos durante este período. Ante esta situación, el representante del Gobierno destacó que se están realizando todos los esfuerzos para restablecer diálogos diplomáticos, mantener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y programar reuniones presenciales con las autoridades venezolanas. Monsalve anunció que espera realizar un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre con el objetivo de avanzar en las negociaciones y resolver este impasse.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros. Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar unperfil de riesgo para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años. Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista. Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año. Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo. En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas. Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
En una iniciativa que subraya la importancia del diálogo y la colaboración en la política, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió este lunes con exsubsecretarios de la misma cartera durante gobiernos anteriores. El objetivo de esta reunión fue abordar diversos temas relacionados con la seguridad en el país, con especial énfasis en el combate al crimen organizado. El encuentro, que comenzó a las 09 horas, fue una oportunidad para analizar los planes y políticas que el Gobierno actual está implementando en la lucha contra la delincuencia organizada. Monsalve expresó,Creo que la doctrina del Gobierno ha sido que la tarea de proteger la seguridad de las personas se conviertan en tareas de Estado y en espacios de colaboración, que la lucha en contra de la delincuencia común y también la lucha que el Estado tiene que dar en contra del crimen organizado, sea también una política de Estado en el cual haya diálogo y colaboración. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la experiencia acumulada por los exsubsecretarios, quienes estuvieron a cargo de la seguridad del país en diferentes contextos políticos. Además, el subsecretario del Interior subrayó que la reunión no solo se enfocó en cuestiones operativas, sino también en definir el tipo de Estado que Chile necesita para enfrentar los desafíos de seguridad actuales. Afirmó que la agenda legislativa cumple un papel crucial y que este tipo de instancias permiten analizar, evaluar y proponer políticas públicas que fortalezcan la seguridad en el país. Uno de los exsubsecretarios presentes, Felipe Harboe, calificó la reunión como una buena instancia. En sus declaraciones, Harboe resaltó la importancia de la colaboración en un momento en el que Chile enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y crimen organizado.Es importante siempre demostrar un espíritu de colaboración. Creo que Chile está viviendo un momento muy difícil en materia de seguridad, crimen organizado, tenemos el mayor temor de los últimos veinte años, comentó el exsubsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó en una entrevista con el Canal 24 Horas que un avión destinado a expulsar migrantes venezolanos de Chile no pudo despegar debido a la negativa de las autoridades aeronáuticas venezolana s para autorizar el aterrizaje en su territorio. Según Monsalve, las autoridades venezolanas no dieron el visto bueno para la salida del vuelo, destacando la importancia de la disposición venezolana en este tipo de situaciones. En sus declaraciones, subrayó que la solución a la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular no recae únicamente en Chile, sino también en la disposición de Venezuela, ya que el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano, y sin su autorización, esto no es posible. El subsecretario detalló que a pesar de haber identificado a las personas, detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) y haber contratado el avión, la única decisión de la autoridad aeronáutica venezolana fue suficiente para cancelar todo el proceso. Monsalve explicó que, según la ley vigente, si los ciudadanos no son expulsados en un plazo de cinco días, deben ser liberados, ya que la PDI solo tiene la facultad de mantenerlos detenidos durante este período. Ante esta situación, el representante del Gobierno destacó que se están realizando todos los esfuerzos para restablecer diálogos diplomáticos, mantener conversaciones de seguridad, proponer acuerdos y programar reuniones presenciales con las autoridades venezolanas. Monsalve anunció que espera realizar un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre con el objetivo de avanzar en las negociaciones y resolver este impasse.
En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por recientes casos de secuestros extorsivos y ataques violentos, el Gobierno anunció un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un periodo un poco mayor a un año. La medida busca abordar la preocupante situación de orden público que ha afectado al país en las últimas semanas, incluyendo el lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros. Según información recogida por La Tercera, el Ejecutivo planea implementar un programa que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Sin embargo, se ha destacado la importancia de no criminalizar a toda la población migrante, por lo que se ha determinado diseñar unperfil de riesgo para focalizar las deportaciones en aquellos con antecedentes y en aquellos que se niegan a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente en el grupo de hombres de entre 18 y 40 años. Las decisiones tomadas durante dos reuniones en el Palacio de La Moneda subrayan la intención de concretar las expulsiones de manera selectiva, buscando equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. Desde la oposición, se ha insistido en la expulsión de 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, aunque el Gobierno considera esta cifra poco realista. Hasta la fecha, se han expulsado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial. Se espera que al menos 262 personas abandonen el territorio nacional en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar las 1.000 expulsiones antes de que finalice el año. Para financiar estas acciones, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos para el próximo año, destinado al Servicio de Migraciones. Esto permitiría la expulsión de alrededor de 2.400 migrantes adicionales, sumando un total estimado de 2.600 deportaciones en 14 meses, según indican desde el Ejecutivo. En paralelo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está preparando un viaje a Caracas, Venezuela, con el propósito de sostener encuentros con funcionarios venezolanos. Se busca llegar a un acuerdo para que la Fuerza Aérea de Chile pueda realizar viajes al territorio venezolano con el fin de concretar expulsiones, además de explorar fórmulas para agilizar el proceso de identificación de personas. Asimismo, Monsalve ha asistido a diferentes reuniones en la previa con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, así como también con los representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado y la Cámara Baja.
En una iniciativa que subraya la importancia del diálogo y la colaboración en la política, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió este lunes con exsubsecretarios de la misma cartera durante gobiernos anteriores. El objetivo de esta reunión fue abordar diversos temas relacionados con la seguridad en el país, con especial énfasis en el combate al crimen organizado. El encuentro, que comenzó a las 09 horas, fue una oportunidad para analizar los planes y políticas que el Gobierno actual está implementando en la lucha contra la delincuencia organizada. Monsalve expresó,Creo que la doctrina del Gobierno ha sido que la tarea de proteger la seguridad de las personas se conviertan en tareas de Estado y en espacios de colaboración, que la lucha en contra de la delincuencia común y también la lucha que el Estado tiene que dar en contra del crimen organizado, sea también una política de Estado en el cual haya diálogo y colaboración. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la experiencia acumulada por los exsubsecretarios, quienes estuvieron a cargo de la seguridad del país en diferentes contextos políticos. Además, el subsecretario del Interior subrayó que la reunión no solo se enfocó en cuestiones operativas, sino también en definir el tipo de Estado que Chile necesita para enfrentar los desafíos de seguridad actuales. Afirmó que la agenda legislativa cumple un papel crucial y que este tipo de instancias permiten analizar, evaluar y proponer políticas públicas que fortalezcan la seguridad en el país. Uno de los exsubsecretarios presentes, Felipe Harboe, calificó la reunión como una buena instancia. En sus declaraciones, Harboe resaltó la importancia de la colaboración en un momento en el que Chile enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y crimen organizado.Es importante siempre demostrar un espíritu de colaboración. Creo que Chile está viviendo un momento muy difícil en materia de seguridad, crimen organizado, tenemos el mayor temor de los últimos veinte años, comentó el exsubsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos.
