Según un comunicado emitido por un organismo no identificado, se ha revelado que un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas por las instituciones del Gobierno Central durante un período determinado. Esta información fue proporcionada a cada institución por la Contraloría General de la República (CGR), y afecta a 29.270 funcionarios públicos. Un informe de la Dirección de Presupuesto señala que, de los 29 mil funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas, solo 262 han sido despedidos. De acuerdo con el comunicado mencionado anteriormente, 23.745 funcionarios continúan en el servicio, mientras que 5.525 ya no se encuentran trabajando. De estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario administrativo a pesar de no estar activos laboralmente. En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante sumarios administrativos. En relación con las investigaciones en curso, la Dipres informó que 25.352 sumarios han sido instruidos, de los cuales 21.098 aún están en proceso. Por otro lado, 4.254 personas han concluido sus procesos con resolución y cuentan con la aprobación del jefe superior del servicio. Dentro de este grupo, 2.711 funcionarios tienen sus casos pendientes de cierre o ejecución de medidas disciplinarias, incluidas aquellas impugnadas por el funcionario. Además, se detalla que 1.543 funcionarios han finalizado sus procesos con resoluciones ejecutoriadas: 577 fueron absueltos o sobreseídos sin sanción; 262 fueron destituidos; 584 recibieron la medida disciplinaria de censura; 65 fueron suspendidos en el empleo; y a 55 se les impuso una multa como medida disciplinaria. Es importante destacar que los casos cerrados sin sanción presentan diversas situaciones que deben ser certificadas durante la etapa investigativa y cuentan con la revisión de la CGR para su validación. Fuente: CNN Chile País
Un millonario fraude al sistema de salud pública quedó al descubierto tras la detención de seis médicos extranjeros, todos con situación migratoria regular, y un séptimo imputado que no ejerce la medicina, acusados de integrar una red dedicada a la emisión de licencias médicas fraudulentas que provocó un perjuicio cercano a los $21 mil millones a Fonasa. Según informó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la organización creó al menos tres supuestos centros médicos que, en la práctica, no existían físicamente. Estas entidades funcionaban como empresas de fachada para justificar la emisión de licencias médicas electrónicas sin respaldo clínico real. “El mecanismo consistía en la constitución de sociedades y centros médicos que servían de soporte jurídico para emitir licencias fraudulentas. No había un lugar físico donde se desarrollaran atenciones médicas”, explicó el fiscal Álvaro Pérez. Agregó que médicos extranjeros eran incorporados a estos centros y enrolados en los sistemas electrónicos para emitir licencias sin fundamento médico. De acuerdo con los antecedentes, un médico puede emitir en promedio cerca de 170 licencias médicas al año. Sin embargo, en este caso se detectó que algunos profesionales superaban las 700 licencias en un par de años, lo que encendió las alertas de los organismos fiscalizadores. Cerca del 90% de las licencias correspondían a diagnósticos de carácter psiquiátrico, una modalidad que facilitaba la extensión de reposos prolongados. Entre los beneficiarios figuraban funcionarios públicos de diversas reparticiones estatales y municipales, algunos de los cuales habrían utilizado las licencias para viajar al extranjero o asistir a casinos de juego. Durante el operativo, uno de los médicos intentó salir del país para eludir la acción de la justicia, pero fue detenido antes de concretar su fuga. En total, aún restan tres personas por capturar. La Fiscalía solicitó audiencia de formalización para los detenidos, instancia en la que se detallarán los delitos imputados y las penas que arriesgan. Además, no se descarta la existencia de otros involucrados, ya que se investiga si hubo contactos destinados a captar a los supuestos “pacientes” que accedían a las licencias irregulares. Fuente: ADN Radio Nacional
Según un comunicado emitido por un organismo no identificado, se ha revelado que un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas por las instituciones del Gobierno Central durante un período determinado. Esta información fue proporcionada a cada institución por la Contraloría General de la República (CGR), y afecta a 29.270 funcionarios públicos. Un informe de la Dirección de Presupuesto señala que, de los 29 mil funcionarios involucrados en el mal uso de licencias médicas, solo 262 han sido despedidos. De acuerdo con el comunicado mencionado anteriormente, 23.745 funcionarios continúan en el servicio, mientras que 5.525 ya no se encuentran trabajando. De estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario administrativo a pesar de no estar activos laboralmente. En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante sumarios administrativos. En relación con las investigaciones en curso, la Dipres informó que 25.352 sumarios han sido instruidos, de los cuales 21.098 aún están en proceso. Por otro lado, 4.254 personas han concluido sus procesos con resolución y cuentan con la aprobación del jefe superior del servicio. Dentro de este grupo, 2.711 funcionarios tienen sus casos pendientes de cierre o ejecución de medidas disciplinarias, incluidas aquellas impugnadas por el funcionario. Además, se detalla que 1.543 funcionarios han finalizado sus procesos con resoluciones ejecutoriadas: 577 fueron absueltos o sobreseídos sin sanción; 262 fueron destituidos; 584 recibieron la medida disciplinaria de censura; 65 fueron suspendidos en el empleo; y a 55 se les impuso una multa como medida disciplinaria. Es importante destacar que los casos cerrados sin sanción presentan diversas situaciones que deben ser certificadas durante la etapa investigativa y cuentan con la revisión de la CGR para su validación. Fuente: CNN Chile País
Un millonario fraude al sistema de salud pública quedó al descubierto tras la detención de seis médicos extranjeros, todos con situación migratoria regular, y un séptimo imputado que no ejerce la medicina, acusados de integrar una red dedicada a la emisión de licencias médicas fraudulentas que provocó un perjuicio cercano a los $21 mil millones a Fonasa. Según informó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la organización creó al menos tres supuestos centros médicos que, en la práctica, no existían físicamente. Estas entidades funcionaban como empresas de fachada para justificar la emisión de licencias médicas electrónicas sin respaldo clínico real. “El mecanismo consistía en la constitución de sociedades y centros médicos que servían de soporte jurídico para emitir licencias fraudulentas. No había un lugar físico donde se desarrollaran atenciones médicas”, explicó el fiscal Álvaro Pérez. Agregó que médicos extranjeros eran incorporados a estos centros y enrolados en los sistemas electrónicos para emitir licencias sin fundamento médico. De acuerdo con los antecedentes, un médico puede emitir en promedio cerca de 170 licencias médicas al año. Sin embargo, en este caso se detectó que algunos profesionales superaban las 700 licencias en un par de años, lo que encendió las alertas de los organismos fiscalizadores. Cerca del 90% de las licencias correspondían a diagnósticos de carácter psiquiátrico, una modalidad que facilitaba la extensión de reposos prolongados. Entre los beneficiarios figuraban funcionarios públicos de diversas reparticiones estatales y municipales, algunos de los cuales habrían utilizado las licencias para viajar al extranjero o asistir a casinos de juego. Durante el operativo, uno de los médicos intentó salir del país para eludir la acción de la justicia, pero fue detenido antes de concretar su fuga. En total, aún restan tres personas por capturar. La Fiscalía solicitó audiencia de formalización para los detenidos, instancia en la que se detallarán los delitos imputados y las penas que arriesgan. Además, no se descarta la existencia de otros involucrados, ya que se investiga si hubo contactos destinados a captar a los supuestos “pacientes” que accedían a las licencias irregulares. Fuente: ADN Radio Nacional
