En una votación marcada por el debate entre inclusión y sanción, la Cámara de Diputados aprobó este lunes un proyecto de reforma del voto obligatorio que excluye a inmigrantes del sistema de multas. La iniciativa —que aplica a ciudadanos chilenos— fue respaldada por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, y quedó en manos de la Comisión de Gobierno Interior para su revisión y redacción final Contexto legislativo: Reconstrucción del voto obligatorio, de carácter constitucional desde 2023, que requiere una ley orgánica para regular sanciones. Hasta ahora, no existía una normativa con montos ni procedimientos concretos . El Senado despachó previamente un proyecto que imponía multas de 0,5 a 5 UTM (aproximadamente entre 34.000 y 340.000 pesos), sin discriminación entre nacionales y extranjeros. El Ejecutivo, liderado por el presidente Boric, presentó indicaciones para exceptuar del pago de multas a quienes figuran en el padrón electoral de extranjeros, además de reimponer restricciones al sufragio migrante en elecciones presidenciales y parlamentarias. En marzo, la Comisión del Senado declaró inadmisibles las indicaciones que limitaban el voto extranjero solo a comicios municipales, dejando sin efecto intentos de restringir su participación. ¿Qué implica excluir a inmigrantes? Los extranjeros avecindados más de 5 años y registrados en el padrón electoral podrán votar, pero no recibirán sanción económica si deciden abstenerse. Por el contrario, los chilenos continuarán sujetos a multas que, en su fase actual, van desde 33.000 hasta 210.000 pesos (equivalente a 0,5 a 3 UTM). Producto del actual debate previo a las elecciones Parlamentarias y Presidenciales de noviembre del presente año, se pueden apreciar reacciones encontradas Oficialismo y gobierno Las indicaciones del Ejecutivo fueron criticadas por la oposición dentro del oficialismo, algunos sectores las consideran discriminatorias. Grupos de migrantes han manifestado decepción y califican las exclusiones como un doble estándar que desmotiva su participación política Oposición política Diputados como Joanna Pérez (Demócratas) y José Miguel Castro (RN) defienden la iniciativa, alegando que aplicar sanciones a inmigrantes equivaldría a tratar de forma desigual a los chilenos. Desde la derecha, se argumenta que los migrantes no deben influir en elecciones centrales (presidenciales o parlamentarias) y se cuestiona la legitimidad de carecer de multas . Qué sigue El proyecto vuelve a Comisión para afinar montos, exenciones y posibles sanciones por reincidencia. Queda pendiente el debate sobre si se aplicará una sanción agravada en caso de repetidos incumplimientos, como ya había sido considerado por el Senado. Está abierto el crucial debate sobre si el Ejecutivo insistirá en vetos, como ha sucedido en etapas previas de esta reforma. En resumen la reforma mantiene multas obligatorias para ciudadanos chilenos que no voten, pero levanta la sanción a inmigrantes habilitados, generando controversia en el Congreso y entre la sociedad. El verdadero equilibrio entre inclusión democrática y responsabilidad cívica sigue en discusión.
En una votación marcada por el debate entre inclusión y sanción, la Cámara de Diputados aprobó este lunes un proyecto de reforma del voto obligatorio que excluye a inmigrantes del sistema de multas. La iniciativa —que aplica a ciudadanos chilenos— fue respaldada por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, y quedó en manos de la Comisión de Gobierno Interior para su revisión y redacción final Contexto legislativo: Reconstrucción del voto obligatorio, de carácter constitucional desde 2023, que requiere una ley orgánica para regular sanciones. Hasta ahora, no existía una normativa con montos ni procedimientos concretos . El Senado despachó previamente un proyecto que imponía multas de 0,5 a 5 UTM (aproximadamente entre 34.000 y 340.000 pesos), sin discriminación entre nacionales y extranjeros. El Ejecutivo, liderado por el presidente Boric, presentó indicaciones para exceptuar del pago de multas a quienes figuran en el padrón electoral de extranjeros, además de reimponer restricciones al sufragio migrante en elecciones presidenciales y parlamentarias. En marzo, la Comisión del Senado declaró inadmisibles las indicaciones que limitaban el voto extranjero solo a comicios municipales, dejando sin efecto intentos de restringir su participación. ¿Qué implica excluir a inmigrantes? Los extranjeros avecindados más de 5 años y registrados en el padrón electoral podrán votar, pero no recibirán sanción económica si deciden abstenerse. Por el contrario, los chilenos continuarán sujetos a multas que, en su fase actual, van desde 33.000 hasta 210.000 pesos (equivalente a 0,5 a 3 UTM). Producto del actual debate previo a las elecciones Parlamentarias y Presidenciales de noviembre del presente año, se pueden apreciar reacciones encontradas Oficialismo y gobierno Las indicaciones del Ejecutivo fueron criticadas por la oposición dentro del oficialismo, algunos sectores las consideran discriminatorias. Grupos de migrantes han manifestado decepción y califican las exclusiones como un doble estándar que desmotiva su participación política Oposición política Diputados como Joanna Pérez (Demócratas) y José Miguel Castro (RN) defienden la iniciativa, alegando que aplicar sanciones a inmigrantes equivaldría a tratar de forma desigual a los chilenos. Desde la derecha, se argumenta que los migrantes no deben influir en elecciones centrales (presidenciales o parlamentarias) y se cuestiona la legitimidad de carecer de multas . Qué sigue El proyecto vuelve a Comisión para afinar montos, exenciones y posibles sanciones por reincidencia. Queda pendiente el debate sobre si se aplicará una sanción agravada en caso de repetidos incumplimientos, como ya había sido considerado por el Senado. Está abierto el crucial debate sobre si el Ejecutivo insistirá en vetos, como ha sucedido en etapas previas de esta reforma. En resumen la reforma mantiene multas obligatorias para ciudadanos chilenos que no voten, pero levanta la sanción a inmigrantes habilitados, generando controversia en el Congreso y entre la sociedad. El verdadero equilibrio entre inclusión democrática y responsabilidad cívica sigue en discusión.
