Este pasado jueves, la Fiscalía de Pudahuel y la Brigada del Crimen Organizado de la PDI llevaron a cabo una operación que resultó en la detención de cinco personas acusadas de tráfico de armas. De manera sorprendente, cuatro de los detenidos son funcionarios activos del Ejército chileno, donde el operativo incluyó la participación de un agente encubierto de la PDI, quien se hizo pasar por un comprador interesado en un lanzacohete modelo AT4 que se ofrecía por la suma de dos millones de pesos. Este letal dispositivo estaba siendo vendido por J.J.S.S., el único civil detenido en la operación. Fue en este punto que se procedió a su detención, y durante el interrogatorio, J.J.S.S. confesó que había adquirido el arma de guerra de C.E.P.D., un funcionario activo del Ejército. Según la versión proporcionada por J.J.S.S., él y C.E.P.D. habían pactado un acuerdo en el que ambos recibirían un millón de pesos por la venta del lanzacohetes. Este testimonio fue suficiente para obtener una orden de registro en la vivienda de C.E.P.D., quien, al momento de su detención, señaló que el lanzacohetes se lo había entregado el teniente E.E.M.A., cuyo domicilio estaba en La Florida. La investigación avanzó aún más, y se identificó que el teniente E.E.M.A. también había proporcionado un dispositivo similar a un cabo primero, J.A.T.B. En consecuencia, las autoridades ingresaron a la vivienda de E.E.M.A. alrededor de las 23:20 horas, donde incautaron una escopeta calibre 16, registrada a nombre de un individuo fallecido en 2022 y sin vínculos familiares conocidos con el teniente. Además, se confiscaron 16 cartuchos calibre 12, 18 cartuchos calibre 16, tres cartuchos calibre 38, ocho cartuchos 556 de calibre de guerra y 24 cartuchos 762 de calibre de guerra. E.E.M.A. admitió durante el interrogatorio que también había entregado un dispositivo similar a un lanzacohetes a una mujer llamada R.V.D.J. en San Miguel. Fuentes cercanas a la institución castrense revelaron que el material que se estaba comercializando ilegalmente era, en realidad, el envase vacío y ya utilizado de un lanzacohetes, es decir, la carcasa de un AT-4, lo cual una vez disparado, no es reutilizable.
Este pasado jueves, la Fiscalía de Pudahuel y la Brigada del Crimen Organizado de la PDI llevaron a cabo una operación que resultó en la detención de cinco personas acusadas de tráfico de armas. De manera sorprendente, cuatro de los detenidos son funcionarios activos del Ejército chileno, donde el operativo incluyó la participación de un agente encubierto de la PDI, quien se hizo pasar por un comprador interesado en un lanzacohete modelo AT4 que se ofrecía por la suma de dos millones de pesos. Este letal dispositivo estaba siendo vendido por J.J.S.S., el único civil detenido en la operación. Fue en este punto que se procedió a su detención, y durante el interrogatorio, J.J.S.S. confesó que había adquirido el arma de guerra de C.E.P.D., un funcionario activo del Ejército. Según la versión proporcionada por J.J.S.S., él y C.E.P.D. habían pactado un acuerdo en el que ambos recibirían un millón de pesos por la venta del lanzacohetes. Este testimonio fue suficiente para obtener una orden de registro en la vivienda de C.E.P.D., quien, al momento de su detención, señaló que el lanzacohetes se lo había entregado el teniente E.E.M.A., cuyo domicilio estaba en La Florida. La investigación avanzó aún más, y se identificó que el teniente E.E.M.A. también había proporcionado un dispositivo similar a un cabo primero, J.A.T.B. En consecuencia, las autoridades ingresaron a la vivienda de E.E.M.A. alrededor de las 23:20 horas, donde incautaron una escopeta calibre 16, registrada a nombre de un individuo fallecido en 2022 y sin vínculos familiares conocidos con el teniente. Además, se confiscaron 16 cartuchos calibre 12, 18 cartuchos calibre 16, tres cartuchos calibre 38, ocho cartuchos 556 de calibre de guerra y 24 cartuchos 762 de calibre de guerra. E.E.M.A. admitió durante el interrogatorio que también había entregado un dispositivo similar a un lanzacohetes a una mujer llamada R.V.D.J. en San Miguel. Fuentes cercanas a la institución castrense revelaron que el material que se estaba comercializando ilegalmente era, en realidad, el envase vacío y ya utilizado de un lanzacohetes, es decir, la carcasa de un AT-4, lo cual una vez disparado, no es reutilizable.
