Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que al menos 1.125 funcionarios públicos de la Región de La Araucanía ingresaron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, esto representa aproximadamente el 7,5% del total nacional (13.286 casos a nivel país).. El hallazgo forma parte de una investigación nacional que detectó irregularidades en el uso de licencias médicas, en la que La Araucanía figura entre las cinco regiones con mayor cantidad de ingresos a casinos, detrás de O’Higgins, Biobío, Valparaíso y Los Lagos. Instituciones involucradas Si bien el informe no detalla por institución en cada región, a nivel nacional las entidades más afectadas fueron: Municipalidades, que concentraron cerca del 30% de los casos. Hospitales y servicios de salud, con cerca del 29%. También se identificaron irregularidades en funcionarios de Junji, Fundación Integra, y Servicios de Salud. Llamado a investigaciones regionalesEl hallazgo ha generado alarma en autoridades locales. Parlamentarios y consejeros regionales han solicitado al Gobierno Regional de La Araucanía y a los servicios públicos involucrados que inicien sumarios administrativos y colaboren con los requerimientos de la Contraloría y del Ministerio Público. El informe completo fue remitido a las autoridades competentes, y se espera que en las próximas semanas se den a conocer medidas correctivas, sanciones administrativas y eventuales acciones penales por parte de los entes públicos directamente afectados.
La Contraloría General de la República (CGR) impartió instrucciones para que los distintitos órganos del Estado y entidades sujetas a la revisión de este organismo de control actualicen sus sistemas de control de asistencia. Lo anterior surge a raíz de la reiterada constatación de debilidades que presentan los sistemas en libros de asistencia u otras formas de registro que utilizan el soporte papel, según dan cuenta múltiples informes de auditoría de la CGR. En efecto, en sus fiscalizaciones, ha observado múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”. Así, la CGR instruye a las entidades públicas a utilizar herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados, que entreguen confiabilidad para el control que deben efectuar las jefaturas, el lugar de desempeño y la actividad del personal. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a los distintos organismos de la Administración del Estado para que informen respecto del o los sistemas de registro de asistencia que utilizan actualmente. En el caso de no contar con métodos tecnológicos o automatizados, objetivos y verificables, deberán comunicar el plazo en el que realizarán su implementación, el que deberá ser a más tardar durante el primer semestre de 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de seis Gobiernos Regionales, como son los de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes y La Araucanía entre enero y septiembre de 2024. La entidad detectó múltiples irregularidades en el Gobierno de nuestra región durante una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2024. Entre ellas, se constató la contratación directa de la empresa Ananda Comunicaciones SpA. por $49.980.000 para un servicio que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. Además, se identificó un trato directo injustificado con la empresa Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672, sin respaldo del valor pagado. También se autorizó la contratación directa de Asesorías Silva y Compañía Limitada por 400 UF para la defensa institucional, de la cual solo se ha recibido un informe de cuatro comprometidos, sin aplicación de multas por retraso. La Contraloría formulará reparos y se instruirán las acciones correspondientes. Toda esta situación genera una sensación de incertidumbre y muchas dudas sobre el uso de recursos públicos en tiempos de campañas políticas, razón por la que la contraloría no descarta iniciar investigaciones en los municipios del país respecto a las alecciones también del 2024.
Angol, 02 de junio de 2025 La Contraloría Regional de La Republica ha instruido agilizar los procesos pendientes que hay en las reparticiones publicas en nuestro país. Uno de esos procesos es el que emitió con fecha 15 de enero de 2025, el Informe Final de Investigación Especial N° 857-2024, en el cual se revelan importantes irregularidades administrativas y financieras en la organización del 38° Festival de Género Folclórico Brotes de Chile 2024, evento realizado en enero de ese mismo año por la Municipalidad de Angol. El documento, de más de 60 páginas, concluye que hubo deficiencias en los controles internos, uso inadecuado de recursos públicos, contrataciones directas sin la debida justificación legal, e incluso una elusión de la aprobación del Concejo Municipal al fraccionar servicios para evitar superar el umbral legal que exige visado del cuerpo colegiado. Una de las observaciones más graves señala que la empresa Punto Ticket SpA operó sin contrato, recaudando ingresos por la venta de entradas al evento sin mecanismos de trazabilidad claros. Además, se detectó un desfase de hasta 141 días en el ingreso de los fondos recaudados a las arcas municipales y una gran cantidad de entradas físicas no vendidas ni disponibles para fiscalización, lo que podría afectar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. La Contraloría también informó en aquel informe que se instruirán sumarios administrativos para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, y exigió al municipio la adopción de medidas correctivas en un plazo de 60 días. Hasta la fecha y a 138 días de este informe, la Municipalidad de Angol no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hallazgos del informe ni sobre las acciones que adoptó o adoptará para abordar las observaciones señaladas por el órgano contralor. Producto de ello tomamos contacto con el departamento de comunicaciones de la Municiplidad de Angol donde la respuesta formal esel municipio no se ha pronunciado porque estan con la arista de finanzas y la arista de control, aún se encuentra en proceso.
Angol, 26 de mayo de 2025 El alcalde de Angol Enrique Neira, anunció una serie de medidas administrativas y legales tras la detección de 69 licencias médicas de funcionarios municipales que habrían viajado al extranjero durante su periodo de reposo, una situación calificada como “grave” por la autoridad comunal.En una declaración pública, el edil explicó que ya se inició el proceso de instrucción de sumarios administrativos individuales para cada caso detectado, subrayando que cada sumario será respaldado por un decreto firmado por él, y que no se tratará de investigaciones sumarias, sino de procesos formales y completos. Medidas anunciadas: Instrucción de sumarios administrativos individuales: Cada funcionario involucrado tendrá un procedimiento específico con su propio decreto. Asignación de fiscales por áreas: Se designarán entre cuatro y seis fiscales para investigar los casos, probablemente distribuidos entre los sectores de Educación, Salud y el Municipio. Denuncia a entidades reguladoras: Se realizará una denuncia formal al COMPIN y a las ISAPRES, quienes tienen la responsabilidad de regular las licencias médicas. Remisión de antecedentes a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado: Ambos organismos recibirán los antecedentes para eventuales acciones judiciales o civiles. Compromiso con la equidad en las sanciones: Se aseguró que las sanciones serán iguales para todos los funcionarios involucrados, sin tratos diferenciados ni privilegios. Posibles sanciones: Las sanciones podrán incluir multas sobre remuneraciones, amonestaciones e incluso destituciones, dependiendo del resultado de los sumarios. Respuesta a Contraloría en cinco días: El Municipio tiene plazo hasta este viernes para entregar todos los antecedentes requeridos por la Contraloría General de la República. El alcalde recalcó que el objetivo principal es actuar con probidad, responsabilidad y transparencia, y que no se tolerará el mal uso de los recursos fiscales. También indicó que la información entregada corresponde exclusivamente a lo solicitado por la Contraloría, pero que en caso de surgir nuevos antecedentes posteriores, el municipio tomará las medidas correspondientes dentro de sus facultades. “Esta es una situación grave, y como tal amerita toda nuestra preocupación. Vamos a aplicar todas las medidas disciplinarias necesarias, sin distinciones”, concluyó el edil.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que al menos 1.125 funcionarios públicos de la Región de La Araucanía ingresaron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, esto representa aproximadamente el 7,5% del total nacional (13.286 casos a nivel país).. El hallazgo forma parte de una investigación nacional que detectó irregularidades en el uso de licencias médicas, en la que La Araucanía figura entre las cinco regiones con mayor cantidad de ingresos a casinos, detrás de O’Higgins, Biobío, Valparaíso y Los Lagos. Instituciones involucradas Si bien el informe no detalla por institución en cada región, a nivel nacional las entidades más afectadas fueron: Municipalidades, que concentraron cerca del 30% de los casos. Hospitales y servicios de salud, con cerca del 29%. También se identificaron irregularidades en funcionarios de Junji, Fundación Integra, y Servicios de Salud. Llamado a investigaciones regionalesEl hallazgo ha generado alarma en autoridades locales. Parlamentarios y consejeros regionales han solicitado al Gobierno Regional de La Araucanía y a los servicios públicos involucrados que inicien sumarios administrativos y colaboren con los requerimientos de la Contraloría y del Ministerio Público. El informe completo fue remitido a las autoridades competentes, y se espera que en las próximas semanas se den a conocer medidas correctivas, sanciones administrativas y eventuales acciones penales por parte de los entes públicos directamente afectados.
La Contraloría General de la República (CGR) impartió instrucciones para que los distintitos órganos del Estado y entidades sujetas a la revisión de este organismo de control actualicen sus sistemas de control de asistencia. Lo anterior surge a raíz de la reiterada constatación de debilidades que presentan los sistemas en libros de asistencia u otras formas de registro que utilizan el soporte papel, según dan cuenta múltiples informes de auditoría de la CGR. En efecto, en sus fiscalizaciones, ha observado múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”. Así, la CGR instruye a las entidades públicas a utilizar herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados, que entreguen confiabilidad para el control que deben efectuar las jefaturas, el lugar de desempeño y la actividad del personal. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a los distintos organismos de la Administración del Estado para que informen respecto del o los sistemas de registro de asistencia que utilizan actualmente. En el caso de no contar con métodos tecnológicos o automatizados, objetivos y verificables, deberán comunicar el plazo en el que realizarán su implementación, el que deberá ser a más tardar durante el primer semestre de 2026.
La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado una serie de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de seis Gobiernos Regionales, como son los de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, Los Ríos y Magallanes y La Araucanía entre enero y septiembre de 2024. La entidad detectó múltiples irregularidades en el Gobierno de nuestra región durante una auditoría realizada entre enero y septiembre de 2024. Entre ellas, se constató la contratación directa de la empresa Ananda Comunicaciones SpA. por $49.980.000 para un servicio que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional, lo que vulnera el principio de probidad. Además, se identificó un trato directo injustificado con la empresa Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672, sin respaldo del valor pagado. También se autorizó la contratación directa de Asesorías Silva y Compañía Limitada por 400 UF para la defensa institucional, de la cual solo se ha recibido un informe de cuatro comprometidos, sin aplicación de multas por retraso. La Contraloría formulará reparos y se instruirán las acciones correspondientes. Toda esta situación genera una sensación de incertidumbre y muchas dudas sobre el uso de recursos públicos en tiempos de campañas políticas, razón por la que la contraloría no descarta iniciar investigaciones en los municipios del país respecto a las alecciones también del 2024.
Angol, 02 de junio de 2025 La Contraloría Regional de La Republica ha instruido agilizar los procesos pendientes que hay en las reparticiones publicas en nuestro país. Uno de esos procesos es el que emitió con fecha 15 de enero de 2025, el Informe Final de Investigación Especial N° 857-2024, en el cual se revelan importantes irregularidades administrativas y financieras en la organización del 38° Festival de Género Folclórico Brotes de Chile 2024, evento realizado en enero de ese mismo año por la Municipalidad de Angol. El documento, de más de 60 páginas, concluye que hubo deficiencias en los controles internos, uso inadecuado de recursos públicos, contrataciones directas sin la debida justificación legal, e incluso una elusión de la aprobación del Concejo Municipal al fraccionar servicios para evitar superar el umbral legal que exige visado del cuerpo colegiado. Una de las observaciones más graves señala que la empresa Punto Ticket SpA operó sin contrato, recaudando ingresos por la venta de entradas al evento sin mecanismos de trazabilidad claros. Además, se detectó un desfase de hasta 141 días en el ingreso de los fondos recaudados a las arcas municipales y una gran cantidad de entradas físicas no vendidas ni disponibles para fiscalización, lo que podría afectar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. La Contraloría también informó en aquel informe que se instruirán sumarios administrativos para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, y exigió al municipio la adopción de medidas correctivas en un plazo de 60 días. Hasta la fecha y a 138 días de este informe, la Municipalidad de Angol no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hallazgos del informe ni sobre las acciones que adoptó o adoptará para abordar las observaciones señaladas por el órgano contralor. Producto de ello tomamos contacto con el departamento de comunicaciones de la Municiplidad de Angol donde la respuesta formal esel municipio no se ha pronunciado porque estan con la arista de finanzas y la arista de control, aún se encuentra en proceso.
Angol, 26 de mayo de 2025 El alcalde de Angol Enrique Neira, anunció una serie de medidas administrativas y legales tras la detección de 69 licencias médicas de funcionarios municipales que habrían viajado al extranjero durante su periodo de reposo, una situación calificada como “grave” por la autoridad comunal.En una declaración pública, el edil explicó que ya se inició el proceso de instrucción de sumarios administrativos individuales para cada caso detectado, subrayando que cada sumario será respaldado por un decreto firmado por él, y que no se tratará de investigaciones sumarias, sino de procesos formales y completos. Medidas anunciadas: Instrucción de sumarios administrativos individuales: Cada funcionario involucrado tendrá un procedimiento específico con su propio decreto. Asignación de fiscales por áreas: Se designarán entre cuatro y seis fiscales para investigar los casos, probablemente distribuidos entre los sectores de Educación, Salud y el Municipio. Denuncia a entidades reguladoras: Se realizará una denuncia formal al COMPIN y a las ISAPRES, quienes tienen la responsabilidad de regular las licencias médicas. Remisión de antecedentes a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado: Ambos organismos recibirán los antecedentes para eventuales acciones judiciales o civiles. Compromiso con la equidad en las sanciones: Se aseguró que las sanciones serán iguales para todos los funcionarios involucrados, sin tratos diferenciados ni privilegios. Posibles sanciones: Las sanciones podrán incluir multas sobre remuneraciones, amonestaciones e incluso destituciones, dependiendo del resultado de los sumarios. Respuesta a Contraloría en cinco días: El Municipio tiene plazo hasta este viernes para entregar todos los antecedentes requeridos por la Contraloría General de la República. El alcalde recalcó que el objetivo principal es actuar con probidad, responsabilidad y transparencia, y que no se tolerará el mal uso de los recursos fiscales. También indicó que la información entregada corresponde exclusivamente a lo solicitado por la Contraloría, pero que en caso de surgir nuevos antecedentes posteriores, el municipio tomará las medidas correspondientes dentro de sus facultades. “Esta es una situación grave, y como tal amerita toda nuestra preocupación. Vamos a aplicar todas las medidas disciplinarias necesarias, sin distinciones”, concluyó el edil.
