​En el marco de su funcionamiento desde el pasado 2 de enero, la Fiscalía de Frontera, ubicada en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, atendió cuatro casos de niños y adolescentes extranjeros ingresados al país de manera clandestina por adultos. Esta información fue confirmada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, durante una visita de la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Renée Portilla, a la mencionada unidad de la Fiscalía.

​En tres de estos casos, se constató la existencia de una relación de parentesco entre los menores y sus acompañantes, lo que constituye una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Estos episodios fueron detectados por funcionarios del Ejército y de Carabineros, tras el ingreso de los migrantes por pasos clandestinos.

​Sin embargo, tras la evaluación de profesionales psicólogos de la Fiscalía, se determinó que en uno de los casos no existía relación de parentesco. Este particular involucró a un niño de 2 años y una mujer adulta que lo acompañaba. En los otros tres casos, se acreditó el vínculo de los NNA con los adultos responsables.

​El cuarto caso se registró en el Complejo Fronterizo de Chungará, en la frontera con Bolivia, donde una mujer y su hija de 15 años ingresaron clandestinamente a Chile ocultas en el maletero de un autobús, tras pagarle una suma de dinero al conductor por esta acción ilícita.

​Todos los casos fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Familia, que dispuso las medidas de protección correspondientes para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados.

​Durante la visita de la jueza Renée Portilla a la unidad fronteriza, el fiscal regional Mario Carrera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar estos casos y proteger los derechos de los NNA. Carrera enfatizó que la Fiscalía de Frontera se abrió para la protección de los niños, tanto en el marco de delitos como en situaciones que puedan requerir otro tipo de atención.

​La jueza Portilla comentó que la intervención del Juzgado de Familia es fundamental, especialmente cuando los menores no son parte de un ilícito penal. La información recopilada por la unidad persecutora resulta crucial para las acciones proteccionales del tribunal en situaciones de movilidad de niños, niñas y adolescentes ingresados por un paso no habilitado.

​En este sentido, Portilla enfatizó la necesidad de verificar las condiciones de vulnerabilidad de los niños y conocer su contexto para garantizar su bienestar y protección.