La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de seis Gobiernos Regionales, como son los de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes y La Araucanía entre enero y septiembre de 2024. La entidad detectó múltiples irregularidades en el Gobierno de nuestra región durante una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2024. Entre ellas, se constató la contratación directa de la empresa Ananda Comunicaciones SpA. por $49.980.000 para un servicio que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. Además, se identificó un trato directo injustificado con la empresa Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672, sin respaldo del valor pagado. También se autorizó la contratación directa de Asesorías Silva y Compañía Limitada por 400 UF para la defensa institucional, de la cual solo se ha recibido un informe de cuatro comprometidos, sin aplicación de multas por retraso. La Contraloría formulará reparos y se instruirán las acciones correspondientes. Toda esta situación genera una sensación de incertidumbre y muchas dudas sobre el uso de recursos públicos en tiempos de campañas políticas, razón por la que la contraloría no descarta iniciar investigaciones en los municipios del país respecto a las alecciones también del 2024.
Angol, 02 de junio de 2025 La Contraloría Regional de La Republica ha instruido agilizar los procesos pendientes que hay en las reparticiones publicas en nuestro país. Uno de esos procesos es el que emitió con fecha 15 de enero de 2025, el Informe Final de Investigación Especial N° 857-2024, en el cual se revelan importantes irregularidades administrativas y financieras en la organización del 38° Festival de Género Folclórico Brotes de Chile 2024, evento realizado en enero de ese mismo año por la Municipalidad de Angol. El documento, de más de 60 páginas, concluye que hubo deficiencias en los controles internos, uso inadecuado de recursos públicos, contrataciones directas sin la debida justificación legal, e incluso una elusión de la aprobación del Concejo Municipal al fraccionar servicios para evitar superar el umbral legal que exige visado del cuerpo colegiado. Una de las observaciones más graves señala que la empresa Punto Ticket SpA operó sin contrato, recaudando ingresos por la venta de entradas al evento sin mecanismos de trazabilidad claros. Además, se detectó un desfase de hasta 141 días en el ingreso de los fondos recaudados a las arcas municipales y una gran cantidad de entradas físicas no vendidas ni disponibles para fiscalización, lo que podría afectar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. La Contraloría también informó en aquel informe que se instruirán sumarios administrativos para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, y exigió al municipio la adopción de medidas correctivas en un plazo de 60 días. Hasta la fecha y a 138 días de este informe, la Municipalidad de Angol no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hallazgos del informe ni sobre las acciones que adoptó o adoptará para abordar las observaciones señaladas por el órgano contralor. Producto de ello tomamos contacto con el departamento de comunicaciones de la Municiplidad de Angol donde la respuesta formal esel municipio no se ha pronunciado porque estan con la arista de finanzas y la arista de control, aún se encuentra en proceso.
Angol, 26 de mayo de 2025 El alcalde de Angol Enrique Neira, anunció una serie de medidas administrativas y legales tras la detección de 69 licencias médicas de funcionarios municipales que habrían viajado al extranjero durante su periodo de reposo, una situación calificada como “grave” por la autoridad comunal.En una declaración pública, el edil explicó que ya se inició el proceso de instrucción de sumarios administrativos individuales para cada caso detectado, subrayando que cada sumario será respaldado por un decreto firmado por él, y que no se tratará de investigaciones sumarias, sino de procesos formales y completos. Medidas anunciadas: Instrucción de sumarios administrativos individuales: Cada funcionario involucrado tendrá un procedimiento específico con su propio decreto. Asignación de fiscales por áreas: Se designarán entre cuatro y seis fiscales para investigar los casos, probablemente distribuidos entre los sectores de Educación, Salud y el Municipio. Denuncia a entidades reguladoras: Se realizará una denuncia formal al COMPIN y a las ISAPRES, quienes tienen la responsabilidad de regular las licencias médicas. Remisión de antecedentes a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado: Ambos organismos recibirán los antecedentes para eventuales acciones judiciales o civiles. Compromiso con la equidad en las sanciones: Se aseguró que las sanciones serán iguales para todos los funcionarios involucrados, sin tratos diferenciados ni privilegios. Posibles sanciones: Las sanciones podrán incluir multas sobre remuneraciones, amonestaciones e incluso destituciones, dependiendo del resultado de los sumarios. Respuesta a Contraloría en cinco días: El Municipio tiene plazo hasta este viernes para entregar todos los antecedentes requeridos por la Contraloría General de la República. El alcalde recalcó que el objetivo principal es actuar con probidad, responsabilidad y transparencia, y que no se tolerará el mal uso de los recursos fiscales. También indicó que la información entregada corresponde exclusivamente a lo solicitado por la Contraloría, pero que en caso de surgir nuevos antecedentes posteriores, el municipio tomará las medidas correspondientes dentro de sus facultades. “Esta es una situación grave, y como tal amerita toda nuestra preocupación. Vamos a aplicar todas las medidas disciplinarias necesarias, sin distinciones”, concluyó el edil.
Angol, 23 de mayo de 2025 Una investigación a nivel nacional realizada por la Contraloría General de la República, ha revelado que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, generando preocupación respecto al uso y fiscalización de estos permisos en el sector público. La información, que involucra a 777 instituciones estatales distintas, también alcanza a funcionarios vinculados directamente a la comuna de Angol, en la región de La Araucanía. Dentro de las instituciones locales más comprometidas se encuentra la Municipalidad de Angol, donde 69 funcionarios habrían viajado al extranjero durante el periodo en que declararon estar incapacitados para trabajar por motivos de salud. Asimismo, en el Hospital de Angol, se identificó a 3 funcionarios en la misma situación. Además de estas entidades, también figuran trabajadores de organismos como: JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) Fundación Integra Instituto de Previsión Social (IPS) Servicio de Protección de la Niñez BancoEstado Gendarmería de Chile Servicio Nacional de Menores (SENAME) Ministerio de Obras Públicas (MOP) Estos casos han reabierto el debate sobre los mecanismos de control en el uso de licencias médicas dentro del aparato público, así como la necesidad de revisar y fortalecer las sanciones en casos de uso indebido. La Contraloría General de la República y otras entidades fiscalizadoras se encuentran recopilando antecedentes y se esperan medidas que apunten a garantizar la correcta utilización de estos beneficios, resguardando la integridad del servicio público y los recursos del Estado.
La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá , exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016). En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones. El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío . El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud. El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio. En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido. En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención. A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente. No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de seis Gobiernos Regionales, como son los de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes y La Araucanía entre enero y septiembre de 2024. La entidad detectó múltiples irregularidades en el Gobierno de nuestra región durante una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2024. Entre ellas, se constató la contratación directa de la empresa Ananda Comunicaciones SpA. por $49.980.000 para un servicio que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. Además, se identificó un trato directo injustificado con la empresa Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672, sin respaldo del valor pagado. También se autorizó la contratación directa de Asesorías Silva y Compañía Limitada por 400 UF para la defensa institucional, de la cual solo se ha recibido un informe de cuatro comprometidos, sin aplicación de multas por retraso. La Contraloría formulará reparos y se instruirán las acciones correspondientes. Toda esta situación genera una sensación de incertidumbre y muchas dudas sobre el uso de recursos públicos en tiempos de campañas políticas, razón por la que la contraloría no descarta iniciar investigaciones en los municipios del país respecto a las alecciones también del 2024.
Angol, 02 de junio de 2025 La Contraloría Regional de La Republica ha instruido agilizar los procesos pendientes que hay en las reparticiones publicas en nuestro país. Uno de esos procesos es el que emitió con fecha 15 de enero de 2025, el Informe Final de Investigación Especial N° 857-2024, en el cual se revelan importantes irregularidades administrativas y financieras en la organización del 38° Festival de Género Folclórico Brotes de Chile 2024, evento realizado en enero de ese mismo año por la Municipalidad de Angol. El documento, de más de 60 páginas, concluye que hubo deficiencias en los controles internos, uso inadecuado de recursos públicos, contrataciones directas sin la debida justificación legal, e incluso una elusión de la aprobación del Concejo Municipal al fraccionar servicios para evitar superar el umbral legal que exige visado del cuerpo colegiado. Una de las observaciones más graves señala que la empresa Punto Ticket SpA operó sin contrato, recaudando ingresos por la venta de entradas al evento sin mecanismos de trazabilidad claros. Además, se detectó un desfase de hasta 141 días en el ingreso de los fondos recaudados a las arcas municipales y una gran cantidad de entradas físicas no vendidas ni disponibles para fiscalización, lo que podría afectar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. La Contraloría también informó en aquel informe que se instruirán sumarios administrativos para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, y exigió al municipio la adopción de medidas correctivas en un plazo de 60 días. Hasta la fecha y a 138 días de este informe, la Municipalidad de Angol no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hallazgos del informe ni sobre las acciones que adoptó o adoptará para abordar las observaciones señaladas por el órgano contralor. Producto de ello tomamos contacto con el departamento de comunicaciones de la Municiplidad de Angol donde la respuesta formal esel municipio no se ha pronunciado porque estan con la arista de finanzas y la arista de control, aún se encuentra en proceso.
Angol, 26 de mayo de 2025 El alcalde de Angol Enrique Neira, anunció una serie de medidas administrativas y legales tras la detección de 69 licencias médicas de funcionarios municipales que habrían viajado al extranjero durante su periodo de reposo, una situación calificada como “grave” por la autoridad comunal.En una declaración pública, el edil explicó que ya se inició el proceso de instrucción de sumarios administrativos individuales para cada caso detectado, subrayando que cada sumario será respaldado por un decreto firmado por él, y que no se tratará de investigaciones sumarias, sino de procesos formales y completos. Medidas anunciadas: Instrucción de sumarios administrativos individuales: Cada funcionario involucrado tendrá un procedimiento específico con su propio decreto. Asignación de fiscales por áreas: Se designarán entre cuatro y seis fiscales para investigar los casos, probablemente distribuidos entre los sectores de Educación, Salud y el Municipio. Denuncia a entidades reguladoras: Se realizará una denuncia formal al COMPIN y a las ISAPRES, quienes tienen la responsabilidad de regular las licencias médicas. Remisión de antecedentes a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado: Ambos organismos recibirán los antecedentes para eventuales acciones judiciales o civiles. Compromiso con la equidad en las sanciones: Se aseguró que las sanciones serán iguales para todos los funcionarios involucrados, sin tratos diferenciados ni privilegios. Posibles sanciones: Las sanciones podrán incluir multas sobre remuneraciones, amonestaciones e incluso destituciones, dependiendo del resultado de los sumarios. Respuesta a Contraloría en cinco días: El Municipio tiene plazo hasta este viernes para entregar todos los antecedentes requeridos por la Contraloría General de la República. El alcalde recalcó que el objetivo principal es actuar con probidad, responsabilidad y transparencia, y que no se tolerará el mal uso de los recursos fiscales. También indicó que la información entregada corresponde exclusivamente a lo solicitado por la Contraloría, pero que en caso de surgir nuevos antecedentes posteriores, el municipio tomará las medidas correspondientes dentro de sus facultades. “Esta es una situación grave, y como tal amerita toda nuestra preocupación. Vamos a aplicar todas las medidas disciplinarias necesarias, sin distinciones”, concluyó el edil.
Angol, 23 de mayo de 2025 Una investigación a nivel nacional realizada por la Contraloría General de la República, ha revelado que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, generando preocupación respecto al uso y fiscalización de estos permisos en el sector público. La información, que involucra a 777 instituciones estatales distintas, también alcanza a funcionarios vinculados directamente a la comuna de Angol, en la región de La Araucanía. Dentro de las instituciones locales más comprometidas se encuentra la Municipalidad de Angol, donde 69 funcionarios habrían viajado al extranjero durante el periodo en que declararon estar incapacitados para trabajar por motivos de salud. Asimismo, en el Hospital de Angol, se identificó a 3 funcionarios en la misma situación. Además de estas entidades, también figuran trabajadores de organismos como: JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) Fundación Integra Instituto de Previsión Social (IPS) Servicio de Protección de la Niñez BancoEstado Gendarmería de Chile Servicio Nacional de Menores (SENAME) Ministerio de Obras Públicas (MOP) Estos casos han reabierto el debate sobre los mecanismos de control en el uso de licencias médicas dentro del aparato público, así como la necesidad de revisar y fortalecer las sanciones en casos de uso indebido. La Contraloría General de la República y otras entidades fiscalizadoras se encuentran recopilando antecedentes y se esperan medidas que apunten a garantizar la correcta utilización de estos beneficios, resguardando la integridad del servicio público y los recursos del Estado.
La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá , exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016). En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones. El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío . El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud. El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio. En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido. En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención. A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente. No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo. Fuente: CNN Chile País
