La iniciativa que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes ha pasado a segundo trámite constitucional en el Senado, luego de ser despachada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la sesión, se aprobaron todas las indicaciones propuestas, previamente visadas por la Comisión de Constitución. Entre las modificaciones, se destaca que delitos de mayor connotación social cometidos por menores de entre 14 y 16 años tendrán la misma penalidad fijada para los cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años. Según explicaron desde la Cámara, esto implica que las sanciones que deriven en régimen cerrado o semicerrado con reinserción social aumentarán a su tope máximo. Actualmente limitadas a 5 años, con la modificación aprobada ese plazo se extenderá a 10 años. Otra modificación importante es la eliminación de la calificación de irreprochable conducta anterior para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, medida que actualmente solo se aplica a partir de los 18 años. Además, se han determinado cambios en la regulación del recurso de apelación y respecto del quebrantamiento de la internación provisoria, lo que implicará una intensificación de los programas de rehabilitación e intervención. Con estas modificaciones, no será posible solicitar beneficios o remisión de la pena hasta transcurrido un año. La Sala respaldó un artículo transitorio que establece que las mencionadas modificaciones entrarán en vigor el 13 de enero de 2026. FORTALECIMIENTO DE SANCIONES📰| Cámara despacha cambios a responsabilidad penal adolescente. https://t.co/WzvDc0sZfV September 17, 2025 Fuente: CNN Chile País
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 6 votos a favor y 1 abstención el proyecto de ley que sanciona las carreras de perros. La iniciativa establece que quienes organicen y participen de carreras de perros serán sancionados con penas de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 a 40 UTM. Para discutir la propuesta, la instancia recibió previamente al representante de la Fundación Galgos Chile, Luis Martínez, quien expuso sobre la situación actual de Chile en comparación a otros países que ya abandonaron esta práctica. Posteriormente, los parlamentarios votaron la iniciativa, que en su idea matriz “prohíbe y sanciona las carreras de perros”. Lo anterior, en atención a que estas suponen una forma de explotación de animales de compañía. En ese marco, estas contravienen el espíritu de la ley sobre tenencia responsable. También se aprobó incluir una indicación de la diputada Yovana Ahumana, relativa a la “responsabilidad pecuniaria del dueño o tenedor del perro rescatado. La idea es que este se haga cargo de los gastos en que se incurra en la atención del animal y su rehabilitación”. De ese modo, el proyecto establece que se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio chileno. Quienes organicen y participen de ellas “serán sancionados con las penas de presidio menor en su grado medio (541 a 3 años y 1 día)”. Además de una “una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. A ello se suma el pago de los gastos en que incurra la institución asignada para el cuidado, atención y saneamiento del animal”. Quienes promuevan, faciliten o difundan las carreras se les aplicará una multa de 5 a 20 UTM. Las personas condenadas en virtud de lo anterior, no podrán solicitar la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. Fuente: CNN Chile País
La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
Chile, 2 de mayo de 2025. En varios países del mundo es habitual que los restaurantes ofrezcan agua potable sin costo. En Chile aún no es obligatorio, pero un proyecto que avanza en el Congreso —conocido como la “Ley del Vaso de Agua” — busca que todos los locales que expenden alimentos (restaurantes, bares, cafeterías, etc.) deban entregar gratuitamente un vaso de agua potable a quien lo solicite. La iniciativa, recientemente aprobada por la Comisión de Salud de la Cámara y ahora en la Comisión de Economía, plantea el acceso al agua como un derecho básico y promueve hábitos saludables, como la reducción en el consumo de bebidas azucaradas. También impulsa un consumo más sustentable al evitar el uso de botellas plásticas. Aunque parece una medida menor, apunta a mejorar el trato al cliente, fortalecer derechos y cuidar la salud pública. En países como Francia, España, Reino Unido o Argentina, este tipo de norma ya está vigente y en algunos casos es incluso obligatoria desde hace décadas. Le preguntamos a ciudadanas/os angolinos su opinión sobre este proyecto de ley del vaso de agua y esto fue lo que nos respondieron Sin embargo, el gremio gastronómico ha expresado reparos. Representantes del sector advierten que esta exigencia podría suponer costos adicionales, sobre todo en un contexto económico complejo. Aunque actualmente ya se entrega agua si el cliente lo pide, el proyecto obligaría a tenerla siempre disponible, lo que —según sus críticos— podría derivar en desperdicio y mayores gastos. A la espera de su discusión en la Comisión de Economía, la Ley del Vaso de Agua sigue sumando respaldo social y parlamentario, posicionándose como una política que promueve el acceso igualitario a un recurso esencial.
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
La iniciativa que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes ha pasado a segundo trámite constitucional en el Senado, luego de ser despachada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la sesión, se aprobaron todas las indicaciones propuestas, previamente visadas por la Comisión de Constitución. Entre las modificaciones, se destaca que delitos de mayor connotación social cometidos por menores de entre 14 y 16 años tendrán la misma penalidad fijada para los cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años. Según explicaron desde la Cámara, esto implica que las sanciones que deriven en régimen cerrado o semicerrado con reinserción social aumentarán a su tope máximo. Actualmente limitadas a 5 años, con la modificación aprobada ese plazo se extenderá a 10 años. Otra modificación importante es la eliminación de la calificación de irreprochable conducta anterior para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, medida que actualmente solo se aplica a partir de los 18 años. Además, se han determinado cambios en la regulación del recurso de apelación y respecto del quebrantamiento de la internación provisoria, lo que implicará una intensificación de los programas de rehabilitación e intervención. Con estas modificaciones, no será posible solicitar beneficios o remisión de la pena hasta transcurrido un año. La Sala respaldó un artículo transitorio que establece que las mencionadas modificaciones entrarán en vigor el 13 de enero de 2026. FORTALECIMIENTO DE SANCIONES📰| Cámara despacha cambios a responsabilidad penal adolescente. https://t.co/WzvDc0sZfV September 17, 2025 Fuente: CNN Chile País
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 6 votos a favor y 1 abstención el proyecto de ley que sanciona las carreras de perros. La iniciativa establece que quienes organicen y participen de carreras de perros serán sancionados con penas de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 a 40 UTM. Para discutir la propuesta, la instancia recibió previamente al representante de la Fundación Galgos Chile, Luis Martínez, quien expuso sobre la situación actual de Chile en comparación a otros países que ya abandonaron esta práctica. Posteriormente, los parlamentarios votaron la iniciativa, que en su idea matriz “prohíbe y sanciona las carreras de perros”. Lo anterior, en atención a que estas suponen una forma de explotación de animales de compañía. En ese marco, estas contravienen el espíritu de la ley sobre tenencia responsable. También se aprobó incluir una indicación de la diputada Yovana Ahumana, relativa a la “responsabilidad pecuniaria del dueño o tenedor del perro rescatado. La idea es que este se haga cargo de los gastos en que se incurra en la atención del animal y su rehabilitación”. De ese modo, el proyecto establece que se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio chileno. Quienes organicen y participen de ellas “serán sancionados con las penas de presidio menor en su grado medio (541 a 3 años y 1 día)”. Además de una “una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. A ello se suma el pago de los gastos en que incurra la institución asignada para el cuidado, atención y saneamiento del animal”. Quienes promuevan, faciliten o difundan las carreras se les aplicará una multa de 5 a 20 UTM. Las personas condenadas en virtud de lo anterior, no podrán solicitar la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. Fuente: CNN Chile País
La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
Chile, 2 de mayo de 2025. En varios países del mundo es habitual que los restaurantes ofrezcan agua potable sin costo. En Chile aún no es obligatorio, pero un proyecto que avanza en el Congreso —conocido como la “Ley del Vaso de Agua” — busca que todos los locales que expenden alimentos (restaurantes, bares, cafeterías, etc.) deban entregar gratuitamente un vaso de agua potable a quien lo solicite. La iniciativa, recientemente aprobada por la Comisión de Salud de la Cámara y ahora en la Comisión de Economía, plantea el acceso al agua como un derecho básico y promueve hábitos saludables, como la reducción en el consumo de bebidas azucaradas. También impulsa un consumo más sustentable al evitar el uso de botellas plásticas. Aunque parece una medida menor, apunta a mejorar el trato al cliente, fortalecer derechos y cuidar la salud pública. En países como Francia, España, Reino Unido o Argentina, este tipo de norma ya está vigente y en algunos casos es incluso obligatoria desde hace décadas. Le preguntamos a ciudadanas/os angolinos su opinión sobre este proyecto de ley del vaso de agua y esto fue lo que nos respondieron Sin embargo, el gremio gastronómico ha expresado reparos. Representantes del sector advierten que esta exigencia podría suponer costos adicionales, sobre todo en un contexto económico complejo. Aunque actualmente ya se entrega agua si el cliente lo pide, el proyecto obligaría a tenerla siempre disponible, lo que —según sus críticos— podría derivar en desperdicio y mayores gastos. A la espera de su discusión en la Comisión de Economía, la Ley del Vaso de Agua sigue sumando respaldo social y parlamentario, posicionándose como una política que promueve el acceso igualitario a un recurso esencial.
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
