Una compleja crisis interna estaría afectando al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por la ministra Judith Marín, en medio de acusaciones de malos tratos, amenazas de despidos y tensiones políticas entre el Partido Social Cristiano y Renovación Nacional. Así lo reveló un reportaje publicado por The Clinic, que describe el ambiente al interior de la cartera como una “olla a presión”. Según el medio, la ministra habría advertido a funcionarios sobre un proceso interno de evaluación que podría derivar en desvinculaciones tras su regreso de un viaje a Washington. Esto habría incrementado la preocupación entre trabajadores, quienes además denuncian un clima laboral deteriorado y una fuerte descoordinación con la subsecretaria Daniela Castro, militante de RN. Incluso, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, Marín habría hecho referencias despectivas hacia Chile Vamos, calificándolo como la “derechita cobarde”, situación que el ministerio evitó comentar. El reportaje también apunta a cuestionamientos por la contratación de asesores cercanos al Partido Social Cristiano, varios de ellos sin experiencia en gestión pública y, en algunos casos, sin título profesional. Entre los nombres mencionados aparece Allison Ossandón, community manager de 25 años ligada al PSC, además de Tatiana de León y Michel Cartes, ambos asesores cercanos a la ministra. A ello se suma la polémica por la salida de funcionarios del área de comunicaciones y las críticas cruzadas entre equipos de la ministra y la subsecretaría. Desde el ministerio respondieron al portal requerido que la prioridad de Judith Marín está puesta en avanzar en la agenda de la cartera y descartaron la existencia de denuncias formales por malos tratos. Sin embargo, el escenario ha generado inquietud en sectores del oficialismo y en Renovación Nacional, especialmente cuando La Moneda busca mostrar resultados concretos de gestión antes de los primeros 100 días de gobierno del Presidente José Antonio Kast. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “ no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado. “ Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando. El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa. “Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo. Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad. Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast llevó a cabo la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el Estadio Nacional, destacando su importancia para ordenar la casa del fútbol chileno y recuperar su esencia familiar. En su discurso, el Mandatario hizo referencia a sus vivencias personales, al periodismo deportivo y realizó un llamado contundente a erradicar la violencia en los estadios. El fútbol no solamente es un deporte es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que debe unir y no dividir, expresó. El Presidente Kast afirmó que la nueva normativa contribuirá a transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la supervisión financiera. Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí, señaló al destacar el fin de la multipropiedad que introduce la reforma. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. Me tocó llevar a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar, compartió. En el evento, el jefe de Estado instó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que los grandes clubes merecen contar con estadios propios. Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’ Esto debe ser una política de Estado, enfatizó. La ley, que fue aprobada luego de más de una década de proceso legislativo, incluye medidas como la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores requisitos de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes. El Presidente resaltó especialmente el papel del senador Matías Walker, quien ha sido un impulsor histórico de esta iniciativa. Además, aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
Una compleja crisis interna estaría afectando al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por la ministra Judith Marín, en medio de acusaciones de malos tratos, amenazas de despidos y tensiones políticas entre el Partido Social Cristiano y Renovación Nacional. Así lo reveló un reportaje publicado por The Clinic, que describe el ambiente al interior de la cartera como una “olla a presión”. Según el medio, la ministra habría advertido a funcionarios sobre un proceso interno de evaluación que podría derivar en desvinculaciones tras su regreso de un viaje a Washington. Esto habría incrementado la preocupación entre trabajadores, quienes además denuncian un clima laboral deteriorado y una fuerte descoordinación con la subsecretaria Daniela Castro, militante de RN. Incluso, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, Marín habría hecho referencias despectivas hacia Chile Vamos, calificándolo como la “derechita cobarde”, situación que el ministerio evitó comentar. El reportaje también apunta a cuestionamientos por la contratación de asesores cercanos al Partido Social Cristiano, varios de ellos sin experiencia en gestión pública y, en algunos casos, sin título profesional. Entre los nombres mencionados aparece Allison Ossandón, community manager de 25 años ligada al PSC, además de Tatiana de León y Michel Cartes, ambos asesores cercanos a la ministra. A ello se suma la polémica por la salida de funcionarios del área de comunicaciones y las críticas cruzadas entre equipos de la ministra y la subsecretaría. Desde el ministerio respondieron al portal requerido que la prioridad de Judith Marín está puesta en avanzar en la agenda de la cartera y descartaron la existencia de denuncias formales por malos tratos. Sin embargo, el escenario ha generado inquietud en sectores del oficialismo y en Renovación Nacional, especialmente cuando La Moneda busca mostrar resultados concretos de gestión antes de los primeros 100 días de gobierno del Presidente José Antonio Kast. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “ no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado. “ Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando. El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa. “Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo. Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad. Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast llevó a cabo la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el Estadio Nacional, destacando su importancia para ordenar la casa del fútbol chileno y recuperar su esencia familiar. En su discurso, el Mandatario hizo referencia a sus vivencias personales, al periodismo deportivo y realizó un llamado contundente a erradicar la violencia en los estadios. El fútbol no solamente es un deporte es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que debe unir y no dividir, expresó. El Presidente Kast afirmó que la nueva normativa contribuirá a transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la supervisión financiera. Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí, señaló al destacar el fin de la multipropiedad que introduce la reforma. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. Me tocó llevar a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar, compartió. En el evento, el jefe de Estado instó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que los grandes clubes merecen contar con estadios propios. Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’ Esto debe ser una política de Estado, enfatizó. La ley, que fue aprobada luego de más de una década de proceso legislativo, incluye medidas como la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores requisitos de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes. El Presidente resaltó especialmente el papel del senador Matías Walker, quien ha sido un impulsor histórico de esta iniciativa. Además, aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
