Defensoría de la Niñez alerta sobre incremento de explotación sexual en menores

Esta jornada la Defensoría de la Niñez presentó su quinto informe anual, una radiografía crítica que destaca las principales brechas en cuanto al respeto, protección y promoción de los derechos de los más jóvenes en Chile. ​Este informe, entregado tanto a la ciudadanía como a los representantes de los poderes del Estado, aborda en su segunda parte diversas temáticas relacionadas con la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en el país. 

Sin embargo, lo que destaca con urgencia es el fenómeno de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, revelado tanto en la cuenta pública anual como en una de las notas temáticas.

​De las 45 querellas presentadas entre julio de 2022 y junio de 2023, 14 corresponden a delitos de violencia sexual, perpetrados exclusivamente contra niñas y adolescentes mujeres. Alarmantemente, algunas de las víctimas de explotación sexual están actualmente bajo el cuidado del Estado, según informa la Defensoría.

​El recién nombrado Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó la gravedad de la situación, destacando que la institución está ejerciendo sus facultades para intervenir jurídicamente en estos delitos. No obstante, subrayó que se requiere un abordaje integral y la colaboración tanto del Estado como de la sociedad para prevenir estos hechos tan graves.

​El informe también aborda la "Garantía de no repetición de la violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes", en el contexto de los 50 años del Golpe de Estado. El documento exige verdad, justicia y reparación para los menores víctimas de violencia en entornos institucionales y de cuidado estatal, considerándolo como graves violaciones a sus derechos humanos.

​En cuanto a la Cuenta Pública, que comprende el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, la Defensoría de la Niñez recibió 4,121 solicitudes en todo el país, con 2,212 en el nivel central y 1,909 en sus sedes regionales. Además, se interpusieron 36 denuncias penales, 83 denuncias administrativas y se implementaron 61 medidas de protección. También se presentaron 45 querellas por delitos de alta connotación pública y 10 amicus curiae, con el propósito de proporcionar opiniones especializadas en causas judiciales.