La citación es parte de las diligencias solicitadas a través de una ampliación de querella que la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor en inicios de octubre. Dicha ampliación se ingresó en agosto de este año por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval y busca investigar posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, entre otros. De acuerdo al abogado de Irarrázaval y Araya, Sergio Rodríguez, la acción legal indagará presuntos incumplimientos en las obligaciones de fiscalizar la utilización de fondos públicos por acuerdos entre el Estado y Fundaciones. Las acusaciones en su contra por Caso Convenios De acuerdo a la querella, en junio de 2022 se habría rebajado el control del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno sobre el uso de fondos públicos. Esto habría permitido la realización de múltiples ilícitos, como los investigados en Democracia Viva, Urbanismo Social y ProCultura. Entre las acciones que podrían tratarse de delitos que involucran a Jackson, Crispi y Martínez, se relata un convenio de 630 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y Procultura. Este, con el fin de recuperar tres fachadas ubicadas en el casco histórico de la ciudad. Crispi, que entonces era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), habría asegurado en junio de 2022 al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, que “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada”. Dicho oficio también habría sido validado por Martínez en su rol como directora de la Dipres. Por su parte, los diputados querellantes apuntaron que la fundación se especializaba en la venta de libros y cuestionaron el monto monetario para la acción. El abogado del exministro Jackson, Miguel Schürmann, aseguró a El Mercurio que ni él ni el exministro han recibido notificación alguna.
La Corte Suprema de Chile ha confirmado la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 14 de septiembre de 2023, que rechazó el recurso de protección presentado por Democracia Viva. Este recurso buscaba poner fin al convenio entre la fundación y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta. La entidad fundada por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez, acusabailegalidad y arbitrariedad en la acción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) al dar por terminados los millonarios convenios entre la fundación y la repartición estatal. La decisión de la Corte Suprema fue adoptada por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y la ministra suplente Dobra Lusic. El fallo de la Corte Suprema fue escueto, simplemente señalando que se confirma la sentencia apelada. La corte de Apelaciones de Antofagasta había sostenido que no se había acreditado la existencia de un derecho indubitado y que no se configuraba un acto ilegal y arbitrario, por lo que correspondía rechazar el recurso. El tribunal de alzada consideró que el Minvu actuó dentro de sus atribuciones, ya que el convenio autorizaba poner término anticipado al contrato. En su apelación, Democracia Viva hizo hincapié en la necesidad de que un acto administrativo sea emitido conforme a un debido proceso administrativo, acusando que no fueron notificados de los antecedentes técnicos que fundamentaron el acto que puso fin a los convenios por $426 millones para proyectos de mejoras en campamentos de la región nortina. Además, aseguraban que resultaba arbitrario y discrecional fundamentar los incumplimientos alegados en documentos emitidos por la misma autoridad administrativa que dicta el acto de resolución o sancionatorio. A fines de junio, Daniel Andrade solicitó al Minvu poner término anticipado a los contratos y la Seremi del Minvu de Antofagasta solicitó la restitución de $391.768.516, luego de poner fin a la relación acordada entre ambas partes mediante una resolución. En dicha resolución se ponía término al convenio y se ordenaba la restitución de los fondos y la liquidación del contrato.
En relación a la investigación del caso de la Fundación Democracia Viva, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Garantía de Antofagasta el levantamiento del secreto bancario a tres personas involucradas en el caso: Daniel Andrade, exseremi Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez. Esta solicitud se realiza en el marco de la investigación de un posible caso de corrupción, luego de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasara una suma cercana a los $420 millones a la organización representada por Andrade. Recientemente, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI ha vinculado a la diputada Catalina Pérez con un presunto delito de tráfico de influencias. Ante estos antecedentes, la Fiscalía considera indispensable el levantamiento del secreto bancario de los mencionados involucrados, así como de la Fundación Democracia Viva, con el fin de recopilar los elementos necesarios para acreditar los delitos investigados. La solicitud de levantamiento del secreto bancario abarcaría el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta agosto de este año. Se ha solicitado que esta diligencia se realice sin previa comunicación a los involucrados y que la solicitud y su proveído no sean publicados en la página web del Poder Judicial. Esto se argumenta en base a que el conocimiento de esta solicitud podría poner en riesgo el éxito de la investigación y la integridad de los funcionarios encargados de la misma.
La citación es parte de las diligencias solicitadas a través de una ampliación de querella que la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor en inicios de octubre. Dicha ampliación se ingresó en agosto de este año por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval y busca investigar posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, entre otros. De acuerdo al abogado de Irarrázaval y Araya, Sergio Rodríguez, la acción legal indagará presuntos incumplimientos en las obligaciones de fiscalizar la utilización de fondos públicos por acuerdos entre el Estado y Fundaciones. Las acusaciones en su contra por Caso Convenios De acuerdo a la querella, en junio de 2022 se habría rebajado el control del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno sobre el uso de fondos públicos. Esto habría permitido la realización de múltiples ilícitos, como los investigados en Democracia Viva, Urbanismo Social y ProCultura. Entre las acciones que podrían tratarse de delitos que involucran a Jackson, Crispi y Martínez, se relata un convenio de 630 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y Procultura. Este, con el fin de recuperar tres fachadas ubicadas en el casco histórico de la ciudad. Crispi, que entonces era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), habría asegurado en junio de 2022 al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, que “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada”. Dicho oficio también habría sido validado por Martínez en su rol como directora de la Dipres. Por su parte, los diputados querellantes apuntaron que la fundación se especializaba en la venta de libros y cuestionaron el monto monetario para la acción. El abogado del exministro Jackson, Miguel Schürmann, aseguró a El Mercurio que ni él ni el exministro han recibido notificación alguna.
La Corte Suprema de Chile ha confirmado la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 14 de septiembre de 2023, que rechazó el recurso de protección presentado por Democracia Viva. Este recurso buscaba poner fin al convenio entre la fundación y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta. La entidad fundada por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez, acusabailegalidad y arbitrariedad en la acción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) al dar por terminados los millonarios convenios entre la fundación y la repartición estatal. La decisión de la Corte Suprema fue adoptada por la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y la ministra suplente Dobra Lusic. El fallo de la Corte Suprema fue escueto, simplemente señalando que se confirma la sentencia apelada. La corte de Apelaciones de Antofagasta había sostenido que no se había acreditado la existencia de un derecho indubitado y que no se configuraba un acto ilegal y arbitrario, por lo que correspondía rechazar el recurso. El tribunal de alzada consideró que el Minvu actuó dentro de sus atribuciones, ya que el convenio autorizaba poner término anticipado al contrato. En su apelación, Democracia Viva hizo hincapié en la necesidad de que un acto administrativo sea emitido conforme a un debido proceso administrativo, acusando que no fueron notificados de los antecedentes técnicos que fundamentaron el acto que puso fin a los convenios por $426 millones para proyectos de mejoras en campamentos de la región nortina. Además, aseguraban que resultaba arbitrario y discrecional fundamentar los incumplimientos alegados en documentos emitidos por la misma autoridad administrativa que dicta el acto de resolución o sancionatorio. A fines de junio, Daniel Andrade solicitó al Minvu poner término anticipado a los contratos y la Seremi del Minvu de Antofagasta solicitó la restitución de $391.768.516, luego de poner fin a la relación acordada entre ambas partes mediante una resolución. En dicha resolución se ponía término al convenio y se ordenaba la restitución de los fondos y la liquidación del contrato.
En relación a la investigación del caso de la Fundación Democracia Viva, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Garantía de Antofagasta el levantamiento del secreto bancario a tres personas involucradas en el caso: Daniel Andrade, exseremi Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez. Esta solicitud se realiza en el marco de la investigación de un posible caso de corrupción, luego de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasara una suma cercana a los $420 millones a la organización representada por Andrade. Recientemente, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI ha vinculado a la diputada Catalina Pérez con un presunto delito de tráfico de influencias. Ante estos antecedentes, la Fiscalía considera indispensable el levantamiento del secreto bancario de los mencionados involucrados, así como de la Fundación Democracia Viva, con el fin de recopilar los elementos necesarios para acreditar los delitos investigados. La solicitud de levantamiento del secreto bancario abarcaría el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 hasta agosto de este año. Se ha solicitado que esta diligencia se realice sin previa comunicación a los involucrados y que la solicitud y su proveído no sean publicados en la página web del Poder Judicial. Esto se argumenta en base a que el conocimiento de esta solicitud podría poner en riesgo el éxito de la investigación y la integridad de los funcionarios encargados de la misma.
