Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Victoria lograron la detención de un hombre de 36 años, quien cuenta con antecedentes policiales previos, por el delito de violación reiterada de una menor de 14 años en la comuna de Victoria. El subprefecto Mauricio Sánchez, jefe de la Bicrim Victoria, informó que el fiscal Aldo Osorio instruyó a los detectives de la unidad realizar diligencias investigativas por el delito de abuso sexual, a raíz de una denuncia realizada en el mes de junio. Los oficiales llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los antecedentes, trabajaron en el sitio del suceso, entrevistaron y empadronaron testigos, y lograron establecer el período en el que se cometieron los hechos. Se pudo comprobar que el imputado, tras ganarse la confianza del grupo familiar, abusaba sexualmente de la víctima, una niña de 7 años, en momentos en los que se encontraba a solas con ella. Estos abusos se repitieron durante más de un año. Con estos antecedentes, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantía una orden de detención contra el imputado por el delito de violación de menor de 14 años. El imputado fue formalizado y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación del caso.
Los trabajadores municipales han decidido tomar medidas drásticas para exigir seguridad tras el reciente atentado incendiario en la comuna de Collipuli. Utilizando maquinaria y vehículos municipales, han cortado el tránsito en la Ruta 5 Sur, en el acceso a la localidad, como forma de protesta. Esta manifestación se enmarca en las acciones tomadas por el municipio, que ha suspendido la atención al público en protesta al gobierno por lo que consideran ineficiencia del estado chileno al no garantizar la seguridad a funcionarios y funcionarias municipales, trabajadores y la ciudadanía en general. A diario, los habitantes de la comuna viven en la incertidumbre debido a la inseguridad que se ha instalado en la zona. Los trabajadores están mostrando su solidaridad con los funcionarios que fueron atacados por un grupo de encapuchados, quienes quemaron dos camiones y agredieron a los empleados municipales. Además, robaron la camioneta en la que se desplazaban y la incendiaron. Los manifestantes acusan al Estado de estar ausente en la comuna y de no brindar seguridad para trabajar ni desplazarse a las áreas rurales y brindar ayuda a los vecinos que residen en zonas aisladas. Exigen que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la comuna y de quienes trabajan en el municipio.
Finalmente, después de varios intentos, el Ministerio Público, representado por el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, formalizó una investigación en contra de 17 comuneros mapuche por los delitos de secuestro calificado consumado y maltrato de obra en perjuicio de un gendarme. Estos hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo en el recinto penitenciario de la capital de Malleco. Durante la audiencia celebrada el lunes 25 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Angol, el fiscal Cornejo solicitó la prisión preventiva anticipada para los 17 imputados. Sin embargo, el tribunal no accedió a imponer medidas cautelares a ninguno de ellos, lo que implica que, en caso de cumplir sus condenas o si se les modifica la prisión preventiva a la que actualmente están sujetos, podrían eventualmente quedar en libertad. Ante esta decisión, la Fiscalía apelará ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Durante la audiencia, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó algunos videos de las cámaras corporales de los funcionarios de Gendarmería, tomados el día de los hechos. Esta es la tercera audiencia que se lleva a cabo en este contexto, ya que las dos anteriores fueron suspendidas debido a que los comuneros imputados y sus defensores exigían la presencia de todos los involucrados en la investigación para garantizar una defensa justa.
El Juzgado de Garantía de Temuco ha decidido mantener la prisión preventiva de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien se encuentra bajo esta medida desde el año pasado. La defensa de Llaitul había presentado una solicitud para revocar la prisión preventiva, sin embargo, el tribunal ha rechazado dicha solicitud. La decisión del tribunal se basa en la cantidad y gravedad de los delitos imputados a Llaitul. Según el tribunal, su libertad representaría un peligro para la seguridad de la sociedad. Héctor Llaitul fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en agosto del año pasado. Se le atribuyen tres hechos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, algunos de los cuales corresponden a una ampliación de querella presentada por el Ministerio del Interior en julio. Además, se le imputan los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.
El Juzgado de Garantía de Temuco ha acogido una solicitud presentada por la defensa de Martín Pradenas, un delincuente condenado a 17 años de cárcel por delitos de violación y abusos sexuales. La solicitud consiste en trasladar a Pradenas desde la cárcel de Valdivia hasta el recinto penitenciario de Nueva Imperial. La defensora pública argumentó esta solicitud basándose en varios puntos, entre ellos, que la cárcel de Valdivia no cumple con las características de habitabilidad necesarias y también por el desarraigo familiar, ya que la hija del condenado reside en la Región de La Araucanía. Además, se alega un presunto daño a su integridad física, ya que Pradenas ha presentado problemas de salud en los últimos meses relacionados con el asma, situación que, según su defensa, se debe a la extrema humedad de las habitaciones de la cárcel de Valdivia. Después de analizar los antecedentes, el tribunal de Temuco ha acogido la solicitud y ha determinado que el delincuente sea trasladado desde el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Nueva Imperial, en La Araucanía. Sin embargo, esta determinación ha sido cuestionada por Alejandro Barra, padre de Antonia, una de las víctimas de Pradenas. Barra señala que el tribunal no ha considerado la opinión de Gendarmería, que indica que si el condenado queda en Nueva Imperial, deberá ser mantenido en la enfermería, durmiendo en una camilla. Además, argumenta que no se puede dejar a Pradenas en celdas comunes por razones de seguridad. Barra expresa su preocupación por el hecho de que el condenado pueda pasar su condena en la enfermería y cuestiona si habrá otro condenado con tantos beneficios. Lamenta que, a pesar de años de exposición mediática, cuando las cámaras se van, se retrocede en la justicia.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Victoria lograron la detención de un hombre de 36 años, quien cuenta con antecedentes policiales previos, por el delito de violación reiterada de una menor de 14 años en la comuna de Victoria. El subprefecto Mauricio Sánchez, jefe de la Bicrim Victoria, informó que el fiscal Aldo Osorio instruyó a los detectives de la unidad realizar diligencias investigativas por el delito de abuso sexual, a raíz de una denuncia realizada en el mes de junio. Los oficiales llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los antecedentes, trabajaron en el sitio del suceso, entrevistaron y empadronaron testigos, y lograron establecer el período en el que se cometieron los hechos. Se pudo comprobar que el imputado, tras ganarse la confianza del grupo familiar, abusaba sexualmente de la víctima, una niña de 7 años, en momentos en los que se encontraba a solas con ella. Estos abusos se repitieron durante más de un año. Con estos antecedentes, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantía una orden de detención contra el imputado por el delito de violación de menor de 14 años. El imputado fue formalizado y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación del caso.
Los trabajadores municipales han decidido tomar medidas drásticas para exigir seguridad tras el reciente atentado incendiario en la comuna de Collipuli. Utilizando maquinaria y vehículos municipales, han cortado el tránsito en la Ruta 5 Sur, en el acceso a la localidad, como forma de protesta. Esta manifestación se enmarca en las acciones tomadas por el municipio, que ha suspendido la atención al público en protesta al gobierno por lo que consideran ineficiencia del estado chileno al no garantizar la seguridad a funcionarios y funcionarias municipales, trabajadores y la ciudadanía en general. A diario, los habitantes de la comuna viven en la incertidumbre debido a la inseguridad que se ha instalado en la zona. Los trabajadores están mostrando su solidaridad con los funcionarios que fueron atacados por un grupo de encapuchados, quienes quemaron dos camiones y agredieron a los empleados municipales. Además, robaron la camioneta en la que se desplazaban y la incendiaron. Los manifestantes acusan al Estado de estar ausente en la comuna y de no brindar seguridad para trabajar ni desplazarse a las áreas rurales y brindar ayuda a los vecinos que residen en zonas aisladas. Exigen que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la comuna y de quienes trabajan en el municipio.
Finalmente, después de varios intentos, el Ministerio Público, representado por el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, formalizó una investigación en contra de 17 comuneros mapuche por los delitos de secuestro calificado consumado y maltrato de obra en perjuicio de un gendarme. Estos hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo en el recinto penitenciario de la capital de Malleco. Durante la audiencia celebrada el lunes 25 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Angol, el fiscal Cornejo solicitó la prisión preventiva anticipada para los 17 imputados. Sin embargo, el tribunal no accedió a imponer medidas cautelares a ninguno de ellos, lo que implica que, en caso de cumplir sus condenas o si se les modifica la prisión preventiva a la que actualmente están sujetos, podrían eventualmente quedar en libertad. Ante esta decisión, la Fiscalía apelará ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Durante la audiencia, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó algunos videos de las cámaras corporales de los funcionarios de Gendarmería, tomados el día de los hechos. Esta es la tercera audiencia que se lleva a cabo en este contexto, ya que las dos anteriores fueron suspendidas debido a que los comuneros imputados y sus defensores exigían la presencia de todos los involucrados en la investigación para garantizar una defensa justa.
El Juzgado de Garantía de Temuco ha decidido mantener la prisión preventiva de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien se encuentra bajo esta medida desde el año pasado. La defensa de Llaitul había presentado una solicitud para revocar la prisión preventiva, sin embargo, el tribunal ha rechazado dicha solicitud. La decisión del tribunal se basa en la cantidad y gravedad de los delitos imputados a Llaitul. Según el tribunal, su libertad representaría un peligro para la seguridad de la sociedad. Héctor Llaitul fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en agosto del año pasado. Se le atribuyen tres hechos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, algunos de los cuales corresponden a una ampliación de querella presentada por el Ministerio del Interior en julio. Además, se le imputan los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.
El Juzgado de Garantía de Temuco ha acogido una solicitud presentada por la defensa de Martín Pradenas, un delincuente condenado a 17 años de cárcel por delitos de violación y abusos sexuales. La solicitud consiste en trasladar a Pradenas desde la cárcel de Valdivia hasta el recinto penitenciario de Nueva Imperial. La defensora pública argumentó esta solicitud basándose en varios puntos, entre ellos, que la cárcel de Valdivia no cumple con las características de habitabilidad necesarias y también por el desarraigo familiar, ya que la hija del condenado reside en la Región de La Araucanía. Además, se alega un presunto daño a su integridad física, ya que Pradenas ha presentado problemas de salud en los últimos meses relacionados con el asma, situación que, según su defensa, se debe a la extrema humedad de las habitaciones de la cárcel de Valdivia. Después de analizar los antecedentes, el tribunal de Temuco ha acogido la solicitud y ha determinado que el delincuente sea trasladado desde el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Nueva Imperial, en La Araucanía. Sin embargo, esta determinación ha sido cuestionada por Alejandro Barra, padre de Antonia, una de las víctimas de Pradenas. Barra señala que el tribunal no ha considerado la opinión de Gendarmería, que indica que si el condenado queda en Nueva Imperial, deberá ser mantenido en la enfermería, durmiendo en una camilla. Además, argumenta que no se puede dejar a Pradenas en celdas comunes por razones de seguridad. Barra expresa su preocupación por el hecho de que el condenado pueda pasar su condena en la enfermería y cuestiona si habrá otro condenado con tantos beneficios. Lamenta que, a pesar de años de exposición mediática, cuando las cámaras se van, se retrocede en la justicia.
