Este miércoles, el Ejecutivo logró la aprobación completa del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones en la Sala del Senado. Sin embargo, hubo un rechazo en la supresión del número cuatro, que eliminaba la fórmula inicial que imponía únicamente cárcel para las tomas sin violencia. A pesar de que el Senado no logró insistir en reponer lo que decía el proyecto originalmente, el Ejecutivo impuso su posición. Como resultado, la Ley de Usurpaciones quedó establecida en el veto, permitiendo que las tomas sin violencia sean sancionadas a discreción del juez, ya sea con cárcel de presidio menor en su grado mínimo o con una multa de 6 a 10 UTM. En el Senado, el voto de los Demócratas y del Partido Comunista fue clave, ya que se opusieron a algunos elementos d e la ley. Ahora, es importante ver cómo esto se traduce en la Cámara. Una vez que termine la semana distrital, el veto a la Ley de Usurpaciones comenzará su proceso en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, donde será tratado con prioridad a partir del lunes 6 de noviembre. Se espera que en ese momento, rápidamente y dentro de la misma semana, se pueda resolver y despachar el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, que acaba de recibir el respaldo completo de la Sala del Senado, a pesar de la lamentación de la oposición por el resultado final. La oposición ha anunciado que presentará un proyecto una vez que finalice este trámite.
El Senado aprobó el proyecto del Gobierno que busca brindar facilidades a la clase media para la adquisición de viviendas, con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción. Esta iniciativa apoyará a las personas que compren una vivienda con crédito hipotecario, a través de un crédito tributario reembolsable. Esto significa que se rebajará el Impuesto Global Complementario o se otorgará una devolución de hasta 16 UTM ( $1.000.000) por la compra de viviendas nuevas. Con esta medida, se pretende hacer frente a la crisis habitacional que existe en nuestro país. El proyecto fue respaldado por el Senado con 28 votos a favor y 1 abstención. El beneficio se entregará durante cinco años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio por contribuyente ascenderá a $5.000.000. Requisitos para acceder al beneficio: Que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley o, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con recepción final conforme, siempre que respecto de ellas exista un contrato de promesa de compraventa posterior al 16 de octubre de 2023. Que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida se encuentre inscrita a nombre de la persona en el Conservador de Bienes Raíces respectivo antes del 01 de octubre de 2024. Este beneficio será compatible con todos los subsidios para la adquisición de viviendas, así como con el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses hipotecarios de la base imponible del Impuesto Global Complementario. En la Cámara Alta, la senadora Isabel Allende reconoció que la construcción no atraviesa un momento favorable debido a los altos costos, tasas de interés, escasa capacidad de ahorro y endeudamiento, entre otros factores. Sin embargo, valoró el proyecto de ley como una alternativa para ayudar a las familias y reactivar la industria, ya que es compatible con otros beneficios para adquirir vivienda y otros beneficios tributarios. Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma respaldó el proyecto y señaló que, a su parecer, este esfuerzo escompletamente menor en comparación con la falta de crecimiento e inversión en toda la actividad económica. Manifestó su esperanza de que se implemente una agenda de segundo tiempo que permita reactivar Chile, ya que el país se encuentra entre los tres que menos crecen en Latinoamérica. APROBADO✅| Sala del Senado aprobó proyecto que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantía hipotecaria. La iniciativa se envía a la @Camara_cl para que le comunique al Ejecutivo la… pic.twitter.com/N9wFWreeXE — Senado Chile (@Senado_Chile) October 25, 2023
La Cámara Baja aprobó el proyecto liderado por la diputada Natalia Romero, que busca incluir a las relaciones de pololeo dentro de la Ley de Monitoreo Telemático . Esta ley consiste en la instalación de tobilleras electrónicas en todas las personas que sean formalizadas por violencia intrafamiliar. Ahora, solo falta que la iniciativa sea aprobada por el Senado para convertirse en ley y beneficiar a miles de mujeres. La diputada Romero explicó que cuando se creó la Ley de Monitoreo Telemático, se dejó fuera este tipo de relación sentimental, a pesar de ser mucho más común de lo que se cree. Por esta razón, se buscó incluirlo para que los agresores tengan que utilizar tobilleras electrónicas y no puedan acercarse nuevamente a sus víctimas. Además, la diputada explicó que se decidió crear una comisión integrada por Gendarmería de Chile y representantes del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Esta comisión tendrá como objetivo mantener un seguimiento y evaluación constante de los casos de violencia intrafamiliar que reciban. La diputada Romero espera contar con el apoyo del Senado para aprobar este proyecto lo antes posible, así como el respaldo de las autoridades del gobierno para asegurar el financiamiento de esta ley en el Presupuesto 2024.
La Comisión de Salud del Senado comenzó a analizar este martes la propuesta del comité técnico asesor para solucionar la crisis de las isapres, en la que establece una considerable rebaja del monto que deben devolver las aseguradoras privadas en un plazo de 10 años. Según el documento de 150 páginas, los expertos rebajaron la estimación de la Superintendencia de Salud, la cual originalmente llegaba a los $1.400 millones de dólares de devolución. El comité técnico calculó que el monto es de unos 402.341 millones de pesos, es decir, 451 millones de dólares aproximadamente. En cuanto al período que la ley debiera contemplar para hacer las devoluciones a los afiliados por parte de las isapres, los 16 expertos propusieron que la norma determine un plazo de diez años para la devolución de estos excedentes, a fin de evitar los riesgos de incumplimiento y quiebra. Con estas estimaciones, las isapres deberán destinar cerca de US$45 millones anuales por los próximos diez años únicamente a saldar la deuda derivada del fallo de la Corte Suprema. Durante este período con deuda vigente, las isapres no podrían hacer retiro de utilidades, según establece la propuesta del Ejecutivo. La Comisión acordó recomendar tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo avanzar de manera urgente en un trabajo técnico y político que permita el diseño y aprobación de cambios sustantivos a nuestro sistema de salud, los cuales sean materializados con la mayor urgencia posible, concluye el informe. Se espera que esta propuesta sirva como guía para las indicaciones que el Gobierno planea ingresar a la ley corta de isapres, con el objetivo de avanzar rápidamente en la tramitación durante los seis meses de plazo otorgados por la Corte Suprema por segunda vez. Cabe destacar que el viernes 29 de septiembre pasado, el superintendente de Salud, Víctor Torres, ingresó a la Corte Suprema una nueva solicitud de prórroga adicional de 6 meses para la implementación del fallo sobre tabla de factores, lo que fue concedido por el máximo tribunal. En tanto, el martes pasado la Comisión de Salud del Senado aprobó en votación unánime la idea de legislar sobre la ley corta de Isapres presentada por el Gobierno para hacer factible que las aseguradoras privadas paguen los excedentes cobrados a los usuarios, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.
La Comisión del Trabajo del Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley conocido como Ley Karin, el cual busca sancionar el acoso laboral y modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción de esta práctica. Esta iniciativa surge a raíz del trágico caso de Karin Salgado, una técnico en enfermería que se quitó la vida en 2019 luego de denunciar haber sido víctima de acoso laboral en el hospital Herminda Martin de Chillán. El texto establece el procedimiento que se seguirá para los casos denunciados, así como las medidas de prevención y el acompañamiento psicológico para los denunciantes. También se establecen los resguardos y sanciones correspondientes. Esta ley cuenta con el respaldo del Ejecutivo y ahora deberá ser votada en particular para completar su trámite en el Senado antes de convertirse en ley. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aseguró a BioBioChile que “se dio un paso muy importante (…) y ahora nos queda empezar a verla a partir de la próxima semana en su discusión en particular”.“Esta ley se enmarca dentro de la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación del acoso y la violencia en los espacios laborales, y tiene su origen en un caso muy conmovedor que vivió una TENS de la ciudad de Chillán y que ha dado todo el fundamento para la necesidad de actualizar nuestra legislación con un foco principal en la prevención de este tipo de situaciones”, resaltó. La hermana de Karin Salgado, Claudia Salgado, valoró este importante paso y expresó su confianza en que la Ley Karin sea finalmente aprobada por el Senado. Hizo un llamado a los senadores para que aprueben este proyecto con humanidad, ya que los trabajadores de Chile no pueden seguir esperando. La diputada Érika Olivera, impulsora del proyecto, agradeció a los senadores de la comisión por aprobar en general la iniciativa y a la ministra Jara por el compromiso mostrado. También agradeció a todas las personas y organizaciones que han impulsado este proyecto, como Claudia Salgado y las familias que son el rostro de esta ley. Concluyó afirmando que seguirán trabajando para que este proyecto se convierta pronto en ley. ¡Avanza el proyecto de Ley Karin en el @Senado_Chile! Se aprobó en general el proyecto y ahora se tendrá que votar en particular. Con su aprobación se busca prevenir y sancionar el acoso en el mundo del trabajo, en consonancia con la ratificación Convenio 190 de @OITconosur ✅ pic.twitter.com/IzJDPnGruI — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) October 4, 2023
Este miércoles, el Ejecutivo logró la aprobación completa del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones en la Sala del Senado. Sin embargo, hubo un rechazo en la supresión del número cuatro, que eliminaba la fórmula inicial que imponía únicamente cárcel para las tomas sin violencia. A pesar de que el Senado no logró insistir en reponer lo que decía el proyecto originalmente, el Ejecutivo impuso su posición. Como resultado, la Ley de Usurpaciones quedó establecida en el veto, permitiendo que las tomas sin violencia sean sancionadas a discreción del juez, ya sea con cárcel de presidio menor en su grado mínimo o con una multa de 6 a 10 UTM. En el Senado, el voto de los Demócratas y del Partido Comunista fue clave, ya que se opusieron a algunos elementos d e la ley. Ahora, es importante ver cómo esto se traduce en la Cámara. Una vez que termine la semana distrital, el veto a la Ley de Usurpaciones comenzará su proceso en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, donde será tratado con prioridad a partir del lunes 6 de noviembre. Se espera que en ese momento, rápidamente y dentro de la misma semana, se pueda resolver y despachar el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, que acaba de recibir el respaldo completo de la Sala del Senado, a pesar de la lamentación de la oposición por el resultado final. La oposición ha anunciado que presentará un proyecto una vez que finalice este trámite.
El Senado aprobó el proyecto del Gobierno que busca brindar facilidades a la clase media para la adquisición de viviendas, con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y de la construcción. Esta iniciativa apoyará a las personas que compren una vivienda con crédito hipotecario, a través de un crédito tributario reembolsable. Esto significa que se rebajará el Impuesto Global Complementario o se otorgará una devolución de hasta 16 UTM ( $1.000.000) por la compra de viviendas nuevas. Con esta medida, se pretende hacer frente a la crisis habitacional que existe en nuestro país. El proyecto fue respaldado por el Senado con 28 votos a favor y 1 abstención. El beneficio se entregará durante cinco años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio por contribuyente ascenderá a $5.000.000. Requisitos para acceder al beneficio: Que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley o, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con recepción final conforme, siempre que respecto de ellas exista un contrato de promesa de compraventa posterior al 16 de octubre de 2023. Que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida se encuentre inscrita a nombre de la persona en el Conservador de Bienes Raíces respectivo antes del 01 de octubre de 2024. Este beneficio será compatible con todos los subsidios para la adquisición de viviendas, así como con el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses hipotecarios de la base imponible del Impuesto Global Complementario. En la Cámara Alta, la senadora Isabel Allende reconoció que la construcción no atraviesa un momento favorable debido a los altos costos, tasas de interés, escasa capacidad de ahorro y endeudamiento, entre otros factores. Sin embargo, valoró el proyecto de ley como una alternativa para ayudar a las familias y reactivar la industria, ya que es compatible con otros beneficios para adquirir vivienda y otros beneficios tributarios. Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma respaldó el proyecto y señaló que, a su parecer, este esfuerzo escompletamente menor en comparación con la falta de crecimiento e inversión en toda la actividad económica. Manifestó su esperanza de que se implemente una agenda de segundo tiempo que permita reactivar Chile, ya que el país se encuentra entre los tres que menos crecen en Latinoamérica. APROBADO✅| Sala del Senado aprobó proyecto que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantía hipotecaria. La iniciativa se envía a la @Camara_cl para que le comunique al Ejecutivo la… pic.twitter.com/N9wFWreeXE — Senado Chile (@Senado_Chile) October 25, 2023
La Cámara Baja aprobó el proyecto liderado por la diputada Natalia Romero, que busca incluir a las relaciones de pololeo dentro de la Ley de Monitoreo Telemático . Esta ley consiste en la instalación de tobilleras electrónicas en todas las personas que sean formalizadas por violencia intrafamiliar. Ahora, solo falta que la iniciativa sea aprobada por el Senado para convertirse en ley y beneficiar a miles de mujeres. La diputada Romero explicó que cuando se creó la Ley de Monitoreo Telemático, se dejó fuera este tipo de relación sentimental, a pesar de ser mucho más común de lo que se cree. Por esta razón, se buscó incluirlo para que los agresores tengan que utilizar tobilleras electrónicas y no puedan acercarse nuevamente a sus víctimas. Además, la diputada explicó que se decidió crear una comisión integrada por Gendarmería de Chile y representantes del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Esta comisión tendrá como objetivo mantener un seguimiento y evaluación constante de los casos de violencia intrafamiliar que reciban. La diputada Romero espera contar con el apoyo del Senado para aprobar este proyecto lo antes posible, así como el respaldo de las autoridades del gobierno para asegurar el financiamiento de esta ley en el Presupuesto 2024.
La Comisión de Salud del Senado comenzó a analizar este martes la propuesta del comité técnico asesor para solucionar la crisis de las isapres, en la que establece una considerable rebaja del monto que deben devolver las aseguradoras privadas en un plazo de 10 años. Según el documento de 150 páginas, los expertos rebajaron la estimación de la Superintendencia de Salud, la cual originalmente llegaba a los $1.400 millones de dólares de devolución. El comité técnico calculó que el monto es de unos 402.341 millones de pesos, es decir, 451 millones de dólares aproximadamente. En cuanto al período que la ley debiera contemplar para hacer las devoluciones a los afiliados por parte de las isapres, los 16 expertos propusieron que la norma determine un plazo de diez años para la devolución de estos excedentes, a fin de evitar los riesgos de incumplimiento y quiebra. Con estas estimaciones, las isapres deberán destinar cerca de US$45 millones anuales por los próximos diez años únicamente a saldar la deuda derivada del fallo de la Corte Suprema. Durante este período con deuda vigente, las isapres no podrían hacer retiro de utilidades, según establece la propuesta del Ejecutivo. La Comisión acordó recomendar tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo avanzar de manera urgente en un trabajo técnico y político que permita el diseño y aprobación de cambios sustantivos a nuestro sistema de salud, los cuales sean materializados con la mayor urgencia posible, concluye el informe. Se espera que esta propuesta sirva como guía para las indicaciones que el Gobierno planea ingresar a la ley corta de isapres, con el objetivo de avanzar rápidamente en la tramitación durante los seis meses de plazo otorgados por la Corte Suprema por segunda vez. Cabe destacar que el viernes 29 de septiembre pasado, el superintendente de Salud, Víctor Torres, ingresó a la Corte Suprema una nueva solicitud de prórroga adicional de 6 meses para la implementación del fallo sobre tabla de factores, lo que fue concedido por el máximo tribunal. En tanto, el martes pasado la Comisión de Salud del Senado aprobó en votación unánime la idea de legislar sobre la ley corta de Isapres presentada por el Gobierno para hacer factible que las aseguradoras privadas paguen los excedentes cobrados a los usuarios, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema.
La Comisión del Trabajo del Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley conocido como Ley Karin, el cual busca sancionar el acoso laboral y modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción de esta práctica. Esta iniciativa surge a raíz del trágico caso de Karin Salgado, una técnico en enfermería que se quitó la vida en 2019 luego de denunciar haber sido víctima de acoso laboral en el hospital Herminda Martin de Chillán. El texto establece el procedimiento que se seguirá para los casos denunciados, así como las medidas de prevención y el acompañamiento psicológico para los denunciantes. También se establecen los resguardos y sanciones correspondientes. Esta ley cuenta con el respaldo del Ejecutivo y ahora deberá ser votada en particular para completar su trámite en el Senado antes de convertirse en ley. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aseguró a BioBioChile que “se dio un paso muy importante (…) y ahora nos queda empezar a verla a partir de la próxima semana en su discusión en particular”.“Esta ley se enmarca dentro de la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación del acoso y la violencia en los espacios laborales, y tiene su origen en un caso muy conmovedor que vivió una TENS de la ciudad de Chillán y que ha dado todo el fundamento para la necesidad de actualizar nuestra legislación con un foco principal en la prevención de este tipo de situaciones”, resaltó. La hermana de Karin Salgado, Claudia Salgado, valoró este importante paso y expresó su confianza en que la Ley Karin sea finalmente aprobada por el Senado. Hizo un llamado a los senadores para que aprueben este proyecto con humanidad, ya que los trabajadores de Chile no pueden seguir esperando. La diputada Érika Olivera, impulsora del proyecto, agradeció a los senadores de la comisión por aprobar en general la iniciativa y a la ministra Jara por el compromiso mostrado. También agradeció a todas las personas y organizaciones que han impulsado este proyecto, como Claudia Salgado y las familias que son el rostro de esta ley. Concluyó afirmando que seguirán trabajando para que este proyecto se convierta pronto en ley. ¡Avanza el proyecto de Ley Karin en el @Senado_Chile! Se aprobó en general el proyecto y ahora se tendrá que votar en particular. Con su aprobación se busca prevenir y sancionar el acoso en el mundo del trabajo, en consonancia con la ratificación Convenio 190 de @OITconosur ✅ pic.twitter.com/IzJDPnGruI — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) October 4, 2023
