Hace 42 días, el caso ProCultura —una de las aristas más sensibles del Caso Convenios— cambió abruptamente de rumbo tras la salida del fiscal Patricio Cooper. La decisión se tomó el 16 de mayo, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas a la excoordinadora de la fundación, Josefina Hunneus. La Corte Suprema ratificó la resolución, lo que llevó a apartar a Cooper y poner la investigación en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Desde entonces, poco se sabe del avance real de la causa. A pesar de los rumores de que el caso se estaría “enfriando” para evitar formalizaciones de alto impacto, la Fiscalía Regional asegura que se trata de una pausa necesaria para reconstruir todos los antecedentes. Y no es tarea fácil: toda la carpeta investigativa llegó a Antofagasta la semana del 9 de junio, con más de 100 mil fojas y cientos de dispositivos electrónicos. Solo verificar la cadena de custodia tomó más de ocho días, según reveló La Tercera. El nuevo fiscal decidió revisar minuciosamente toda la información antes de tomar medidas. Aunque desde Santiago, el fiscal nacional Ángel Valencia fijó un plazo de dos meses para ver resultados concretos, por ahora el equipo de Castro Bekios reordenó la estrategia: ha solicitado nuevas instrucciones a la Brigada Anticorrupción de la PDI y prioriza dos focos. Primero, las decisiones tomadas por la cúpula de ProCultura y, segundo, los convenios que la fundación suscribió con el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas. Mientras tanto, la exrepresentante legal de la fundación, Constanza Gómez, interpuso una cautela de garantías para que la Fiscalía explique formalmente las razones de la indagatoria. Esa audiencia quedó fijada para el 21 de julio, una fecha clave para saber si el Ministerio Público avanzará con nuevas diligencias. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría ampliar su querella, una señal que reactivaría formalizaciones o citaciones pendientes. La causa, que sacó a la luz presuntas irregularidades en traspasos millonarios de recursos públicos a fundaciones, ha generado críticas cruzadas. Para algunos querellantes y sectores políticos, la lentitud tras la salida de Cooper confirma la idea de que el caso se quiere “dejar morir”. Sin embargo, otros, como el abogado Pablo Toloza, defienden el proceso y aseguran que la demora es comprensible, ya que hay “antecedentes suficientes para formalizar a ciertas personas” una vez que se revisen todos los documentos. Así, el caso ProCultura sigue vivo, pero bajo reserva y expectación. En los próximos días se definirá si la nueva etapa de la investigación cumple con el objetivo de aclarar responsabilidades o si, por el contrario, se convierte en uno de los capítulos más cuestionados del escándalo de los convenios.
Hace 42 días, el caso ProCultura —una de las aristas más sensibles del Caso Convenios— cambió abruptamente de rumbo tras la salida del fiscal Patricio Cooper. La decisión se tomó el 16 de mayo, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas a la excoordinadora de la fundación, Josefina Hunneus. La Corte Suprema ratificó la resolución, lo que llevó a apartar a Cooper y poner la investigación en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Desde entonces, poco se sabe del avance real de la causa. A pesar de los rumores de que el caso se estaría “enfriando” para evitar formalizaciones de alto impacto, la Fiscalía Regional asegura que se trata de una pausa necesaria para reconstruir todos los antecedentes. Y no es tarea fácil: toda la carpeta investigativa llegó a Antofagasta la semana del 9 de junio, con más de 100 mil fojas y cientos de dispositivos electrónicos. Solo verificar la cadena de custodia tomó más de ocho días, según reveló La Tercera. El nuevo fiscal decidió revisar minuciosamente toda la información antes de tomar medidas. Aunque desde Santiago, el fiscal nacional Ángel Valencia fijó un plazo de dos meses para ver resultados concretos, por ahora el equipo de Castro Bekios reordenó la estrategia: ha solicitado nuevas instrucciones a la Brigada Anticorrupción de la PDI y prioriza dos focos. Primero, las decisiones tomadas por la cúpula de ProCultura y, segundo, los convenios que la fundación suscribió con el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas. Mientras tanto, la exrepresentante legal de la fundación, Constanza Gómez, interpuso una cautela de garantías para que la Fiscalía explique formalmente las razones de la indagatoria. Esa audiencia quedó fijada para el 21 de julio, una fecha clave para saber si el Ministerio Público avanzará con nuevas diligencias. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría ampliar su querella, una señal que reactivaría formalizaciones o citaciones pendientes. La causa, que sacó a la luz presuntas irregularidades en traspasos millonarios de recursos públicos a fundaciones, ha generado críticas cruzadas. Para algunos querellantes y sectores políticos, la lentitud tras la salida de Cooper confirma la idea de que el caso se quiere “dejar morir”. Sin embargo, otros, como el abogado Pablo Toloza, defienden el proceso y aseguran que la demora es comprensible, ya que hay “antecedentes suficientes para formalizar a ciertas personas” una vez que se revisen todos los documentos. Así, el caso ProCultura sigue vivo, pero bajo reserva y expectación. En los próximos días se definirá si la nueva etapa de la investigación cumple con el objetivo de aclarar responsabilidades o si, por el contrario, se convierte en uno de los capítulos más cuestionados del escándalo de los convenios.
