El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a una eventual “pausa” en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunas comunas del país, en medio de crecientes cuestionamientos al modelo y tras reunirse con cerca de 70 alcaldes. En entrevista con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado explicó que la cartera está evaluando distintos escenarios para revisar el funcionamiento del sistema antes de continuar con nuevos traspasos de establecimientos municipales. “Lo que importa es el bienestar de los niños”, sostuvo la titular del Mineduc, enfatizando que existen realidades muy distintas entre municipios y que no todas las comunas enfrentan los mismos problemas. Según indicó, algunos municipios han mantenido buenos resultados educativos e incluso destinan recursos propios para sostener sus escuelas. La ministra reconoció que la actual legislación fija el año 2030 como plazo para completar el traspaso total a los SLEP, pero admitió que el Ejecutivo estudia cambios legales que permitan flexibilizar el proceso. “ Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir”, afirmó. En ese contexto, Arzola señaló que se analiza la posibilidad de postergar el ingreso de ciertas comunas al nuevo sistema mientras se revisan mejoras estructurales. “Puede ser que ciertos municipios puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó. La autoridad también reconoció dificultades en el funcionamiento de algunos SLEP, apuntando a problemas de burocracia y lentitud administrativa. La integrante del Gobierno afirmó que la burocracia está asfixiando la educación en Chile, asegurando que el objetivo es transformar al ministerio en un “ facilitador ” para las escuelas y no en un obstáculo. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha dado a conocer los resultados de un amplio operativo policial llevado a cabo los días 6 y 7 de mayo en siete regiones del país, que resultó en la detención de un total de 459 personas y más de 8.500 controles preventivos. Este despliegue abarcó nueve ciudades, incluyendo Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha asegurado que este tipo de acciones se mantendrán durante la actual administración. Según sus palabras: “Vamos a recuperar nuestro territorio, eje central de la política y el plan establecido por el Presidente Kast”. De acuerdo al balance consolidado de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el operativo arrojó un total de 1.007 personas fiscalizadas, 223 extranjeros denunciados, 47 vehículos retirados, siete armas incautadas, 28 municiones, y más de nueve kilos de droga decomisada. En total, participaron en el operativo un total de 1.675 funcionarios. Luego, la secretaria de Estado explicó que estos procedimientos responden a una planificación previa. En sus palabras: “Se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”. Steinert, además, subrayó la intención del Ejecutivo de mantener este tipo de intervenciones en el tiempo. Enfatizó:Vamos a continuar. No vamos a parar hasta devolver la seguridad a nuestro país. Por otro lado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que los detenidos están relacionados con delitos de mayor connotación social. También informó que el 75% de los capturados quedaron en prisión preventiva o fueron sometidos al respectivo control de detención. Son detenidos que están relacionados con los delitos de mayor connotación social, que es precisamente lo que se requiere, afirmó Araya, destacando además el volumen de controles de identidad y vehiculares realizados en distintos horarios y comunas. Mientras tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, resaltó la coordinación interinstitucional. Expresó:Ha sido un trabajo conjunto, que se ha mantenido en el tiempo, de articulación, coordinación, cooperación, y que seguirá así en adelante. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast respaldó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que, si el proyecto de Reconstrucción Nacional no avanza en el Congreso, el Gobierno continuará impulsando su agenda económica a través de otras herramientas administrativas, incluidos decretos. Fue en un seminario organizado por Clapes UC cuando el secretario de Estado sostuvo: “A mí me preguntaron: ¿Qué pasa si no se aprueba la ley? Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque existe la gestión y también están los decretos ”. Al respecto, en medio de su viaje oficial a Costa Rica, el jefe de Estado no descartó impulsar decretos si la iniciativa no logra los apoyos necesarios en el Congreso. “Si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando ”, partió diciendo. Luego añadió: “Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a Llevar al Poder Legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así”. “Hay situaciones donde el gobierno puede tomar Ciertas determinaciones por decreto ”, indicó el Presidente José Antonio Kast. Finalmente, remarcó que “hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno, están los decretos . Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a una eventual “pausa” en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunas comunas del país, en medio de crecientes cuestionamientos al modelo y tras reunirse con cerca de 70 alcaldes. En entrevista con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado explicó que la cartera está evaluando distintos escenarios para revisar el funcionamiento del sistema antes de continuar con nuevos traspasos de establecimientos municipales. “Lo que importa es el bienestar de los niños”, sostuvo la titular del Mineduc, enfatizando que existen realidades muy distintas entre municipios y que no todas las comunas enfrentan los mismos problemas. Según indicó, algunos municipios han mantenido buenos resultados educativos e incluso destinan recursos propios para sostener sus escuelas. La ministra reconoció que la actual legislación fija el año 2030 como plazo para completar el traspaso total a los SLEP, pero admitió que el Ejecutivo estudia cambios legales que permitan flexibilizar el proceso. “ Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir”, afirmó. En ese contexto, Arzola señaló que se analiza la posibilidad de postergar el ingreso de ciertas comunas al nuevo sistema mientras se revisan mejoras estructurales. “Puede ser que ciertos municipios puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó. La autoridad también reconoció dificultades en el funcionamiento de algunos SLEP, apuntando a problemas de burocracia y lentitud administrativa. La integrante del Gobierno afirmó que la burocracia está asfixiando la educación en Chile, asegurando que el objetivo es transformar al ministerio en un “ facilitador ” para las escuelas y no en un obstáculo. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha dado a conocer los resultados de un amplio operativo policial llevado a cabo los días 6 y 7 de mayo en siete regiones del país, que resultó en la detención de un total de 459 personas y más de 8.500 controles preventivos. Este despliegue abarcó nueve ciudades, incluyendo Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha asegurado que este tipo de acciones se mantendrán durante la actual administración. Según sus palabras: “Vamos a recuperar nuestro territorio, eje central de la política y el plan establecido por el Presidente Kast”. De acuerdo al balance consolidado de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el operativo arrojó un total de 1.007 personas fiscalizadas, 223 extranjeros denunciados, 47 vehículos retirados, siete armas incautadas, 28 municiones, y más de nueve kilos de droga decomisada. En total, participaron en el operativo un total de 1.675 funcionarios. Luego, la secretaria de Estado explicó que estos procedimientos responden a una planificación previa. En sus palabras: “Se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”. Steinert, además, subrayó la intención del Ejecutivo de mantener este tipo de intervenciones en el tiempo. Enfatizó:Vamos a continuar. No vamos a parar hasta devolver la seguridad a nuestro país. Por otro lado, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que los detenidos están relacionados con delitos de mayor connotación social. También informó que el 75% de los capturados quedaron en prisión preventiva o fueron sometidos al respectivo control de detención. Son detenidos que están relacionados con los delitos de mayor connotación social, que es precisamente lo que se requiere, afirmó Araya, destacando además el volumen de controles de identidad y vehiculares realizados en distintos horarios y comunas. Mientras tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, resaltó la coordinación interinstitucional. Expresó:Ha sido un trabajo conjunto, que se ha mantenido en el tiempo, de articulación, coordinación, cooperación, y que seguirá así en adelante. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast respaldó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que, si el proyecto de Reconstrucción Nacional no avanza en el Congreso, el Gobierno continuará impulsando su agenda económica a través de otras herramientas administrativas, incluidos decretos. Fue en un seminario organizado por Clapes UC cuando el secretario de Estado sostuvo: “A mí me preguntaron: ¿Qué pasa si no se aprueba la ley? Bueno, vamos a seguir gobernando igual porque existe la gestión y también están los decretos ”. Al respecto, en medio de su viaje oficial a Costa Rica, el jefe de Estado no descartó impulsar decretos si la iniciativa no logra los apoyos necesarios en el Congreso. “Si no se aprueba, bueno, los gobiernos siguen gobernando ”, partió diciendo. Luego añadió: “Y hay materias que no requieren ley y efectivamente esas materias que no requieren ley, y no se pasan a llevar las facultades del Parlamento, pueden ser administradas por el gobierno a través de algunos decretos. Siempre y cuando no pasemos a Llevar al Poder Legislativo y nunca intentaríamos hacer algo así”. “Hay situaciones donde el gobierno puede tomar Ciertas determinaciones por decreto ”, indicó el Presidente José Antonio Kast. Finalmente, remarcó que “hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno, están los decretos . Fuente: ADN Radio Nacional
