Chile, 16 de mayo de 2025. La reciente reacción del Frente Amplio ante las investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el caso Convenios —que involucra traspasos de fondos públicos a fundaciones vinculadas a militantes oficialistas — ha mostrado un patrón preocupantemente familiar. El sector que alguna vez prometió renovar la política y desterrar las malas prácticas, hoy parece repetir el libreto que antes criticó con vehemencia: victimización, acusaciones de persecución política, denuncias por filtraciones a la prensa y desacreditación del trabajo de fiscales. Lo mismo ocurrió con la UDI durante el caso Penta, cuando el fiscal Carlos Gajardo destapó una trama de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín. En ese entonces, la estrategia fue clara: desviar la atención, denunciar intenciones políticas detrás de las investigaciones y finalmente, con presión política y mediática, debilitar al equipo persecutor. Lo mismo sucedió con el caso Corpesca, cuando la fiscal Ximena Chong investigó a políticos —como el exsenador Jaime Orpis— por cohecho y fraude al fisco en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca. Ahora, el Frente Amplio parece seguir esa misma senda. A la ya clásica denuncia de “persecución política” se suma una acusación inédita: supuestos actos de espionaje político por parte de la Fiscalía. Una denuncia grave, sin evidencia contundente, que en vez de esclarecer, busca sembrar dudas sobre las instituciones encargadas de fiscalizar el poder. Sobre su posible participación y el uso de estos recursos para su campaña electoral el Presidente de la República Gabriel Boric fue categórico en decir que su opinión era la misma que frente a otros casoshay que dejar que las instituciones funcionen así como también dijono voy a acusar ningún tipo de persecución. Pero este no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de un sector. El caso SQM, que afectó tanto a figuras de derecha como de la antigua Concertación, demostró que el financiamiento ilegal cruzaba todos los colores políticos. En Cabal, el escándalo golpeó al círculo cercano de la expresidenta Michelle Bachelet. En el caso Dominga, se revelaron conflictos de interés vinculados al expresidente Sebastián Piñera. Y más recientemente, el escándalo de los audios de Hermosilla, junto a las denuncias por tratos privilegiados en Fundaciones como Democracia Viva y Pro Cultura, involucran redes políticas, empresariales y operadores judiciales. La estrategia de los partidos, sean del lado que sean, suele ser la misma: cuando el caso afecta a adversarios, se exige justicia; cuando toca a los propios, se recurre a maniobras de distracción, cuestionamiento a las instituciones y victimización. Es un juego peligroso que busca transformar investigaciones por corrupción en disputas ideológicas, desviando el foco de lo verdaderamente importante: los hechos, la evidencia y la rendición de cuentas. Este tipo de actitudes daña gravemente la confianza ciudadana. No se trata de izquierda contra derecha, sino de delito versus estado. Y es fundamental comprender que los fiscales y jueces pueden pueden ser erráticos, pero existen mecanismos institucionales propios de la división de los poderes del estado para corregir abusos: recursos ante jueces de garantía, tribunales superiores y controles administrativos. Lo que no corresponde es que los investigados —desde cualquier sector— usen su poder para intimidar, presionar o desacreditar a quienes cumplen con su labor de fiscalizar. Esto es un dejavu, ya lo habíamos visto, la derecha y la izquierda ya nos enseñaron como, debilitando investigaciones incómodas y blindando a sus figuras clave. Hoy, el Frente Amplio, al recurrir a las mismas estrategias, está traicionando las promesas que lo llevaron al poder. Combatir la corrupción exige coherencia, valentía y compromiso con la verdad. No basta con exigir transparencia ajena; también hay que estar dispuesto a asumir responsabilidades propias. La ciudadanía no necesita más relatos partidistas ni más peleas entre bloques. Necesita instituciones fuertes, justicia imparcial y una clase política que esté a la altura de las exigencias democráticas. Porque, al final del día, la corrupción no distingue ideologías. Pensar que un sector es inherentemente probo y otro intrínsecamente corrupto es una ingenuidad peligrosa que solo beneficia a los sinvergüenzas vengan del bando que vengan y eso incluye a quienes se pintan como independientes. ¿O tenemos que recordar los famosos procesos constituyentes?.
Joaquín Lavín (UDI), pidió justicia para su nuera, Cathy Barriga, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva hace 3 meses, mientras que avanza la investigación en su contra por delitos de corrupción durante su gestión municipal en Maipú. Lee también... Uso de fondos públicos para fines particulares: lo que se sabe de la reformalización de Cathy Barriga Jueves 13 Febrero, 2025 | 09:05 El exalcalde de Las Condes publicó un texto a través de X en el que asegura que existe un “ensañamiento” por parte del Ministerio Público en el caso. Recordemos que ayer (miércoles), la defensa de Barriga acusó lo mismo, calificando como “excesiva” su privación de libertad. “ Digo esto como suegro y abuelo. No tiene sentido, ni es justo, que Cathy, después de haber cumplido un arresto domiciliario total de 10 meses, haya pasado ahora 90 días en la cárcel, sin que exista ninguna razón real para eso”, comenzó escribiendo Lavín. En ese sentido, transparentó la situación de su nieto e hijo de Barriga. “La ausencia de su madre agrava las condiciones de mi nieto Romeo”, indicó. Fuente: BioBioChile
Chile, 16 de mayo de 2025. La reciente reacción del Frente Amplio ante las investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el caso Convenios —que involucra traspasos de fondos públicos a fundaciones vinculadas a militantes oficialistas — ha mostrado un patrón preocupantemente familiar. El sector que alguna vez prometió renovar la política y desterrar las malas prácticas, hoy parece repetir el libreto que antes criticó con vehemencia: victimización, acusaciones de persecución política, denuncias por filtraciones a la prensa y desacreditación del trabajo de fiscales. Lo mismo ocurrió con la UDI durante el caso Penta, cuando el fiscal Carlos Gajardo destapó una trama de financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín. En ese entonces, la estrategia fue clara: desviar la atención, denunciar intenciones políticas detrás de las investigaciones y finalmente, con presión política y mediática, debilitar al equipo persecutor. Lo mismo sucedió con el caso Corpesca, cuando la fiscal Ximena Chong investigó a políticos —como el exsenador Jaime Orpis— por cohecho y fraude al fisco en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca. Ahora, el Frente Amplio parece seguir esa misma senda. A la ya clásica denuncia de “persecución política” se suma una acusación inédita: supuestos actos de espionaje político por parte de la Fiscalía. Una denuncia grave, sin evidencia contundente, que en vez de esclarecer, busca sembrar dudas sobre las instituciones encargadas de fiscalizar el poder. Sobre su posible participación y el uso de estos recursos para su campaña electoral el Presidente de la República Gabriel Boric fue categórico en decir que su opinión era la misma que frente a otros casoshay que dejar que las instituciones funcionen así como también dijono voy a acusar ningún tipo de persecución. Pero este no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de un sector. El caso SQM, que afectó tanto a figuras de derecha como de la antigua Concertación, demostró que el financiamiento ilegal cruzaba todos los colores políticos. En Cabal, el escándalo golpeó al círculo cercano de la expresidenta Michelle Bachelet. En el caso Dominga, se revelaron conflictos de interés vinculados al expresidente Sebastián Piñera. Y más recientemente, el escándalo de los audios de Hermosilla, junto a las denuncias por tratos privilegiados en Fundaciones como Democracia Viva y Pro Cultura, involucran redes políticas, empresariales y operadores judiciales. La estrategia de los partidos, sean del lado que sean, suele ser la misma: cuando el caso afecta a adversarios, se exige justicia; cuando toca a los propios, se recurre a maniobras de distracción, cuestionamiento a las instituciones y victimización. Es un juego peligroso que busca transformar investigaciones por corrupción en disputas ideológicas, desviando el foco de lo verdaderamente importante: los hechos, la evidencia y la rendición de cuentas. Este tipo de actitudes daña gravemente la confianza ciudadana. No se trata de izquierda contra derecha, sino de delito versus estado. Y es fundamental comprender que los fiscales y jueces pueden pueden ser erráticos, pero existen mecanismos institucionales propios de la división de los poderes del estado para corregir abusos: recursos ante jueces de garantía, tribunales superiores y controles administrativos. Lo que no corresponde es que los investigados —desde cualquier sector— usen su poder para intimidar, presionar o desacreditar a quienes cumplen con su labor de fiscalizar. Esto es un dejavu, ya lo habíamos visto, la derecha y la izquierda ya nos enseñaron como, debilitando investigaciones incómodas y blindando a sus figuras clave. Hoy, el Frente Amplio, al recurrir a las mismas estrategias, está traicionando las promesas que lo llevaron al poder. Combatir la corrupción exige coherencia, valentía y compromiso con la verdad. No basta con exigir transparencia ajena; también hay que estar dispuesto a asumir responsabilidades propias. La ciudadanía no necesita más relatos partidistas ni más peleas entre bloques. Necesita instituciones fuertes, justicia imparcial y una clase política que esté a la altura de las exigencias democráticas. Porque, al final del día, la corrupción no distingue ideologías. Pensar que un sector es inherentemente probo y otro intrínsecamente corrupto es una ingenuidad peligrosa que solo beneficia a los sinvergüenzas vengan del bando que vengan y eso incluye a quienes se pintan como independientes. ¿O tenemos que recordar los famosos procesos constituyentes?.
Joaquín Lavín (UDI), pidió justicia para su nuera, Cathy Barriga, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva hace 3 meses, mientras que avanza la investigación en su contra por delitos de corrupción durante su gestión municipal en Maipú. Lee también... Uso de fondos públicos para fines particulares: lo que se sabe de la reformalización de Cathy Barriga Jueves 13 Febrero, 2025 | 09:05 El exalcalde de Las Condes publicó un texto a través de X en el que asegura que existe un “ensañamiento” por parte del Ministerio Público en el caso. Recordemos que ayer (miércoles), la defensa de Barriga acusó lo mismo, calificando como “excesiva” su privación de libertad. “ Digo esto como suegro y abuelo. No tiene sentido, ni es justo, que Cathy, después de haber cumplido un arresto domiciliario total de 10 meses, haya pasado ahora 90 días en la cárcel, sin que exista ninguna razón real para eso”, comenzó escribiendo Lavín. En ese sentido, transparentó la situación de su nieto e hijo de Barriga. “La ausencia de su madre agrava las condiciones de mi nieto Romeo”, indicó. Fuente: BioBioChile
