Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que al menos 1.125 funcionarios públicos de la Región de La Araucanía ingresaron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, esto representa aproximadamente el 7,5% del total nacional (13.286 casos a nivel país).. El hallazgo forma parte de una investigación nacional que detectó irregularidades en el uso de licencias médicas, en la que La Araucanía figura entre las cinco regiones con mayor cantidad de ingresos a casinos, detrás de O’Higgins, Biobío, Valparaíso y Los Lagos. Instituciones involucradas Si bien el informe no detalla por institución en cada región, a nivel nacional las entidades más afectadas fueron: Municipalidades, que concentraron cerca del 30% de los casos. Hospitales y servicios de salud, con cerca del 29%. También se identificaron irregularidades en funcionarios de Junji, Fundación Integra, y Servicios de Salud. Llamado a investigaciones regionalesEl hallazgo ha generado alarma en autoridades locales. Parlamentarios y consejeros regionales han solicitado al Gobierno Regional de La Araucanía y a los servicios públicos involucrados que inicien sumarios administrativos y colaboren con los requerimientos de la Contraloría y del Ministerio Público. El informe completo fue remitido a las autoridades competentes, y se espera que en las próximas semanas se den a conocer medidas correctivas, sanciones administrativas y eventuales acciones penales por parte de los entes públicos directamente afectados.
La Contraloría General de la República (CGR) impartió instrucciones para que los distintitos órganos del Estado y entidades sujetas a la revisión de este organismo de control actualicen sus sistemas de control de asistencia. Lo anterior surge a raíz de la reiterada constatación de debilidades que presentan los sistemas en libros de asistencia u otras formas de registro que utilizan el soporte papel, según dan cuenta múltiples informes de auditoría de la CGR. En efecto, en sus fiscalizaciones, ha observado múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”. Así, la CGR instruye a las entidades públicas a utilizar herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados, que entreguen confiabilidad para el control que deben efectuar las jefaturas, el lugar de desempeño y la actividad del personal. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a los distintos organismos de la Administración del Estado para que informen respecto del o los sistemas de registro de asistencia que utilizan actualmente. En el caso de no contar con métodos tecnológicos o automatizados, objetivos y verificables, deberán comunicar el plazo en el que realizarán su implementación, el que deberá ser a más tardar durante el primer semestre de 2026.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que al menos 1.125 funcionarios públicos de la Región de La Araucanía ingresaron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024, esto representa aproximadamente el 7,5% del total nacional (13.286 casos a nivel país).. El hallazgo forma parte de una investigación nacional que detectó irregularidades en el uso de licencias médicas, en la que La Araucanía figura entre las cinco regiones con mayor cantidad de ingresos a casinos, detrás de O’Higgins, Biobío, Valparaíso y Los Lagos. Instituciones involucradas Si bien el informe no detalla por institución en cada región, a nivel nacional las entidades más afectadas fueron: Municipalidades, que concentraron cerca del 30% de los casos. Hospitales y servicios de salud, con cerca del 29%. También se identificaron irregularidades en funcionarios de Junji, Fundación Integra, y Servicios de Salud. Llamado a investigaciones regionalesEl hallazgo ha generado alarma en autoridades locales. Parlamentarios y consejeros regionales han solicitado al Gobierno Regional de La Araucanía y a los servicios públicos involucrados que inicien sumarios administrativos y colaboren con los requerimientos de la Contraloría y del Ministerio Público. El informe completo fue remitido a las autoridades competentes, y se espera que en las próximas semanas se den a conocer medidas correctivas, sanciones administrativas y eventuales acciones penales por parte de los entes públicos directamente afectados.
La Contraloría General de la República (CGR) impartió instrucciones para que los distintitos órganos del Estado y entidades sujetas a la revisión de este organismo de control actualicen sus sistemas de control de asistencia. Lo anterior surge a raíz de la reiterada constatación de debilidades que presentan los sistemas en libros de asistencia u otras formas de registro que utilizan el soporte papel, según dan cuenta múltiples informes de auditoría de la CGR. En efecto, en sus fiscalizaciones, ha observado múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que “no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia”. Así, la CGR instruye a las entidades públicas a utilizar herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea, aplicaciones móviles, entre otros sistemas automatizados, que entreguen confiabilidad para el control que deben efectuar las jefaturas, el lugar de desempeño y la actividad del personal. La Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a los distintos organismos de la Administración del Estado para que informen respecto del o los sistemas de registro de asistencia que utilizan actualmente. En el caso de no contar con métodos tecnológicos o automatizados, objetivos y verificables, deberán comunicar el plazo en el que realizarán su implementación, el que deberá ser a más tardar durante el primer semestre de 2026.
