Los diputados de la UDI, Flor Weisse y Henry Leal, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno presente un veto sustitutivo a la Ley de Usurpaciones. Según los diputados, existe unalto riesgo de que todo el proyecto se caiga si esto sucede. Recientemente, las fuerzas oficialistas se reunieron con el Ejecutivo para discutir la técnica legislativa y el veto presidencial que se busca ingresar. Los diputados gremialistas explicaron que si el Gobierno no logra reunir los votos necesarios para aprobar y se termina rechazando, no existiría ninguna ley en esa materia. Según ellos, es poco probable que la oposición pueda alcanzar los 2/3 necesarios para reponer el proyecto original. Además, los diputados advirtieron que el Gobierno estájugando con fuego al presentar este tipo de veto, ya que podría ocasionar que nos quedemos sin una Ley de Usurpaciones en nuestro país. Criticaron los cambios propuestos por el Partido Comunista, que buscan eliminar las penas de cárcel y reemplazarlas por multas, argumentando que esto atenta contra el derecho a la propiedad y dificulta llegar a un acuerdo. Ante esta situación, los diputados emplazaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a actuar en defensa de los chilenos y no de los intereses de la extrema izquierda. Advirtieron que si se insiste en modificar el corazón del proyecto, la Ley de Usurpaciones será letra muerta o, incluso peor, no habrá norma. Los diputados de oposición expresaron su preocupación por la posibilidad de que el proyecto de Ley de Usurpaciones se caiga en su conjunto debido a un veto sustitutivo del Gobierno. Hicieron un llamado a la ministra del Interior a actuar en defensa de los chilenos y advirtieron que tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué prefirieron dejarlos en la total indefensión.
El Juzgado de Garantía de Arica ha rechazado el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en relación a la entrega de la identidad de 57 testigos en el marco de la investigación contra el Tren de Aragua en Chile. El juez Héctor Barraza había decidido entregar esta información a las defensas de 'Los Gallegos', una peligrosa banda de origen venezolano, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo y la Fiscalía. El rechazo de la nulidad se debe a que todos los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones de la ciudad, tras la orden de no innovar emitida por el Ministerio Público. Esto se debe a la causa penal abierta por el órgano persecutor y la investigación administrativa iniciada por el Poder Judicial. Ante la polémica generada por la decisión del juez, el tribunal ha ordenado a los defensores del clan 'Los Gallegos' devolver los antecedentes que contienen los nombres de los testigos protegidos. La Defensoría Penal Pública ha confirmado la devolución voluntaria de los documentos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha señalado que el juez Barraza habría incumplido sus deberes funcionarios al autorizar la entrega de las identidades de los testigos. Se han interpuesto recursos de protección contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica por parte del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y otros actores involucrados en el caso.
Los diputados de la UDI, Flor Weisse y Henry Leal, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno presente un veto sustitutivo a la Ley de Usurpaciones. Según los diputados, existe unalto riesgo de que todo el proyecto se caiga si esto sucede. Recientemente, las fuerzas oficialistas se reunieron con el Ejecutivo para discutir la técnica legislativa y el veto presidencial que se busca ingresar. Los diputados gremialistas explicaron que si el Gobierno no logra reunir los votos necesarios para aprobar y se termina rechazando, no existiría ninguna ley en esa materia. Según ellos, es poco probable que la oposición pueda alcanzar los 2/3 necesarios para reponer el proyecto original. Además, los diputados advirtieron que el Gobierno estájugando con fuego al presentar este tipo de veto, ya que podría ocasionar que nos quedemos sin una Ley de Usurpaciones en nuestro país. Criticaron los cambios propuestos por el Partido Comunista, que buscan eliminar las penas de cárcel y reemplazarlas por multas, argumentando que esto atenta contra el derecho a la propiedad y dificulta llegar a un acuerdo. Ante esta situación, los diputados emplazaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a actuar en defensa de los chilenos y no de los intereses de la extrema izquierda. Advirtieron que si se insiste en modificar el corazón del proyecto, la Ley de Usurpaciones será letra muerta o, incluso peor, no habrá norma. Los diputados de oposición expresaron su preocupación por la posibilidad de que el proyecto de Ley de Usurpaciones se caiga en su conjunto debido a un veto sustitutivo del Gobierno. Hicieron un llamado a la ministra del Interior a actuar en defensa de los chilenos y advirtieron que tendrán que explicarle a la ciudadanía por qué prefirieron dejarlos en la total indefensión.
El Juzgado de Garantía de Arica ha rechazado el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en relación a la entrega de la identidad de 57 testigos en el marco de la investigación contra el Tren de Aragua en Chile. El juez Héctor Barraza había decidido entregar esta información a las defensas de 'Los Gallegos', una peligrosa banda de origen venezolano, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo y la Fiscalía. El rechazo de la nulidad se debe a que todos los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones de la ciudad, tras la orden de no innovar emitida por el Ministerio Público. Esto se debe a la causa penal abierta por el órgano persecutor y la investigación administrativa iniciada por el Poder Judicial. Ante la polémica generada por la decisión del juez, el tribunal ha ordenado a los defensores del clan 'Los Gallegos' devolver los antecedentes que contienen los nombres de los testigos protegidos. La Defensoría Penal Pública ha confirmado la devolución voluntaria de los documentos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha señalado que el juez Barraza habría incumplido sus deberes funcionarios al autorizar la entrega de las identidades de los testigos. Se han interpuesto recursos de protección contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica por parte del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y otros actores involucrados en el caso.
